Examen oficial de Celador/a del ICS resuelto y explicado

El artículo 3 de la Ley 8/2007 fija la misión del ICS como empresa pública: desarrollar una organización sanitaria pública de la Generalitat que sea un referente y un modelo de provisión de servicios de salud en Cataluña. Las otras tres opciones describen fines reales del sistema —el apoyo técnico a la autonomía, la igualdad efectiva de mujeres y hombres— pero no son la misión del ICS, y la d) habla de un «sistema de salud nacional» que no es el marco de la ley catalana.

El artículo 17 de la Ley 55/2003 enumera los derechos individuales del personal estatutario, y entre ellos está «la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables». Las otras tres opciones son literalmente DEBERES del artículo 19 (ejercer las funciones con lealtad y eficacia, mantener actualizados los conocimientos, cumplir las normas de seguridad y salud). La trampa es que están bien redactadas: lo que cambia es si el artículo en el que viven es el 17 o el 19.

El artículo 2.1 de la Ley 55/2003 delimita el ámbito: se aplica al personal estatutario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado. Caen la a) porque habla de personal funcionario y de «provincias», la b) porque habla de centros sociales y la d) porque las instituciones administrativas y comerciales no son centros sanitarios.

El artículo 39 del RGPD asigna al delegado de protección de datos las funciones de informar y asesorar al responsable del tratamiento, supervisar el cumplimiento del Reglamento y del resto de normativa de protección de datos, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto con ella. Archivar consentimientos (a) es una tarea del circuito asistencial, la seguridad informática (b) es del responsable de sistemas y la representación del personal (d) corresponde a los órganos de representación.

La Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria reconoce el derecho a disponer de información escrita y en términos comprensibles de los informes asistenciales —pruebas diagnósticas, alta hospitalaria, consulta y urgencias—. Las opciones que añaden «la factura de la atención recibida» (a y d) introducen un elemento que no forma parte de ese derecho, y la b) lo rebaja a información «verbal», que es justamente lo que la Carta quiere evitar.

La Carta de derechos y deberes reconoce el derecho a que la información relativa a los datos de los actos sanitarios se mantenga dentro del secreto profesional estricto y del derecho a la intimidad. Las otras dos opciones invierten la titularidad: la familia NO tiene derecho «en todos los casos» a conocer los datos (accede en la medida en que el paciente lo permite, conforme al artículo 3 de la Ley 21/2000) y no es el profesional quien decide a quién informa. Por tanto la d) tampoco.

El artículo 15.1 de la Ley 31/1995 enumera los principios de la acción preventiva: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, anteponer la protección colectiva a la individual y dar las instrucciones oportunas. «Compensar económicamente a los trabajadores por los riesgos» no está, y además contradice la lógica de la ley: el riesgo se elimina o se reduce, no se paga.

El artículo 19.1 de la Ley 31/1995 dice que el empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación «teórica y práctica, suficiente y adecuada» en materia preventiva. El mismo artículo desmiente el resto: la formación se da en el momento de la contratación PERO también cuando hay cambios de funciones, nuevas tecnologías o equipos (por tanto no «solo» al contratar); debe impartirse dentro de la jornada de trabajo o, si no puede ser, descontando las horas (por tanto no «siempre» dentro); y puede impartirla la empresa con medios propios o concertándola con servicios ajenos (por tanto no necesariamente el servicio de prevención propio).

El artículo 29.2 de la Ley 31/1995 enumera las obligaciones del trabajador: usar correctamente máquinas y equipos, usar correctamente los medios y equipos de protección, no poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, informar de inmediato a su superior jerárquico de cualquier situación que entrañe un riesgo, contribuir al cumplimiento de las obligaciones y cooperar con el empresario para garantizar condiciones seguras. La vigilancia de la salud NO es una obligación del trabajador: el artículo 22.1 la configura como un DERECHO y, con carácter general, la somete a su consentimiento, con excepciones tasadas.

El artículo 22.5 de la Ley 31/1995 prevé que, en los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica del estado de salud debe prolongarse más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que se determinen reglamentariamente. Por eso caen la a) («en todos los casos») y la d), que lo hace depender del estado de salud en lugar del tipo de riesgo; y la c) inventa una edad de 70 años que la ley no dice en ninguna parte.

El Protocolo de la Generalitat para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género recoge como conductas no admisibles las tres: los comentarios sobre el aspecto físico, los modales, la indumentaria, la orientación sexual o la expresión de género; el chantaje sexual con insinuaciones de mejoras laborales a cambio de intercambios sexuales; y las palabras o expresiones de connotación sexual en forma de chiste o broma desagradables u ofensivas, por cualquier medio. De ahí que la respuesta sea «todas son correctas».

El artículo 1 de la Ley 17/2015 fija entre las finalidades de la ley el reconocimiento del derecho de las mujeres al propio cuerpo, el derecho al libre desarrollo de la identidad y la orientación sexuales y los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar la libre decisión de las personas al ejercerlos. Las otras tres opciones no son finalidades de la ley: la a) y la b) reproducen modelos que la ley precisamente quiere superar, y la d), aunque usa vocabulario próximo, no es el texto legal.

El artículo 3 de la Ley 5/2008 fija las finalidades: reconocer los derechos de las mujeres que sufren violencia machista a la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación integral; garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía de las mujeres y la efectividad de sus derechos; y establecer mecanismos de investigación, sensibilización e información. Lo que la ley NO se propone es «garantizar la persecución de los hombres» ni «la ejecución de las condenas máximas»: la persecución penal y la condena son competencia de los juzgados y tribunales, no de esta ley autonómica.

Pregunta sin fuente normativa. Chrome es un navegador web, es decir, el programa que interpreta y muestra páginas web. Microsoft Office es una suite ofimática, Adobe Reader un lector de documentos PDF y Photoshop un editor de imágenes. La competencia ACTIC C1 («cultura, participación y civismo digital») y C3 recogen el uso del navegador como herramienta básica, pero ninguna norma define qué producto es un navegador: es una clasificación técnica verificable por su cuenta.

Pregunta sin fuente normativa. El correo basura o spam es el correo electrónico de envío masivo no deseado o no solicitado. Las otras tres opciones describen cosas distintas y reales: la prioridad alta de un mensaje, un sistema de seguridad de datos y el cifrado o criptografía. Los contenidos de la competencia ACTIC C1 tratan el correo basura dentro de la seguridad y la higiene digital, pero la definición no la fija ninguna norma.

Pregunta sin fuente normativa. Una intranet es una red interna de una organización, accesible solo desde dentro o mediante acceso autorizado, y es donde el ICS publica procedimientos, circuitos y herramientas de trabajo. No es una red social pública (a), ni una página web pública (c), ni un juego en línea (d). Los contenidos de la competencia ACTIC C1 sitúan la intranet dentro de las redes de ámbito restringido.

El artículo 46.2 de la Ley 55/2003 define el tiempo de trabajo como «el período en el que el personal permanece en el centro sanitario, a disposición de este y en ejercicio efectivo de su actividad y funciones». Los tres elementos deben ir juntos: estar en el centro, estar a su disposición y estar ejerciendo. Las opciones que suman jornada ordinaria y complementaria (b y d) describen la jornada, no la definición legal de tiempo de trabajo, y la c) confunde tiempo de trabajo con situación administrativa.

El artículo 48.j) del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (RDLeg 5/2015) fija el permiso «por el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o personal y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral» con una duración del tiempo indispensable. No es un número cerrado de días precisamente porque el hecho causante es variable: lo que la norma reconoce es el tiempo que haga falta para cumplir el deber, ni más ni menos.

El artículo 73.1 de la Ley 55/2003 gradúa las sanciones y, para las faltas leves, prevé la advertencia, que debe ser siempre por escrito, o la deducción proporcional de retribuciones por incumplimiento de jornada. La suspensión de empleo y sueldo y la suspensión de funciones son sanciones reservadas a faltas graves o muy graves, y la afirmación de que una falta leve no se puede sancionar contradice el propio artículo.

La misión 16 del artículo 14.2 del Estatuto de personal no sanitario (Orden de 5 de julio de 1971) dice que «en los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios», y el traspaso del paciente de la camilla a la mesa quirúrgica y su colocación en la posición adecuada es el ejemplo central. Caen la a), porque preparar y colocar el material textil del campo quirúrgico es tarea del personal de enfermería, y la b), porque comprobar la identidad a través de la historia clínica es una identificación activa que hace el personal sanitario responsable; el celador verifica la identidad antes de mover al paciente, pero no valida la historia.

El celador SÍ traslada la documentación que le entrega el personal sanitario de la unidad de origen: es la misión 1 del artículo 14.2 del Estatuto de 1971 («tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores»). Lo que exige la normativa de protección de datos no es no llevarla, sino llevarla de modo que la información confidencial no quede a la vista: el RGPD y la LOPDGDD imponen medidas de seguridad y el deber de confidencialidad, no la prohibición de transportar documentos.

La misión 18 del artículo 14.2 del Estatuto de 1971 lo dice literalmente: «cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo este no pueda ser movido solo por la enfermera o ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos». Es decir: el celador ayuda a MOVER al paciente si hace falta, y no es él quien coloca el pañal (por eso cae la c), ni su intervención se limita a la retirada (b), ni puede desentenderse del caso (d).

La misión 20 del artículo 14.2 del Estatuto de 1971 acota con precisión el papel del celador en la sala de autopsias: «ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que NO requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver», y «limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala». Trasladar el cuerpo y colocarlo en la mesa son funciones auxiliares propias; hacer una incisión, aunque sea pequeña y solo para marcar, es usar instrumental sobre el cadáver y queda expresamente fuera.

Las tres opciones son misiones del artículo 14.2 del Estatuto de 1971, por eso la respuesta es «todas las respuestas son correctas»: ayudar a la contención o movilización de los pacientes cuando sea necesario (misiones 13 y 18), tramitar o conducir la documentación y los objetos confiados por los superiores, incluido el traslado de aparatos y mobiliario (misión 1), e informar a los superiores de los desperfectos o anomalías en la limpieza y la conservación del edificio (contrapartida de la misión 7 del jefe de personal subalterno, ejercida por el celador que detecta el desperfecto).

Son ciertas la a) y la c). La acomodación de la paciente en la mesa quirúrgica de la unidad de nacimientos entra dentro de la misión 16 («en los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios»), e informar de los desperfectos detectados en las mesas de quirófano es la conducta esperada de quien cuida del orden y la conservación del edificio. La b) es falsa y es la trampa del bloque: no ser personal sanitario NO exime de cuidar de las zonas estériles; la barrera de asepsia obliga a todo el que entra en el bloque quirúrgico.

La INCORRECTA es la b). El traslado de un paciente monitorizado no se puede hacer sin supervisión de personal sanitario: la monitorización es precisamente el indicador de que hay una función vital que vigilar durante el trayecto. Las otras tres son correctas y resumen el procedimiento: avisar al personal sanitario responsable de la salida y de la llegada, extremar la identificación inequívoca del paciente —el primer ámbito clave de seguridad del paciente del Departament de Salut— y, al devolver al paciente a la habitación, volver a enchufar la cama, dejar el timbre al alcance y conectar la toma de oxígeno si procede.

La que NO es propia del celador es el control de la temperatura de los pacientes: tomar y registrar una constante es una actividad asistencial y no aparece en ninguna de las 23 misiones del artículo 14.2. Las otras tres sí están: colaborar en el amortajamiento del difunto (misión 19), hacer el rasurado prequirúrgico en ausencia del peluquero o por urgencia del tratamiento (misión 15) y trasladar de unos servicios a otros los aparatos y el mobiliario, deteriorado incluido (misión 1).

La correcta es la d): antes de mover una camilla hay que verificar que bombas y sondas están en el lugar adecuado y que no entorpecen el traslado, porque un tubo atrapado es la causa más frecuente de incidente evitable durante un desplazamiento. Caen las otras tres: el medio de desplazamiento lo fija la indicación sanitaria y no «el criterio» del celador (a); comunicar al paciente adónde se le lleva forma parte del trato debido y no está prohibido (b); y en el ascensor la regla no es absoluta porque depende del dispositivo y del espacio, de modo que el «siempre» de la c) la hace falsa.

La correcta es la c): comprobar que la botella de oxígeno tiene capacidad suficiente antes de ejecutar el traslado es responsabilidad de quien lo realiza, porque quedarse sin oxígeno a mitad de pasillo es un incidente grave y previsible. Caen las otras: la rapidez no es el único criterio —la seguridad y la identificación mandan (a)—; el celador sí traslada las pertenencias del paciente según el circuito del centro (b); y la documentación la traslada él mismo, por la misión 1 del Estatuto de 1971, de modo que el personal sanitario no es «el único responsable» (d).

Las tres afirmaciones son ciertas y por eso la respuesta es la d). La Carta de derechos y deberes reconoce el derecho de la persona a expresar su opinión sobre el sistema sanitario; las reclamaciones abarcan los aspectos de asistencia, trato e información; y se pueden presentar tanto en el centro donde se ha recibido la asistencia como en el Servei Català de la Salut. Ese doble camino —centro y CatSalut— es el punto más preguntado.

La cierta es la b). La Carta de derechos y deberes atribuye a LA PERSONA el derecho de decidir y explicitar qué familiares o personas vinculadas pueden estar presentes en el acto asistencial. Por eso caen la a) y la c), que trasladan la decisión al profesional sanitario (y la c) añade un «siempre» para los menores que la Carta no dice), y por tanto también cae la d).

La correcta es la b): las reclamaciones deben ser evaluadas y contestadas en tiempo y forma adecuados, que es el compromiso que da sentido al circuito. Las otras tres son falsas: la queja asistencial se puede presentar en el centro y en el CatSalut, y el Síndic de Greuges no es la vía «exclusiva» (a); haber hecho mejoras no exime de responder por escrito (c); y no existe ningún límite de reclamaciones por persona (d).

El elemento que NO ayuda a la confidencialidad es el altavoz que llama a los pacientes por el nombre y los dos apellidos: en una consulta de oncología, decir el nombre en voz alta revela a toda la sala de espera que esa persona es paciente de ese servicio, y eso es un dato de salud. Las otras tres medidas sí ayudan: los códigos alfanuméricos en la pantalla identifican sin revelar quién es, la mampara del mostrador evita que se oiga la conversación y la línea de distancia en la cola impide que el de detrás escuche.

El deber de confidencialidad obliga a cualquier persona que intervenga en cualquier momento de la atención, no solo al médico responsable ni solo al personal sanitario. La Ley 21/2000 configura el derecho a la intimidad y el deber de reserva sobre los datos del proceso asistencial como una obligación de todos los que acceden a ellos, y el artículo 5 de la LOPDGDD extiende el deber de confidencialidad a todos los que intervienen en cualquier fase del tratamiento. El celador entra de lleno: circula por todo el centro y oye y ve cosas que no puede repetir.

El código IBAN de la cuenta bancaria no forma parte de la historia clínica: es un dato económico, no asistencial. El artículo 10 de la Ley 21/2000 fija el contenido de la historia clínica, que debe incluir los datos de identificación del enfermo y de la asistencia —entre ellos la fecha de nacimiento, la fecha de asistencia o de ingreso y el número de habitación y de cama en caso de ingreso— y toda la documentación del proceso asistencial.

El artículo 12.1 de la Ley 21/2000 dice que la responsabilidad de custodiar la historia clínica recae en la dirección de los centros sanitarios o, cuando el profesional ejerce de manera individual, al propio profesional. Por eso caen la a) (el paciente tiene derecho de acceso, no el deber de custodia), la b) (los responsables de archivo y de sistemas ejecutan, pero la responsabilidad no es «exclusivamente» suya) y la c) (el Gobierno no custodia historias clínicas).

El artículo 12.1 de la Ley 21/2000 obliga a conservar la historia clínica como mínimo quince años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, y concreta que de esa conservación mínima forman parte las hojas de consentimiento informado, los informes de alta, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los informes de anestesia, los de exploraciones complementarias y los de anatomía patológica. Diez años (d) es el plazo de otra norma y no el de este artículo; las opciones que dejan el plazo abierto (b y c) contradicen la ley.

El artículo 9 de la Ley 21/2000 define la historia clínica como el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo, identificando a los médicos y demás profesionales asistenciales que han intervenido. La identificación de los profesionales es parte de la definición: por eso cae la b). Y la historia no la elige el profesional según lo que le parezca relevante (c) ni el paciente (d): recoge el proceso asistencial.

Pregunta sin fuente normativa. El subrayado es un formato de carácter que resalta el texto con una línea inferior. No es una función matemática (a), ni la negrita (b), ni el cambio de tipo de letra (c) —todos son formatos distintos del mismo menú. Los contenidos de la competencia ACTIC C4 (tratamiento de la información escrita) incluyen el formato de carácter, pero qué efecto visual tiene el subrayado no lo fija ninguna norma.

Las tres son medidas preventivas eficaces frente al riesgo biológico, y por eso la respuesta es la d). El artículo 6 del RD 664/1997 enumera las medidas a adoptar cuando hay exposición a agentes biológicos —entre otras, la reducción del número de personas expuestas, las medidas de higiene, los desinfectantes y los medios de protección— y el artículo 8 prevé expresamente la oferta de vacunación eficaz a los trabajadores no inmunizados. El lavado de manos es, además, la medida individual con más evidencia, siguiendo los cinco momentos de la OMS.

El medio de extinción más adecuado para un fuego en un equipo de electromedicina es el CO₂: no conduce la electricidad, actúa por sofocación y, sobre todo, no deja residuo, de modo que no termina de destruir un equipo clínico que a menudo se puede recuperar. El agua (c) y la espuma (d) quedan descartadas porque conducen la electricidad. El polvo químico (a) también apagaría el fuego y no conduce, pero es mucho más corrosivo y abrasivo para la electrónica: por eso, entre dos agentes válidos, el que la pregunta pide —el «más adecuado»— es el CO₂.

La medida correcta de aislamiento de contacto es la c): higiene de manos al entrar y al salir de la habitación, y tirar todo el material sucio al contenedor correspondiente DENTRO de la habitación, de modo que el residuo no atraviese la barrera. Las otras tres son errores clásicos: los guantes no sustituyen nunca a la higiene de manos (a); reutilizar la bata rompe el sentido de la barrera y dejarla colgada dentro no la convierte en limpia (b); y mantener la puerta abierta no diluye nada, sino que anula el aislamiento (d).

Lo que NO es un factor de riesgo INDIVIDUAL para el celador es la patología del paciente que se debe movilizar: eso es una característica de la carga, no de la persona que la manipula. El anexo del RD 487/1997 separa los factores de riesgo de la carga, del esfuerzo, del medio de trabajo y de la actividad, y trata aparte los «factores individuales de riesgo», entre los que están la ineptitud física para realizar la tarea, la insuficiencia o inadecuación de los conocimientos o de la formación y la existencia previa de patología dorsolumbar. Las otras tres opciones son exactamente esos factores individuales.

La INCORRECTA es la d): girar el tronco con peso es precisamente el movimiento que hay que evitar, porque combina flexión y rotación sobre la columna lumbar; lo que se debe hacer es mover los pies y reorientar todo el cuerpo. Las otras tres son principios correctos de mecánica corporal: base de sustentación amplia con los pies separados y uno en la dirección del movimiento, hacer el esfuerzo con la flexión de las piernas y la inercia del propio cuerpo, y acercar la carga al centro de gravedad.

Para desplazar hacia el cabecero de la cama a una persona con movilidad reducida se usan sábanas deslizantes (o la sábana de traslado): permiten DESLIZAR a la persona en lugar de levantarla, que es el principio ergonómico que reduce la carga lumbar. Los otros tres dispositivos resuelven problemas distintos: la posición de antitrendelenburg o Morestin eleva el cabecero y, de hecho, tiende a hacer resbalar al paciente hacia los pies; la tabla de transferencia sirve para pasar al paciente de una superficie a otra (cama-camilla); y el disco giratorio sirve para hacer girar a la persona que puede ponerse de pie.

El método Dotte es el método de movilización ergonómica que se enseña en este ámbito: sistematiza las maniobras de movilización y transferencia de modo que protejan a la vez la espalda del profesional y la comodidad y seguridad del paciente. El «método Kominsky» (a) no existe como método de movilización y la RCP (b) es una maniobra de reanimación, no de movilización; por tanto la d) tampoco puede ser.

Son correctas la a) y la b): el uso adecuado de los equipos de protección individual y una correcta higiene de manos son las dos actuaciones indicadas para prevenir las infecciones cruzadas. La d) es falsa y es la trampa habitual: usar los guantes ININTERRUMPIDAMENTE es exactamente lo contrario de la buena práctica, porque los guantes deben cambiarse entre pacientes y entre tareas y no evitan nunca la higiene de manos; llevarlos todo el rato convierte el guante en el vehículo de la contaminación cruzada.

La INCORRECTA es la d): los guantes de un solo uso NO evitan la higiene de manos. El modelo de los cinco momentos de la OMS es independiente del uso de guantes —hay que hacer higiene de manos antes de ponérselos y siempre después de quitárselos— porque los guantes pueden perforarse y las manos se contaminan al retirarlos. Las otras tres afirmaciones son correctas y corresponden a los momentos 5, 4 y 3 del modelo: tras el contacto con superficies y utensilios contaminados, entre paciente y paciente, y tras el contacto con fluidos corporales.

La correcta es la b): la mascarilla autofiltrante FFP2 reduce el riesgo de transmisión por vía aérea, porque filtra las partículas que la mascarilla quirúrgica no detiene. Las otras tres son falsas y cada una contradice una medida del RD 664/1997: la ventilación y su mantenimiento son medidas de control ambiental, no son irrelevantes (a); el artículo 7 prohíbe expresamente comer y beber en las zonas con riesgo de exposición a agentes biológicos (c); y el artículo 8 prevé la oferta de vacunación precisamente porque es una medida eficaz (d).

La única función propia del celador de las cuatro es trasladar un consentimiento informado a la unidad de archivos: es la misión 1 del artículo 14.2 del Estatuto de 1971 («tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores»). Las otras tres están expresamente fuera: informar a los acompañantes del resultado de una intervención lo prohíbe la misión 22, movilizar pacientes sin supervisión sanitaria contradice las misiones 13 y 18, y administrar medicación es una actividad asistencial que no aparece en ninguna de las 23 misiones.