Examen oficial de Administrativo/a del ICS de 2009, turno libre, resuelto y explicado

Los servicios de prevención propios de la Administración de la Generalitat los crea el Decreto 312/1998, de 1 de diciembre, que fija su organización y sus medios. El artículo 2.1 dice: «Los servicios de prevención deben prestar, como mínimo, dos de las especialidades o disciplinas preventivas siguientes: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada». Son las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997). La respuesta buena es la que reproduce esa lista completa; las otras tres la rompen: una cambia «seguridad en el trabajo» por «salud en el trabajo», otra cambia la psicosociología por «psicología clínica» —que no es una disciplina preventiva— y la última deja fuera la higiene industrial. Atención a una errata del papel: el cuadernillo escribe «psicología aplicada» donde el Decreto dice «psicosociología aplicada»; el enunciado oficial se reproduce tal como se imprimió. El Decreto 312/1998 sigue vigente y su artículo 1.1 crea expresamente un servicio de prevención propio para el personal de instituciones sanitarias del Instituto Catalán de la Salud.

El crédito horario del delegado o delegada de prevención no lo fija la Ley de prevención de riesgos laborales con una cifra propia: su artículo 37.1 remite al crédito de horas mensuales retribuidas «previsto en la letra e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores», porque el delegado de prevención es, ante todo, representante del personal. La escala del artículo 68.e) empieza así: «Hasta cien trabajadores, quince horas», y sube a veinte, treinta, treinta y cinco y cuarenta horas según la plantilla. La cifra general —la del primer tramo y la que la pregunta pide— es, pues, quince horas mensuales. Conviene retener dos precisiones del mismo artículo 37.1: el tiempo de las reuniones del comité de seguridad y salud y de las demás convocadas por la empresa en materia de prevención, y el de las visitas de los apartados a) y c) del artículo 36.2, se computa como trabajo efectivo y NO se descuenta de ese crédito; y la formación preventiva también es tiempo de trabajo y no puede costarle nada al delegado.

El artículo 3.1 de la Ley 31/1995 fija un ámbito de aplicación deliberadamente amplio: la ley se aplica «tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas», y también a las sociedades cooperativas con socios trabajadores, sin perjuicio de las obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores y de los derechos de los trabajadores autónomos. Es decir, cubre al personal laboral, al funcionario y al estatutario a la vez, y por eso la respuesta es la que dice que el ámbito es universal. Las otras tres restringen el ámbito al personal de la función pública de la Generalitat o al personal del Estatuto de los Trabajadores, y ninguna de esas limitaciones está en la ley. La única excepción real es la del artículo 3.2, que deja fuera determinadas actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero, protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo y de las Fuerzas Armadas, y aun así la ley debe inspirar su normativa específica.

La conducta del enunciado está tipificada literalmente, y como falta grave, en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado: el artículo 7.1.k) del Real Decreto 33/1986 califica de falta grave «el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad». La coletilla condicional es la clave de la pregunta: si el incumplimiento sí mantiene una situación de incompatibilidad, el grado sube a muy grave —es lo que dice hoy el artículo 95.2.n) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público—, y por eso la respuesta no puede ser ni «muy grave» ni, evidentemente, «ninguna falta». La ley catalana de incompatibilidades (Ley 21/1987) no gradúa las faltas: su artículo 23 se limita a decir que el incumplimiento «debe ser sancionado disciplinariamente», y remite, pues, al régimen disciplinario aplicable. Ojo con un matiz territorial que la pregunta no recoge: para el personal de la Administración de la Generalitat, el texto único de la función pública (Decreto Legislativo 1/1997) califica de falta grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades (artículo 116.h) y de falta leve el incumplimiento que no comporte ejecutar tareas incompatibles (artículo 117.g).

El ciclo presupuestario tiene siempre el mismo orden, y unas elecciones no lo alteran. El Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (Decreto Legislativo 3/2002) lo describe paso a paso: el artículo 31 regula la PREPARACIÓN —los departamentos remiten los estados de gastos, el departamento de finanzas elabora el estado de ingresos y formula el proyecto de ley, que somete al acuerdo del Gobierno—; el artículo 32 dispone que, una vez aprobado por el Gobierno, el proyecto debe remitirse al Parlamento «con suficiente antelación para que, teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el Reglamento del Parlamento, pueda entrar en vigor el 1 de enero», que es la DISCUSIÓN y la APROBACIÓN; y el artículo 33 presupone la PUBLICACIÓN en el DOGC. Las dos respuestas que empiezan por «prórroga» invierten la lógica del artículo 33: la prórroga no es una fase del ciclo, sino la consecuencia automática de no tener presupuesto aprobado el 1 de enero, y dura hasta que los nuevos créditos se aprueban y se publican. Y la que pone la aprobación antes de la discusión es imposible en un procedimiento parlamentario.

El artículo 8.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, la redacción vigente el día del examen) cierra la lista en cuatro categorías y en este orden: «a) Funcionarios de carrera. b) Funcionarios interinos. c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. d) Personal eventual». La respuesta correcta es la que reproduce esas cuatro. Las otras tres cuelan el «personal directivo», que el Estatuto regula aparte, en el artículo 13, precisamente porque NO es una clase de empleado público sino un régimen especial aplicable a quien ejerce funciones directivas profesionales; o bien dejan fuera a los funcionarios interinos o al personal laboral. El precepto se mantiene igual hoy: el artículo 8.2 del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 lo reproduce palabra por palabra, de modo que el contenido de la pregunta sigue siendo bueno aunque la ley de 2007 se haya refundido.

El Estatuto Marco separa en dos artículos consecutivos los derechos del personal estatutario. El artículo 18 enumera los derechos COLECTIVOS y son seis: la libre sindicación, la actividad sindical, la huelga —«garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población»—, la negociación colectiva, la reunión y «disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral». Tres de las cuatro respuestas son, literalmente, derechos de esa lista. La que no está —y por tanto la correcta, porque la pregunta pide la que NO consta— es la que habla de movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional: ese es un derecho INDIVIDUAL, el de la letra e) del artículo 17.1, «en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables». La trampa es de clasificación, no de contenido: el derecho existe, pero en el otro artículo.

El artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público tiene dos apartados que deben leerse juntos. El apartado 1 lista las materias que SON objeto de negociación, y entre ellas, en la letra i), «los criterios generales de acción social»: esa es la respuesta. El apartado 2 lista las que quedan EXCLUIDAS, y es donde caen las otras tres opciones, porque las tres son manifestaciones de la potestad de organización y de la relación jerárquica —letras a) y d)— o bien pertenecen al régimen disciplinario y estatutario que la ley reserva a la norma y no a la mesa: la responsabilidad disciplinaria, la suspensión de funciones y el régimen de incompatibilidades no figuran en ningún punto de la lista del apartado 1. Conviene fijarse en el encabezamiento, que el papel reproduce entero: la negociación es «en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso». El artículo 37 del texto refundido de 2015 mantiene esta misma estructura. Nota de transcripción: el cuadernillo escribe «Estatut Bàsic de l'Empleat Púbic»; la errata es del papel y se reproduce.

La pregunta contrapone los dos criterios de imputación temporal que hay en contabilidad. El principio de DEVENGO es el que recoge el Plan General de Contabilidad: los efectos de las transacciones deben registrarse cuando ocurren, y se imputan al ejercicio al que se refieren las cuentas anuales los gastos y los ingresos que le afectan «con independencia de la fecha de su pago o de su cobro». El criterio de CAJA es exactamente el contrario, y es el que describe el enunciado: registrar el gasto y el ingreso en el momento en que se pagan o se cobran. Por eso la respuesta es «caja». La «gestión continuada» (empresa en funcionamiento) es otro principio contable: presume que la actividad continuará en un futuro previsible y que las cuentas no deben hacerse con valores de liquidación; y «temporabilidad» —tal como el papel lo escribe— no es ningún principio contable. La contabilidad pública combina ambos criterios: la contabilidad presupuestaria sigue el ciclo de autorización, disposición, obligación y pago, y la financiera, el principio de devengo.

La definición legal es taxativa: «Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de PRODUCTOS O BIENES MUEBLES» (artículo 9.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, vigente el día del examen). De ahí sale todo: el bien inmueble queda fuera —su adquisición o arrendamiento es un negocio patrimonial, no un contrato de suministro—; la prestación de servicios de mantenimiento o reparación es, por definición, un contrato de servicios; y la idea de que el objeto «es inconcreto» contradice frontalmente la ley, que incluso prevé expresamente el caso del suministro por precio unitario con entregas sucesivas subordinadas a las necesidades del adquirente (artículo 9.3.a). El contenido sigue siendo bueno hoy: el artículo 16.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, repite la misma definición con las mismas palabras.

La clave es el artículo 37.5 del Estatuto Marco, y lo que importa es QUÉ servicio de salud declara la situación. El precepto dice: «Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, y será declarado en dicha situación POR EL SERVICIO DE SALUD EN QUE PRESTABA SERVICIOS, quien no se incorpore al destino obtenido en un procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan». Es el servicio de ORIGEN, pues, no el de destino: dos de las respuestas dicen lo mismo salvo por ese detalle y solo una acierta. El mismo artículo añade una válvula: si hay causas suficientemente justificadas, apreciadas con audiencia de la persona interesada por el servicio de salud que efectuó la convocatoria, puede dejarse sin efecto la excedencia. Las otras dos opciones chocan con el artículo 37: los destinos obtenidos por movilidad voluntaria son irrenunciables salvo que la renuncia se funde en haber obtenido plaza en otra convocatoria de movilidad (apartado 4), y el plazo de toma de posesión cuando hay cambio de servicio de salud es de un mes, no del día siguiente a la publicación (apartado 3).

La respuesta sale del artículo 2.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994: «El sistema de la Seguridad Social, CONFIGURADO POR LA ACCIÓN PROTECTORA EN SUS MODALIDADES CONTRIBUTIVA Y NO CONTRIBUTIVA, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad». Esa doble modalidad es el núcleo del objetivo del sistema, y es lo que dice la respuesta buena. Las otras tres se desmienten con el apartado 2 del mismo artículo: el Estado garantiza la protección adecuada «a las personas COMPRENDIDAS en el campo de aplicación» —no a las que quedan fuera, como pretende una de las opciones—; el sistema no promete ninguna «suficiencia total», sino una protección adecuada; y la Tesorería General de la Seguridad Social es el servicio común que gestiona la caja única, no el órgano que decide el nivel de protección ni qué contingencias cubre, cosa que hace la ley. El precepto se mantiene literalmente en el artículo 2.1 del texto refundido vigente, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.

Formar parte de una mesa electoral es un deber público y obligatorio: la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lo dice en el artículo 27.3 («los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios»). La consecuencia en materia de permisos es directa: el texto único de la función pública de Cataluña concede permiso «para deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo indispensable para cumplirlos» (artículo 96.1.d del Decreto Legislativo 1/1997), y el mismo permiso está hoy en el artículo 48.j) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso no encaja ninguna de las otras tres respuestas: la flexibilidad horaria recuperable obliga a recuperar un tiempo que aquí no debe recuperarse; los asuntos personales son días de libre disposición que no exigen justificar causa alguna y que no deben gastarse en un deber impuesto por ley; y decir que no se concede ningún permiso contradice el precepto.

El artículo 64.1 del Estatuto Marco declara en servicios especiales al personal estatutario «en los supuestos establecidos con carácter general para los funcionarios públicos», y añade dos supuestos propios: acceder a plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia y acceder a un puesto directivo de organizaciones internacionales, de administraciones públicas, de servicios de salud o de centros del Sistema Nacional de Salud. Los supuestos generales de los funcionarios son hoy los del artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, y entre ellos están ser elegido miembro de una asamblea legislativa autonómica —el Parlamento de Cataluña— y ser activado como reservista voluntario en las Fuerzas Armadas. Por tanto, tres de las opciones sí dan lugar a servicios especiales. La que no —y por eso es la respuesta, porque la pregunta pide el supuesto en que NO corresponde— es pasar a prestar servicios a una empresa pública: eso es excedencia por prestación de servicios en el sector público, la del artículo 66 del Estatuto Marco, que se declara cuando la persona presta servicios en organismos públicos y no le corresponde quedar en otra situación, y que no reserva plaza ni computa como servicio activo.

El artículo 29.2 del Estatuto Marco enumera los sistemas de provisión de plazas: «La provisión de plazas del personal estatutario se realizará por los sistemas de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, así como por reingreso al servicio activo en los supuestos y mediante el procedimiento que en cada servicio de salud se establezcan», y el apartado 3 añade que «en cada servicio de salud se determinarán los puestos que puedan ser provistos mediante libre designación». La respuesta buena es la que reproduce esa lista entera, incluida la libre designación. Las otras tres la recortan o la desfiguran: la oposición, el concurso y el concurso-oposición son los SISTEMAS SELECTIVOS del artículo 31, no la lista de sistemas de provisión, y decir «exclusivamente» es falso; reducirlo a movilidad voluntaria y movilidad por razón de servicio deja fuera la selección, la promoción interna y el reingreso; y la comisión de servicios es una forma de provisión temporal que el artículo 39 prevé con carácter excepcional, no un sistema de provisión con «carácter permanente».

La pregunta pide la naturaleza del acto administrativo, y la respuesta buena es la que lo define como declaración de voluntad. La caracterización clásica del acto administrativo —declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo hecha por una administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria— es doctrinal, pero las tres respuestas descartadas pueden refutarse con norma en la mano. Los actos legislativos no son actos administrativos: emanan del poder legislativo y tienen rango de ley. Los actos políticos o de gobierno quedan fuera del derecho administrativo y, en nuestro ordenamiento, del control ordinario de legalidad que la Ley 29/1998 reserva a la actuación administrativa. Y el reglamento tampoco es un acto administrativo: la Ley 30/1992 los trata como categorías distintas —el artículo 107.3 dice que «contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa», precisamente porque no son actos—, y la Ley 26/2010 de Cataluña los regula en títulos separados, el de los actos administrativos por un lado y el de las disposiciones reglamentarias por otro.

Consolidar un presupuesto no es sumarlo: es sumar y restar. La definición operativa que utiliza la Administración catalana es esta: «El presupuesto consolidado de dos o más organismos vinculados entre sí es el resultado de sumar el importe del presupuesto de cada organismo y restar la suma de los importes de las transferencias que pueden hacerse entre sí». De ahí sale la respuesta: el ICS debe consolidar con TODAS las entidades con las que tiene relaciones económicas, porque lo que se elimina es cada transferencia interna, venga de donde venga. La base legal de por qué esto debe hacerse es el artículo 29.1 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña: «El presupuesto de la Generalitat incluirá la totalidad de sus gastos e ingresos, así como los de las entidades autónomas y empresas públicas»; si no se eliminaran las operaciones recíprocas, el mismo dinero se contaría dos veces. Las otras tres respuestas acotan el perímetro por criterios que la consolidación no utiliza: el departamento de adscripción, un único ente financiador —el CatSalut, que es el principal pero no el único— o la forma jurídica de empresa pública.

Las cuatro fases del gasto están definidas, una por apartado, en el artículo 46 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. La autorización «acuerda la realización de un gasto con cargo a un crédito presupuestario determinado sin sobrepasar su importe pendiente de aplicación calculada de manera cierta o aproximada por exceso»: todavía no hay ni proveedor ni importe exacto. La disposición «acuerda o concierta la realización concreta de obras, la prestación de servicios o el suministro» y es donde «queda formalizada la reserva del crédito por un importe y condiciones exactamente determinados». Y la obligación es «la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Generalitat porque ha sido acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la disposición»: es aquí, y no antes, donde hay una deuda exigible con un importe real y un acreedor identificado, y por tanto donde hacen falta los datos identificativos y bancarios del proveedor para poder proponer su pago. La «reserva» que aparece como opción no es una fase autónoma del artículo 46: la reserva de crédito es un efecto de la autorización.

El artículo 53 del Estatuto Marco regula las vacaciones anuales: el personal tiene derecho a una vacación retribuida «cuya duración no será inferior a 30 días naturales», el período de disfrute se fija según la programación funcional del centro y, en el apartado 3, la regla que la pregunta busca: «El período de vacación anual solo podrá ser sustituido por una compensación económica EN EL CASO DE FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS». Es la única excepción que la ley admite, y por eso las otras tres respuestas fallan: ni las necesidades del servicio ni la petición de la persona interesada permiten cambiar vacaciones por dinero —la finalidad del descanso es preventiva e indisponible—, y decir que las vacaciones no son nunca motivo de liquidación niega justamente la excepción que el artículo reconoce. En la misma línea, el artículo 109.1 de la Ley General de la Seguridad Social prevé expresamente que las vacaciones devengadas y no disfrutadas que se retribuyen al finalizar la relación son objeto de liquidación y cotización complementarias.

La tipología de documentos administrativos distingue los documentos de gestión o de tramitación de los documentos protocolarios, que son los que acompañan actos institucionales y de cortesía y no producen efecto jurídico alguno en un expediente. El saluda es el documento protocolario por excelencia: escrito en tercera persona, sin firma autógrafa al pie —va el nombre del cargo impreso—, sin datación completa y con una fórmula fija de cortesía, sirve para felicitar, agradecer, ofrecer un cargo o invitar. Las otras tres opciones son documentos de gestión con efectos de trámite: la citación convoca a una persona a comparecer ante un órgano, la convocatoria de reunión abre la sesión de un órgano y fija su orden del día, y la invitación —cuando es de tramitación— forma parte de un procedimiento. El manual de referencia de la Administración catalana para esta tipología es «Documentació jurídica i administrativa», de la Dirección General de Política Lingüística.

La respuesta es el artículo 33.3 del Estatuto Marco, que permite someter al personal estatutario temporal a un período de prueba durante el cual cualquiera de las partes puede resolver la relación: «El período de prueba no podrá superar los TRES MESES de trabajo efectivo en el caso del personal previsto en los artículos 6.2.a) y 7.2.a) de esta ley y los dos meses para el resto del personal», y en ningún caso puede exceder la mitad de la duración del nombramiento. Los artículos 6.2.a) y 7.2.a) son, respectivamente, el personal sanitario y el de gestión y servicios con título de licenciado —de ahí que la pregunta hable de licenciados con título de especialista en ciencias de la salud. Por eso falla decir que el personal temporal no está sujeto a período de prueba. También falla decir que no hay que cumplir los requisitos de nacionalidad: el artículo 33.1 exige que el personal temporal reúna los requisitos del artículo 30.5, entre los cuales están los de nacionalidad. Y la última opción, que la materia no está regulada en el Estatuto Marco, se desmiente con el mismo artículo 33. Nota de transcripción: el papel escribe «no puede superar el tres meses»; la errata es del cuadernillo oficial.

La escala del artículo 35.2 de la Ley 31/1995 empieza exactamente aquí: «De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención», y continúa con 3 delegados de 101 a 500, 4 de 501 a 1.000, y así hasta 8 a partir de 4.001. El mismo apartado resuelve por debajo de los 50: «En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal». Con eso caen las otras tres respuestas: no hay ningún tramo de «hasta 50» con un delegado —los tramos son hasta 30 y de 31 a 49—, no existe ningún tramo «de 49 a 99», y el segundo tramo empieza en 101. Conviene recordar el artículo 35.3: los contratos de duración determinada superior a un año computan como personal fijo, y los de hasta un año se computan a razón de un trabajador más por cada doscientos días trabajados o fracción.

El artículo 42.2 de la Ley 30/1992 dice que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa es el que fije la norma reguladora del procedimiento, y le pone un techo: «Este plazo no podrá exceder de SEIS MESES salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea». El enunciado reproduce esa excepción con las mismas palabras, y por eso la respuesta es seis meses. La trampa habitual es confundir ese techo con el plazo supletorio del apartado 3: cuando la norma del procedimiento no fija ninguno, el plazo es de TRES meses. Los diez días de la primera opción son el plazo para cursar la notificación una vez dictado el acto (artículo 58.2), no para resolver. La regla sigue siendo la misma hoy: el artículo 21.2 de la Ley 39/2015 mantiene el techo de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno superior o lo prevea el derecho de la Unión Europea, y el apartado 3 el supletorio de tres meses.

La frase es taxativa: «Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa» (artículo 107.3 de la Ley 30/1992). El motivo es de naturaleza: el recurso administrativo se dirige contra actos, y un reglamento no es un acto. El mismo apartado abre la única puerta: los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de una disposición general pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición; y, fuera de la vía administrativa, el reglamento siempre puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por vía directa o indirecta. Por eso no valen las respuestas que ofrecen la alzada, la reposición o cualquiera de las dos según el órgano emisor. La regla se mantiene intacta en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, con la misma redacción.

El Estatuto de autonomía es una ley orgánica del Estado. Lo dice la Constitución por dos vías convergentes: el artículo 81.1 incluye entre las leyes orgánicas «las que aprueben los Estatutos de Autonomía», y el artículo 147.3 añade que la reforma de los Estatutos «requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica». Esa es la naturaleza formal; materialmente, el artículo 147.1 lo define como «la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma», que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento. De ahí que las otras respuestas no encajen: no es una ley ordinaria —requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto—, no es una «ley marco» —las leyes marco son las del artículo 150.1, un instrumento completamente distinto— y tampoco una ley de bases, que es la técnica de delegación legislativa del artículo 82.2 para formar textos articulados. El Estatuto vigente en Cataluña es la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio.

El II Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad define, dentro del nuevo modelo de atención continuada y urgencias de base territorial, tres tipos de dispositivo dentro de cada ámbito territorial (ACUT), y los distingue por horario, entorno y área de influencia. El centro de urgencias de atención primaria (CUAP) es el dispositivo «en el que el ciudadano podrá acceder, bien directamente, bien telefónicamente, y que funcionan 24 horas/día y 365 días/año», son de entorno básicamente urbano y tienen «un área de influencia determinada que, dependiendo del grado de concentración poblacional, puede ser entre 6 y 12 ABS», con una isócrona máxima de 30 minutos. Esa es la respuesta. Las otras tres describen los otros dos dispositivos o ninguno: el que funciona fuera del horario ordinario de los EAP de referencia con un área de entre 1 y 6 ABS es el punto de atención continuada (PAC), en entornos rurales y semiurbanos; el que funciona fuera del horario ordinario en entornos aislados o de montaña y tiene un alcance de 1 ABS es el dispositivo de atención continuada de entornos aislados, con atención localizada; y la que habla de un área que no rebasa un servicio de atención primaria no corresponde a ninguna definición del Acuerdo. Nota de transcripción: el cuadernillo escribe «un àrea d'influència»; la errata es del papel.

La Ley 13/1989 clasifica los órganos administrativos de la Generalitat «en centrales y territoriales o periféricos y en consultivos y activos». Son consultivos los que tienen asignadas funciones de informe, consulta, asesoramiento o propuesta. Y el artículo 24.1 cierra la lista de los activos: «A los efectos de esta Ley, salvo los órganos superiores y los altos cargos, son órganos activos de la Administración de la Generalitat las SUBDIRECCIONES GENERALES, los Servicios, las Secciones y los Negociados», y cualquier otro órgano activo debe asimilarse a alguno de estos. La cláusula de exclusión inicial es lo que resuelve la pregunta: el presidente de la Generalitat, el consejero y el director general son órganos superiores o altos cargos y, por eso, quedan fuera de la lista; el subdirector general es su primer escalón. El mismo artículo añade que la dirección de los órganos activos debe ejercerla personal funcionario de carrera, y el artículo 25 reparte entre el Gobierno y el consejero la creación y la supresión de estos órganos según sean iguales o superiores al nivel de sección.

El II Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad implantó la carrera profesional en el ICS y definió su acceso con una frase que la pregunta reproduce casi literalmente: «la carrera profesional es de acceso voluntario y debe ser solicitada personalmente por el interesado, tanto en lo que se refiere al momento de entrada como a los posibles cambios a niveles superiores». Esa voluntariedad es lo que hace caer las otras tres respuestas: no es obligatoria para quien cumpla los requisitos, no es automática al adquirir la condición de personal fijo —el mismo Acuerdo fija una convocatoria anual con presentación de solicitudes durante el último trimestre de cada año— y no es reversible en cualquier nivel, porque el nivel alcanzado se consolida. Conviene tener presente que este modelo ha sido sustituido: el III Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, publicado en el DOGC en 2024, es el que regula hoy la carrera profesional y la dirección por objetivos del personal del ICS, manteniendo el carácter voluntario del acceso. Nota de transcripción: el cuadernillo escribe «personal estatuari fix»; la errata es del papel.

La respuesta es que no puede interponerse ninguno, y el precepto es el artículo 115.3 de la Ley 30/1992: «Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1». La razón de fondo es que la resolución de la alzada agota la vía administrativa: a partir de ahí el camino es el contencioso-administrativo. Las dos opciones que dan un plazo de un mes o de tres meses confunden esta pregunta con la del plazo para interponer la reposición contra actos que sí agotan la vía, que el artículo 117.1 fija en un mes si el acto es expreso y tres meses si no lo es; pero aquí el problema no es el plazo, sino que el recurso no procede. El régimen vigente es idéntico: el artículo 122.3 de la Ley 39/2015 repite que contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

El conjunto mínimo básico de datos (CMBD) es el registro del CatSalut que recoge, para cada contacto asistencial, un número reducido de datos normalizados. Las variables se agrupan en bloques, y el bloque que la pregunta busca es el de las variables relacionadas con el PROCESO: la unidad proveedora, el tipo de actividad, el régimen económico, la circunstancia de admisión —si el ingreso es urgente o programado— y la circunstancia de alta, junto con las fechas de ingreso y de alta. Las variables que identifican al paciente son las de filiación —código de identificación, sexo, fecha de nacimiento, municipio de residencia—; las clínicas son los diagnósticos y los procedimientos codificados; y las «específicas de cada sistema» no son un bloque del CMBD sino de la aplicación que lo notifica. Las especificaciones completas, con la definición y la codificación de cada variable, están en los manuales de notificación que el CatSalut publica para cada línea (hospitalización de agudos, atención intermedia, salud mental, atención primaria, urgencias).

El artículo 9 de la Ley 8/2007, del Instituto Catalán de la Salud, es corto y lo dice todo: el director o directora gerente «tiene la representación legal del Instituto Catalán de la Salud, asume la dirección de la gestión ordinaria y es NOMBRADO Y SEPARADO POR EL GOBIERNO a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de salud, oído el Consejo de Administración». La respuesta es, pues, el Gobierno. Las otras tres confunden quién propone o quién informa con quién nombra: el consejero o consejera de Salud hace la propuesta, el Consejo de Administración es oído antes, y el departamento de Economía no interviene en ese nombramiento. El Decreto 13/2009, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Catalán de la Salud, desarrolla ese mismo régimen.

Esta pregunta tiene una trampa de derecho transitorio. El artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público clasifica los cuerpos y escalas por la titulación exigida y crea un Grupo B para quien tiene título de técnico superior de formación profesional; leído solo, un técnico de grado superior sanitario iría ahí. Pero la disposición transitoria tercera de la misma ley dice: «Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: Grupo A: Subgrupo A1 — Grupo B: Subgrupo A2 — GRUPO C: SUBGRUPO C1 — Grupo D: Subgrupo C2 — Grupo E: Agrupaciones Profesionales». Las categorías de técnico especialista de grado superior sanitario estaban en el grupo C de la antigua clasificación y, por esa equivalencia, pasan al subgrupo C1; el Grupo B no ha llegado a desplegarse. Esta es la clasificación que recoge el pacto de categorías del ICS y la que utiliza la propia institución. El subgrupo C2 es el de los técnicos de grado medio, y el grupo A1 y el B no corresponden a esa titulación.

El Reglamento del Congreso de los Diputados lo dice en el primer apartado del artículo 39: «Las personas designadas para las portavocías de los grupos parlamentarios constituyen la Junta de Portavoces, que se reunirá BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DEL CONGRESO, que la convocará, a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara». La presidencia de la Junta es, pues, del presidente de la Cámara, no del presidente del Gobierno —el Gobierno solo envía a quien lo represente si lo estima oportuno, según el apartado 2— ni del portavoz del grupo mayoritario, y tampoco se elige entre sus miembros. El mismo artículo recuerda dos reglas útiles: a las reuniones deben asistir como mínimo una vicepresidencia, una secretaría de la Cámara y el secretario o secretaria general, y las decisiones de la Junta se adoptan siempre con voto ponderado.

El artículo 27 de la Constitución separa dos cosas que la pregunta mezcla. El apartado 4 dice literalmente: «La enseñanza BÁSICA es obligatoria y gratuita». Por eso la respuesta buena es la que pone el adjetivo «básica»: la obligatoriedad y la gratuidad no cubren toda la enseñanza, sino el tramo básico. También cae la primera opción, porque el apartado 5 dice que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes»: la obligación de garantizarlo existe y es expresa. Y cae la que habla del profesorado, por dos razones: el apartado 7 atribuye la intervención en el control y la gestión a los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos —no solo al profesorado— y solo «de todos los centros SOSTENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CON FONDOS PÚBLICOS», no de todos los centros.

La Ley 8/2006, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña, delimita su ámbito subjetivo con una excepción nominal que es exactamente lo que la pregunta busca. El artículo 2.2 dice: «Las medidas establecidas por esta ley también son aplicables: a) Al personal funcionario interino, SALVO LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA, regulada por el artículo 6». Esta excedencia es la que puede pedirse, por una duración mínima de dos años y máxima de quince, cuando el cónyuge o conviviente debe residir en otro municipio porque ha obtenido allí un puesto de trabajo estable; tiene sentido que su disfrute se reserve al personal con vínculo permanente. Las otras dos excedencias que aparecen en el enunciado sí son aplicables al personal interino: la de violencia de género (artículo 7), que además computa a efectos de trienios y reserva el puesto, y la de cuidado de hijo o hija. Y la última opción, que el personal interino no puede ser declarado en ninguna situación administrativa, es falsa por el mismo artículo 2.2.a).

El Estatuto Básico del Empleado Público cierra la lista de faltas muy graves con tipos tasados, y uno de ellos es exactamente este: el artículo 95.2.m) califica de MUY GRAVE «el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga». La relevancia del bien jurídico explica el grado: el derecho de huelga es constitucional, pero la propia Constitución lo condiciona al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y en el sector sanitario eso es atención a personas. Por la misma razón, la letra l) del mismo apartado considera muy grave «la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga». Ninguna de las otras respuestas se sostiene: el apartado 3 del artículo 95 deja las faltas graves a la determinación por ley de las Cortes o de la asamblea autonómica o por convenio colectivo, y el apartado 4 las leves a las leyes de función pública de desarrollo; ni unas ni otras pueden rebajar un tipo que el Estatuto Básico ya ha calificado de muy grave. El precepto es idéntico en el artículo 95.2.m) del texto refundido de 2015.

El límite lo fija el artículo 51.1 del Estatuto Marco: «El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria NO EXCEDERÁ DE 12 HORAS ININTERRUMPIDAS». La misma norma admite una excepción tasada: mediante la programación funcional de los centros pueden establecerse jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades sanitarias, con carácter excepcional y cuando lo aconsejen razones organizativas o asistenciales, y entonces los períodos mínimos de descanso ininterrumpido deben ser ampliables. Las dos opciones de diez horas no salen de la ley, y la de ocho horas «en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña» tampoco: el Estatuto Marco es norma básica y el límite es el mismo en todo el Sistema Nacional de Salud. Para completar el cuadro, los dos descansos que acompañan a ese límite son el diario —doce horas ininterrumpidas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, artículo 51.2— y el semanal —una duración media de 24 horas, artículo 52—, y cuando no pueden disfrutarse se aplican los descansos alternativos del artículo 54.

La acreditación de centros sanitarios es competencia del departamento competente en materia de salud de la Generalitat. La Ley de ordenación sanitaria de Cataluña se la atribuye al departamento en el artículo 10.k), que le reserva «la autorización de la creación, la modificación, el traslado y el cierre de los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, en su caso, y el cuidado de su registro, catalogación y ACREDITACIÓN, si procede». El desarrollo de esa previsión fue, el día del examen, el Decreto 5/2006, que estableció el modelo de acreditación de los centros de atención hospitalaria aguda y el procedimiento de autorización de entidades evaluadoras, y que recuerda expresamente en su preámbulo que «la competencia en materia de acreditación corresponde al Departamento de Salud». Por eso no valen las otras tres respuestas: el Ministerio no acredita centros en Cataluña —la sanidad es competencia asumida por la Generalitat—, el ICS es un proveedor de servicios, no la autoridad acreditadora, y los centros no se acreditan a sí mismos: las entidades evaluadoras verifican los criterios técnicos, pero la acreditación la otorga el Departamento.

Convocar las sesiones de un órgano colegiado es una facultad del presidente, y la ley lo dice sin matices. El artículo 23.1 de la Ley 30/1992 enumera qué le corresponde y en la letra b) pone: «Acordar la CONVOCATORIA de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación». El secretario, en cambio, tiene las funciones del artículo 25: efectuar materialmente la convocatoria por orden del presidente, recibir los actos de comunicación de los miembros, preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas y expedir certificaciones. Por eso no sirve ninguna de las otras respuestas: ni el vocal primero, ni el secretario por iniciativa propia, ni una opción indistinta entre presidente y secretario. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente es sustituido por el vicepresidente que corresponda y, si no lo hay, por el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. La regla vigente es la misma: el artículo 19.2.b) de la Ley 40/2015 atribuye al presidente acordar la convocatoria y fijar el orden del día.

La estructura de la Constitución de 1978 es: un título preliminar, diez títulos numerados (del I al X), cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. La respuesta correcta es, pues, la que dice diez títulos, cuatro disposiciones adicionales y nueve disposiciones transitorias. Las otras tres fallan en un solo número cada una, y vale la pena saber por qué: no son nueve títulos —el título preliminar no se numera, pero los numerados llegan hasta el X, «De la Organización Territorial del Estado» el VIII, «Del Tribunal Constitucional» el IX y «De la reforma constitucional» el X—; las disposiciones transitorias son nueve, no diez; y las adicionales son cuatro, no cinco. La parte final se completa con la disposición derogatoria —que deroga, entre otras, la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales— y la disposición final, que ordena la publicación del texto en las demás lenguas de España.

Las cartas de servicios son documentos de compromiso con la ciudadanía, y su contenido está tasado. El Real Decreto 951/2005, que es el modelo del que beben las cartas de las administraciones españolas, lo detalla en el artículo 9 en cuatro bloques: de carácter general y legal —datos identificativos y fines del órgano, principales servicios que presta, derechos concretos de los ciudadanos y usuarios, fórmulas de colaboración o participación, relación de la normativa reguladora y ACCESO AL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS—; de compromisos de calidad —niveles o estándares, plazos, canales y horarios de atención, medidas de igualdad y accesibilidad, sistemas de gestión de la calidad e indicadores—; de medidas de subsanación en caso de incumplimiento; y de carácter complementario. Tres de las opciones del enunciado son contenido típico: la descripción comprensible del servicio, la identificación del responsable de la carta y el sistema de reclamación y quejas. La que no lo es —y por eso es la respuesta— es el diagrama de PERT: es una herramienta interna de planificación y control de proyectos, útil para programar tareas y caminos críticos, pero no dice nada a la persona usuaria sobre qué puede esperar del servicio. En Cataluña la obligación de disponer de cartas de servicios está hoy en el artículo 59 de la Ley 26/2010.

El presupuesto tiene dos mitades que no tienen la misma fuerza jurídica, y el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña lo dice en dos artículos. El estado de INGRESOS contiene, según el artículo 29.2.b), «las ESTIMACIONES de los diversos derechos económicos a reconocer y liquidar durante el ejercicio»: son una previsión, y recaudar más o menos no altera la validez del presupuesto. El estado de GASTOS, en cambio, está sometido al artículo 35: «Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad exclusiva que motiva su dotación» y «los créditos consignados en los estados de gastos del presupuesto tienen un ALCANCE LIMITATIVO y, en consecuencia, no podrán adquirirse compromisos en cuantía superior a sus importes», hasta el punto de que las disposiciones de rango inferior a la ley y los actos administrativos que lo vulneren son nulos de pleno derecho. Por eso la respuesta es que solo los ingresos son previsión estimativa, y caen las tres opciones que añaden gastos, inversiones o liquidaciones.

El sistema general de gestión de la documentación administrativa de la Generalitat clasifica la documentación por fases y asigna un tipo de archivo a cada una. El Decreto 76/1996 lo dice en el artículo 8: la documentación «se conserva, según la fecha de su generación y su nivel de utilización, en los archivos de gestión, en los archivos centrales administrativos y en los archivos históricos». Y el artículo 9.1 concreta la fase activa: «Son archivos de gestión los constituidos por la DOCUMENTACIÓN ACTIVA de la unidad administrativa que la ha generado o recibido. Se considera documentación activa la que la unidad utiliza habitualmente para la realización de sus actividades», con una permanencia máxima de cinco años salvo que pasado ese plazo todavía sea activa. Los archivos centrales administrativos son para la documentación SEMIACTIVA, que el departamento utiliza frecuentemente, y allí se conserva como norma general hasta el decimoquinto año (artículo 10); los archivos históricos acogen la semiactiva de uso muy infrecuente y la histórica de conservación permanente (artículo 11). El Archivo Nacional de Cataluña, por tanto, no es donde va la documentación activa.

La Ley 8/2007 distingue con claridad tres familias de órganos en el artículo 6. Los órganos de DIRECCIÓN son dos, y solo dos: «Los órganos de dirección del Instituto Catalán de la Salud son el Consejo de Administración y el director o directora gerente» (apartado 1). Los órganos de PARTICIPACIÓN COMUNITARIA son el Consejo General de Participación, los consejos de participación de los centros, servicios y establecimientos y los demás que se creen (apartado 2), configurados como órganos colegiados de asesoramiento, consulta, seguimiento y supervisión. Por eso la respuesta buena es la que empareja al director o directora gerente con el Consejo de Administración, y falla la que pone el Consejo General de Participación, que es de otra familia. Las dos respuestas que citan departamentos de la Generalitat confunden la adscripción con la dirección: el ICS es una empresa pública adscrita al departamento competente en materia de salud, pero un departamento no es un órgano del Instituto. El Decreto 13/2009, que aprueba los Estatutos del ICS, desarrolla esa estructura.

El artículo 17 de la Ley 8/2007 traza un mapa de qué agota la vía administrativa en el ICS y qué no, y el recurso de alzada solo procede contra lo que NO la agota. Agotan la vía: los acuerdos del Consejo de Administración (apartado 2) y, «en todos los casos», los actos dictados en materia de personal estatutario y laboral, las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y los demás actos que establezca la normativa del sector público de la Generalitat (apartado 3). NO la agotan —y por eso admiten alzada ante el director o directora gerente— «los actos dictados por los SERVICIOS CORPORATIVOS, por las unidades de gestión y por las gerencias territoriales del Instituto» (apartado 4). Esa es la respuesta. Las otras tres son, punto por punto, los supuestos que la ley cierra: responsabilidad patrimonial, acuerdos del Consejo de Administración y personal estatutario y laboral. El mismo artículo añade que los actos del director o directora gerente que no agoten la vía van en alzada ante el Consejo de Administración.

El artículo 26 del Estatuto Marco abre diciendo que la jubilación puede ser forzosa o voluntaria, y el apartado 2 fija la edad: «La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años». De ahí sale la respuesta. Los 70 años que aparecen como opción son el techo de la prolongación de la permanencia en servicio activo que el mismo apartado 2 permite solicitar voluntariamente, siempre que quede acreditada la capacidad funcional y lo autorice el servicio de salud. Los 67 años son la edad ordinaria de jubilación del sistema de Seguridad Social tras la reforma de 2011, pero no la edad de la jubilación forzosa estatutaria. Y la primera opción mezcla dos cosas que no van juntas: los 25 años de servicios prestados no son ningún requisito de este artículo. Conviene retener también el apartado 3: procede la prórroga en el servicio activo, a instancia de la persona interesada, cuando al cumplir la edad de jubilación forzosa le resten seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación.

El supuesto del enunciado es exactamente el del artículo 66.1.a) del Estatuto Marco: «Procederá declarar al personal estatutario en excedencia por prestación de servicios en el sector público cuando presten servicios en otra categoría de personal estatutario, COMO FUNCIONARIO o como personal laboral, en cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubiera obtenido la oportuna autorización de compatibilidad». La persona de la pregunta pasa a ocupar un puesto de funcionario de la Generalitat: la situación que le corresponde como personal estatutario es esa excedencia, y lo es tanto si la categoría coincide como si no, porque el precepto no distingue por categoría sino por régimen jurídico del nuevo vínculo. Por eso falla la respuesta que dice que no puede declararse en ninguna situación por tratarse de la misma categoría. La excedencia voluntaria por interés particular tiene otro supuesto —a petición propia, con las condiciones del artículo 67— y los «servicios bajo otro régimen jurídico» del artículo 65 son la situación del personal estatutario que pasa a prestar servicios en instituciones sanitarias transformadas en otra forma jurídica, que no es el caso. El mismo artículo 66 recuerda que en esa situación no se devengan retribuciones pero el tiempo se reconoce a efectos de trienios y carrera profesional al reingresar.

El artículo 71 del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 fija los principios de organización y funcionamiento de la Administración de la Generalitat, y el enunciado pide cuál de los cuatro NO consta. El apartado 3 dice: «La Administración de la Generalitat actúa de acuerdo con los principios de COORDINACIÓN y TRANSVERSALIDAD, con el fin de garantizar la integración de las políticas públicas». El apartado 4 añade el de TRANSPARENCIA: «de acuerdo con el principio de transparencia, debe hacer pública la información necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar su gestión». La palabra que no aparece en ese artículo es «economía»: lo que sí hay, en otros apartados, son la objetividad, la sumisión plena a las leyes y al derecho, la proximidad y la orientación a resultados. Conviene no confundir este artículo con los principios de la gestión económica o con la eficiencia en el gasto, que son de otras normas. El artículo 71.1 recuerda, además, una definición importante: la Administración de la Generalitat «tiene la condición de Administración ordinaria».

El artículo 43.2 del Estatuto Marco enumera las retribuciones complementarias y da su finalidad una a una. La letra d) define el complemento de atención continuada como el «destinado a REMUNERAR AL PERSONAL PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MANERA PERMANENTE Y CONTINUADA», que es literalmente la respuesta correcta. Las otras tres describen complementos distintos o conceptos que no lo son: retribuir horas extraordinarias por necesidades del servicio no es ese complemento —la atención continuada no es hora extra, sino una modalidad de prestación del servicio—; alcanzar méritos para percibir la carrera profesional es el complemento de carrera de la letra e), destinado a retribuir el grado alcanzado; y la referencia a doce horas diarias no aparece en el artículo 43 sino, y con otro sentido, en el límite de jornada del artículo 51. Los demás complementos del mismo artículo son el de destino (letra a), el específico (letra b) y el de productividad (letra c).

El artículo 57 del Estatuto de autonomía de Cataluña regula el estatuto de los diputados y termina con una frase de una sola línea: «Los Diputados no están sometidos a mandato imperativo» (apartado 3). Es la traducción al Parlamento de Cataluña del principio de representación que la Constitución recoge en el artículo 67.2 para las Cortes Generales: el representante lo es de todo el pueblo y no queda vinculado por instrucciones de sus electores ni de su partido. Por eso no sirve ninguna de las otras tres respuestas, que afirman el mandato imperativo, lo condicionan a la constitución de la cámara o lo limitan a los diputados que compaginan Parlamento y Senado —una figura que, además, el Estatuto no prevé. Los otros dos apartados del mismo artículo completan el estatuto del diputado: inviolabilidad por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio del cargo, inmunidad limitada a no poder ser detenido salvo en caso de flagrante delito, y aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El artículo 87 de la Ley 30/1992 cierra la lista de las formas de terminación del procedimiento: «Pondrán fin al procedimiento la RESOLUCIÓN, el DESISTIMIENTO, la RENUNCIA al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de CADUCIDAD», y el apartado 2 añade la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, que exige resolución motivada. Tres de las opciones son, por tanto, formas de terminación. Las cuestiones incidentales no lo son: son incidentes que surgen durante la tramitación y que, por regla, no suspenden el procedimiento —el artículo 77 lo dice para los incidentes no suspensivos— sino que se resuelven dentro de él. La lista vigente es prácticamente la misma: el artículo 84 de la Ley 39/2015 añade expresamente la terminación convencional del artículo 86.

La subasta electrónica no está prohibida: está regulada. El artículo 132 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, la define como «un proceso iterativo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que permita su clasificación a través de métodos de evaluación automáticos». Puede emplearse en los procedimientos abierto y restringido y en el negociado del artículo 154.a), siempre que las especificaciones del contrato puedan establecerse de manera precisa y que las prestaciones no tengan carácter intelectual, y nunca de forma abusiva o que falsee la competencia. Por eso la respuesta buena es la que la presenta como un sistema introducido por la normativa vigente que favorece la modernización y da agilidad a la adjudicación, y caen las dos que la dan por prohibida y la que dice que la ley desaconseja su uso por problemas tecnológicos. La figura sigue existiendo hoy en el artículo 143 de la Ley 9/2017.

El artículo 6.1 de la Ley 10/2001, de archivos y gestión de documentos, enumera quién produce o recibe documentos públicos, y la lista tiene once letras. Están, entre otros, el presidente, el Gobierno y la Administración de la Generalitat (letra a), las administraciones locales (letra c) y «los órganos con sede en Cataluña de la Unión Europea y de instituciones públicas internacionales» (letra e). Tres de las respuestas del enunciado son, pues, supuestos de la lista. La que no está —y por eso es la correcta— habla de «corporaciones públicas de derecho privado». La ley dice justo lo contrario en la letra i): «Las corporaciones PRIVADAS DE DERECHO PÚBLICO». No es un juego de palabras: las corporaciones de derecho público son entes de base asociativa privada a los que la ley atribuye funciones públicas —colegios profesionales, cámaras—, y por eso sus documentos son públicos. La categoría «corporación pública de derecho privado» no existe en la ley. Para completar, la letra j) añade las personas y entidades privadas que ejercen funciones públicas, en lo que se refiere a esas funciones, y la g) las concesionarias de servicios públicos en lo relativo a la concesión.

La prolongación de la permanencia en servicio activo es posible, pero no automática ni para todos. El artículo 26.2 del Estatuto Marco dice, tras fijar la jubilación forzosa a los 65 años: «No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. ESTA PROLONGACIÓN DEBERÁ SER AUTORIZADA POR EL SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ARTICULADAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS». Esa condición organizativa es la que hace correcta la última respuesta e incorrecta la que dice que se autoriza «a todo el mundo». Tampoco vale decir que no es posible, porque el mismo apartado la prevé. Y la que habla de personal emérito confunde instituciones: el emérito es una figura de nombramiento para actividades docentes, de consultoría y de asesoramiento, no la prolongación del servicio activo. Conviene recordar el apartado 3, que es un supuesto distinto: la prórroga para completar el tiempo de cotización necesario para causar pensión cuando restan seis años o menos.

La pregunta pide la respuesta INCORRECTA, y el precepto es el artículo 23.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que preveía dos vías para constituir grupo parlamentario: la general —diputados «en número no inferior a quince»— y la excepcional, para quienes integren una o varias formaciones políticas que, sin alcanzar ese mínimo, «hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por 100 de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura O EL 5 POR 100 de los emitidos en el conjunto de la Nación». Las dos referencias porcentuales son, pues, a las circunscripciones donde se presentó candidatura y al conjunto del Estado. La respuesta incorrecta es la que sustituye ese ámbito por «una comunidad autónoma»: ese criterio no ha existido nunca en este artículo. El apartado 2 añade dos prohibiciones útiles de recordar: no pueden constituir grupo separado quienes pertenezcan a un mismo partido ni quienes, en el momento de las elecciones, pertenecieran a formaciones que no se hayan enfrentado ante el electorado. Nota de vigencia: una reforma del Reglamento de 23 de julio de 2026 cambia esos porcentajes —pasan a una media del 10 por 100 de los votos válidos de las circunscripciones donde se haya obtenido representación o el 3 por 100 de los votos válidos del conjunto de la Nación—, pero su disposición final aplaza la entrada en vigor a la XVI legislatura, de modo que a día de hoy la redacción aplicable sigue siendo la que el examen reproduce.

La respuesta es una remisión: el artículo 16.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 dice que «las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado». Por eso los dos importes que la pregunta menciona no se fijan en la ley de Seguridad Social sino, año tras año, en la ley de presupuestos y en la orden de cotización que la desarrolla. Las otras opciones confunden la base con sus límites o con su definición: la base de cotización del régimen general es, según el artículo 109.1, la remuneración total que mensualmente tenga derecho a percibir el trabajador —no exactamente el «cómputo total de las remuneraciones mensuales», y con las exclusiones tasadas del apartado 2—, y nunca puede ser inferior al tope mínimo ni superior al máximo, que el mismo artículo 16.2 y el 110 fijan. El precepto sigue igual: el artículo 19.1 del texto refundido vigente de 2015 repite la remisión a la ley de presupuestos.

Los medicamentos y los productos sanguíneos que un centro sanitario compra y consume son EXISTENCIAS, y la cuenta que recoge su compra y consumo es la de aprovisionamientos. El Plan General de Contabilidad define el grupo 6 como «Compras y gastos» y lo describe como «aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos o someterlos a procesos de adaptación, transformación o construcción», y en la cuenta de pérdidas y ganancias la partida 4 se llama literalmente «Aprovisionamientos», con los desgloses de consumo de mercaderías y de consumo de materias primas y otras materias consumibles. Las otras tres respuestas son de otras masas contables: las inversiones son inmovilizado (grupo 2) y no gasto de consumo; los clientes sanitarios son un derecho de cobro, es decir, activo del grupo 4; y los acreedores son una obligación de pago, pasivo del mismo grupo 4. El hecho de que la factura del medicamento esté pendiente de pago no lo convierte en «acreedores»: la cuenta de acreedores refleja la deuda, no el consumo.

Pregunta sin fuente normativa directa: ninguna norma describe el carácter que debe tener el personal de atención al ciudadano. El razonamiento, sin embargo, no es libre. La respuesta buena —amable y asertivo, capaz de buscar soluciones a problemas no previstos— es la que traduce a conducta profesional los deberes que sí están en norma. El Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce en el artículo 30.2 que «todas las personas tienen derecho a ser tratadas por los poderes públicos de Cataluña, en los asuntos que les afectan, de forma imparcial y objetiva», y la Ley 26/2010 desarrolla el derecho a una buena administración en el artículo 22: actuación proporcional a la finalidad perseguida, derecho a participar y a ser oído, y decisiones motivadas «en lenguaje claro y comprensible». Las otras tres opciones chocan frontalmente con eso: hacer chistes banaliza la relación y no resuelve nada; intimidar e imponerse a la voluntad de la ciudadanía vulnera el trato imparcial y objetivo; y no inmutarse ante las solicitudes y los requerimientos es, literalmente, desatenderlos. La asertividad es, en este contexto, la capacidad de decir que no cuando hace falta sin faltar al respeto y de reconducir la conversación hacia la solución posible.

La lista es literal y cerrada. El artículo 2.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 dice: «El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de UNIVERSALIDAD, UNIDAD, SOLIDARIDAD E IGUALDAD». Son cuatro y solo cuatro. Las otras tres respuestas introducen un principio que no está en el artículo: la proporcionalidad, la suficiencia y la sostenibilidad. Vale la pena precisar que la suficiencia y la sostenibilidad sí son ideas presentes en el sistema —la Constitución habla en el artículo 41 de prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, y la normativa de estabilidad presupuestaria y las reformas de pensiones han incorporado la sostenibilidad financiera—, pero no forman parte de esa enumeración. La redacción se ha conservado: el artículo 2.1 del texto refundido vigente de 2015 repite los mismos cuatro principios.

La afiliación es el acto administrativo de entrada en el sistema, y tiene dos notas que la distinguen del alta. El artículo 12 del texto refundido de 1994 las dice ambas: «La afiliación a la Seguridad Social es OBLIGATORIA para las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo 7 de esta Ley, y ÚNICA PARA LA VIDA de las mismas y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos Regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación». El Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación (Real Decreto 84/1996) añade el número de afiliación, único y vitalicio. Esa es la respuesta. Las otras tres confunden afiliación y alta: no hay que repetirla al cambiar de empresa o de trabajo —eso es un alta nueva, no una afiliación nueva—, ni cambiarla al pasar de cuenta ajena a cuenta propia o a la inversa, y tampoco es un acto «válido mientras se trabaja», porque la afiliación subsiste aunque la persona deje de trabajar.

La titularidad de la potestad reglamentaria en Cataluña es del Gobierno. El Estatuto de autonomía lo dice en el primer apartado del artículo 68: «El Gobierno es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la Administración de la Generalitat. EJERCE LA FUNCIÓN EJECUTIVA Y LA POTESTAD REGLAMENTARIA de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes». El presidente de la Generalitat y los consejeros pueden dictar disposiciones —decretos del presidente y órdenes de los consejeros—, pero lo hacen en el ámbito de sus competencias y por habilitación legal o por delegación, no como titulares originarios de la potestad; y el Parlamento no la tiene en absoluto, porque su función es la legislativa. El mismo artículo 68.5 añade la regla de publicidad que cierra el ciclo: los actos, las disposiciones generales y las normas que emanan del Gobierno o de la Administración de la Generalitat deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y esa publicación es suficiente a todos los efectos para la eficacia de los actos y la entrada en vigor de las normas.

La pregunta es de clasificación económica del gasto. El estado de gastos del presupuesto de la Generalitat se ordena, según el artículo 30.2 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, por clasificación orgánica, funcional, económica y por programas. En la clasificación económica, los capítulos 1 a 4 son GASTOS CORRIENTES —capítulo 1, remuneraciones del personal, que incluye los sueldos y salarios y las cuotas sociales a cargo del empleador; capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios; capítulo 3, gastos financieros; capítulo 4, transferencias corrientes—, y los capítulos 6 a 9, gastos de capital y operaciones financieras. Las remuneraciones de personal son, pues, gasto corriente, y NO son gasto financiero: el gasto financiero es el del capítulo 3, intereses y otras cargas de la deuda. Por eso la respuesta buena es la que dice «corrientes y no financieros», y caen las dos que las califican de financieras. La última opción, «sin limitación presupuestaria», contradice el artículo 35.2: los créditos de gasto tienen alcance limitativo.

La competencia para contratar en la Administración de la Generalitat es del consejero o consejera del departamento: la Ley 13/1989 le atribuye, en el artículo 12.k), «firmar, en nombre de la Generalitat, los contratos relativos a asuntos propios del Departamento, en los términos establecidos por la legislación vigente», y en la letra l) ejercer «las demás facultades que le atribuye la legislación vigente o que le deleguen». Esa competencia es delegable con las reglas generales de la delegación, y en los contratos menores la práctica ordinaria de los departamentos es delegarla en el secretario o secretaria general, que es quien, según el artículo 13.j) de la misma ley, supervisa «la adquisición de suministros, bienes y servicios, y también los expedientes de contratación de cualquier tipo» y autoriza los gastos dentro de los límites reglamentarios. La respuesta buena es, por eso, la que combina ambas ideas: los secretarios generales o el órgano en que se delegue. Las otras tres se refutan con la misma norma: los contratos menores no han desaparecido —los regulaban el artículo 122.3 y el 95 de la Ley 30/2007 y hoy el artículo 118 de la Ley 9/2017—, no hay ninguna prohibición expresa de delegar en órganos inferiores, y la Junta Consultiva de Contratación es un órgano consultivo, no de adjudicación.

La autonomía parlamentaria incluye la potestad de autoorganización, y el reglamento es su manifestación más clara. El artículo 58 del Estatuto de autonomía de Cataluña lo dice en tres apartados: «1. El Parlamento goza de autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria. 2. EL PARLAMENTO ELABORA Y APRUEBA SU REGLAMENTO, su presupuesto y fija el estatuto del personal que de él depende. 3. La aprobación y la reforma del Reglamento del Parlamento corresponden al Pleno del Parlamento y requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del texto». Por eso no interviene ni el Gobierno de la Generalitat —que no puede regular el funcionamiento de la cámara que lo controla— ni el Congreso de los Diputados ni el Senado, que tienen sus propios reglamentos y ninguna competencia sobre el del Parlamento de Cataluña. El artículo 59.2 añade qué regula ese reglamento: los derechos y deberes de los diputados, los requisitos para formar grupos parlamentarios y la intervención de esos grupos en el ejercicio de las funciones parlamentarias.

La pérdida de la condición de personal estatutario fijo por jubilación es una de las causas del artículo 21 del Estatuto Marco, y la declaración de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez la produce según el artículo 27. Pero no es irreversible, y eso es lo que la pregunta busca. El artículo 28.2 dice: «Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como consecuencia de incapacidad, si esta es revisada conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social. SI LA REVISIÓN SE PRODUCE DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD, EL INTERESADO TENDRÁ DERECHO A INCORPORARSE A PLAZA DE LA MISMA CATEGORÍA Y ÁREA DE SALUD EN QUE PRESTABA SUS SERVICIOS». La respuesta es, por tanto, la que reproduce esa regla. Caen las otras tres: no es cierto que no pueda recuperarse la condición, ni que la incapacidad permanente absoluta no sea causa de pérdida —lo es por el artículo 27—, ni que impida reincorporarse, porque fuera del plazo de dos años la recuperación sigue siendo posible, aunque entonces sin el derecho preferente a la misma plaza y área.