Examen oficial de Celador/a del ICS de 2018, turno libre, resuelto y explicado

El protocolo de movilización de un paciente de decúbito supino a decúbito lateral del módulo de mecánica corporal del IOC lo dice en el primer paso: «colóquese al lado del paciente hacia donde lo moveremos», y describe el giro «con el movimiento hacia el lado de la cama donde estás situado». Trabajar desde ese lado es lo que permite recibir al paciente, controlar el giro con una mano detrás del hombro y la otra detrás de la cadera, y evitar que caiga de la cama; el mismo protocolo pide dejar puesta la baranda del lado contrario. Colocarse en el lado contrario obligaría a empujar al paciente hacia un vacío sin control, y el lado donde se quiere sentar al paciente no tiene nada que ver con el decúbito lateral.

El Reglamento de los servicios de prevención (RD 39/1997) reconoce cuatro especialidades o disciplinas preventivas: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La movilización de pacientes es manipulación manual de cargas —una carga es, según la norma, cualquier objeto, persona o animal susceptible de ser movido—, y su estudio corresponde a la ergonomía: la Guía técnica del INSST sobre manipulación manual de cargas le dedica un apéndice propio, el de movilización y transferencia de personas. La seguridad se ocupa de los riesgos de accidente (caídas, cortes, electricidad) y la higiene industrial, de los agentes físicos, químicos y biológicos; por eso no puede ser cierta la respuesta que las da todas por buenas.

La férula de Braun es un armazón metálico rígido que se fija a la barra de la cama y sostiene el miembro inferior en semiflexión; según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, «permite aplicar tracción esquelética continua mediante poleas y pesas». Es, pues, el soporte que trabaja con las pesas en una tracción de la extremidad inferior. Las otras tres respuestas son otras piezas del mobiliario clínico con otra función: el triángulo es el asa suspendida de la cama para que el paciente se incorpore por sus medios, y un escabel es la banqueta para subir o bajar de la cama. Nota de OposICS: el cuadernillo imprime «Brown»; el apellido del cirujano que da nombre a la férula es Braun, y se reproduce tal como sale en el papel.

La tabla de idoneidad de agentes extintores de la NTP 536 del INSST pone la regla en una nota: «en presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado». El agua conduce la corriente, de modo que queda descartada. El polvo polivalente ABC sí es apto y es el extintor de uso general en los centros. El ácido sulfúrico no es ningún agente extintor —es un producto corrosivo—, y como el polvo polivalente sí sirve, tampoco puede ser cierta la respuesta que descarta todas las anteriores.

El colchón de aire, que el módulo de higiene del medio hospitalario del IOC llama también colchón antiescaras, consta de tubos que un compresor infla y desinfla alternativamente cada pocos minutos: «de este modo se evita que los puntos de presión del paciente encamado estén localizados siempre en la misma zona del cuerpo […]. Esto evita la aparición de las UPP». Es, pues, una superficie especial para el manejo de la presión, de las que el plan de cuidados de prevención de lesiones por presión del ICS describe como material complementario a los cambios posturales. Los ácaros, las quemaduras y los eccemas alérgicos no tienen nada que ver con el mecanismo de este colchón, que es redistribuir la presión.

El módulo de operaciones administrativas y documentación sanitaria del IOC define el material fungible como el «que se consume con el uso», y lo contrapone al material inventariable, que es el de larga duración o de carácter definitivo. La respuesta correcta reproduce esa definición. Las dos respuestas que hablan del contacto con el sistema vascular o con la piel describen otra clasificación, la de Spaulding, que ordena el material en crítico, semicrítico y no crítico según el riesgo de infección: es una clasificación de tratamiento (esterilización o desinfección), no de consumo.

El contenido funcional de la categoría en el Pacto de la Mesa sectorial de sanidad del ICS empieza con «controlar las dependencias, así como las personas que acceden al centro, informándolas. Custodiar el material, mobiliario e instalaciones». Informar a quien accede al centro y custodiar el material, el mobiliario y las instalaciones son, pues, dos funciones propias de la categoría, y por eso la única respuesta posible es la que las agrupa. La programación de quirófanos no lo es: el Pacto atribuye al celador la recepción, la atención y la programación de usuarios y, en el quirófano, las tareas que le encomiende el personal del servicio bajo su supervisión, que no es lo mismo que programar el parte quirúrgico.

El Pacto de la Mesa sectorial de sanidad del ICS redacta esta función con dos cautelas: «colaborar, con supervisión, en las tareas de higiene personal a los pacientes cuando sea necesario». La supervisión del personal sanitario es, pues, la condición, y por eso no es ni «siempre» ni «nunca». El número de celadores presente no tiene ningún papel: lo que el Pacto exige es la supervisión, no una segunda persona de la categoría.

Ambas tareas son del contenido funcional de la categoría según el Pacto de la Mesa sectorial de sanidad del ICS: «recoger, trasladar y si procede, objetos, aparatos o mobiliario que se solicite» y «tareas relacionadas con almacén y lencería». Como el Pacto recoge las dos, la respuesta correcta es la que hace ambas, y caen tanto la que lo niega todo como las dos que eligen solo una. El Pacto cierra la lista con una función abierta —cualquier otra tarea del contenido funcional encomendada por el superior jerárquico o funcional—, de modo que la petición de la unidad de lencería queda plenamente dentro de las funciones.

El preámbulo de la Ley 8/2007, del Institut Català de la Salut, enumera los valores en que se fundamenta la actuación de la empresa pública: «la competencia de sus profesionales, unas condiciones de trabajo adecuadas, la calidad como factor distintivo de excelencia de los servicios, la innovación, el respeto, la humanización y la ética en la atención a los pacientes y usuarios, la responsabilidad, la confidencialidad, la integridad, la equidad, la responsabilidad social, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género». Tres de las respuestas aparecen literalmente. Los períodos de descanso no: son un derecho del personal reconocido por el artículo 17.1.g) de la Ley 55/2003 y regulados en los artículos 50 a 58, pero no forman parte de la lista de valores de la Ley del ICS.

La lista de deberes del personal estatutario es el artículo 19 de la Ley 55/2003, y su letra ñ) obliga a «ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud». La respuesta correcta lo reproduce. Las otras tres son derechos, no deberes, y viven en el artículo 17: la percepción puntual de las retribuciones es la letra b), la actividad sindical forma parte de los derechos colectivos del artículo 18 y disponer de servicios de prevención y de órganos de representación en seguridad laboral enlaza con el derecho del artículo 17.1.d) a la protección eficaz en materia de seguridad y salud. La trampa es que todas están bien escritas: lo que cambia es si el artículo donde viven es el 17 o el 19.

El II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad del ICS publica, para el personal de gestión y servicios y del área sanitaria de formación profesional, la tabla de tiempo mínimo de servicios prestados por nivel de carrera: 5 años o más para el nivel 1, 11 o más para el nivel 2, 18 o más para el nivel 3 y 25 o más para el nivel 4. La respuesta correcta reproduce la cifra del tercer nivel. Los once años son la del segundo, y los trece y los quince no aparecen en la tabla. El III Acuerdo de 2024 mantiene esta escala y lo que cambia es qué cuenta como tiempo trabajado.

El II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad del ICS reparte para el personal de gestión y servicios un máximo de 120 créditos entre cuatro factores —actividad 75, formación 20, docencia, investigación y otros 5, y compromiso con la organización 20— y publica la puntuación mínima que hay que reunir para cada nivel: 35 créditos para el nivel 1, 50 para el nivel 2, 60 para el nivel 3 y 80 para el nivel 4. La respuesta correcta reproduce la cifra del segundo nivel. Los 15 y los 25 créditos no aparecen en esa tabla, y los 40 tampoco: el umbral siguiente hacia arriba es el de 60.

El artículo 50 de la Ley 55/2003 dice literalmente: «siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a 15 minutos», y añade que el momento de disfrutarlo se supedita al mantenimiento de la atención de los servicios. La cifra es, pues, quince minutos; diez, veinte y treinta no aparecen en este artículo. Conviene no confundir esta pausa con el descanso diario entre jornadas del artículo 51, que es de doce horas ininterrumpidas.

El artículo 72.1 de la Ley 55/2003 abre el régimen disciplinario con una frase: «las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves». Son tres escalones, y la respuesta correcta los enumera los tres. Las otras tres respuestas dejan fuera alguno o se inventan una categoría —«gravísimas»— que la ley no conoce. El artículo sigue con el catálogo de cada escalón en los apartados 2, 3 y 4, y cierra con los plazos de prescripción del apartado 6: cuatro años las muy graves, dos las graves y seis meses las leves.

El título I del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público delimita el ámbito de aplicación, y el artículo 5 abre una excepción con nombre propio: «el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto». Es el único de los cuatro colectivos del enunciado que no entra siempre. Los otros tres son ámbito general del artículo 2.1: las administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, los organismos públicos, agencias y entidades de derecho público vinculados o dependientes, y las universidades públicas.

El capítulo IV de la Ley 55/2003 se titula «derechos y deberes» y separa los derechos en dos artículos: el artículo 17, «derechos individuales», con la lista que va de la estabilidad en el empleo a la acción social, y el artículo 18, «derechos colectivos», con la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga, la reunión y la participación. La respuesta correcta reproduce esa división. Las parejas «generales y específicos», «generales e individuales» y «colectivos y específicos» mezclan etiquetas que la ley no usa para clasificar los derechos del personal estatutario.

La carrera profesional del II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad del ICS se reconoce y se retribuye en cuatro niveles: la tabla de créditos mínimos por nivel del personal de gestión y servicios va del nivel 1 al nivel 4 (35, 50, 60 y 80 créditos) y la de tiempo de servicios, de 5 años o más a 25 o más. Por eso la respuesta correcta es la de cuatro. Conviene saber de dónde viene la confusión: la tabla de importes imprime además una fila «0» para quien tiene menos de cinco años de servicios, que no es ningún nivel reconocido sino la ausencia de nivel, y es la que hace que en algún punto el texto hable de cinco filas. El III Acuerdo de 2024 mantiene la estructura de cuatro niveles.

El artículo 62.1 de la Ley 55/2003 enumera seis situaciones administrativas del personal estatutario fijo: servicio activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, excedencia por servicios en el sector público, excedencia voluntaria y suspensión de funciones. La respuesta correcta reproduce exactamente esas seis. Las otras tres fallan por el mismo lado: ponen la jubilación, que no es una situación administrativa sino una causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo (artículo 21.e), y alguna deja fuera los servicios bajo otro régimen jurídico o habla de una «excedencia» genérica cuando la ley distingue dos.

El permiso por nacimiento de la madre biológica del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público cierra con una regla que la respuesta correcta reproduce: durante el disfrute de este permiso se puede participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Las otras dos respuestas parciales no cuadran con la ley. El permiso no es improrrogable: se amplía dos semanas más en caso de discapacidad del hijo y una por cada hijo a partir del segundo en parto múltiple, y aún más si el neonato queda hospitalizado. Y las semanas de descanso obligatorio inmediatamente posteriores al parto son seis, no cinco. Como dos de las tres respuestas parciales son falsas, tampoco puede ser cierta la que las da todas por buenas. Precisión de hoy: la redacción vigente sitúa la participación en cursos «una vez finalizado el período de descanso obligatorio», y el permiso ya no se llama «por parto» sino «por nacimiento para la madre biológica».

El celador no decide nunca si se cede o no un dato clínico: el artículo 11.6 de la Ley 21/2000 lo sujeta al deber de secreto sobre todo aquello a lo que acceda, y el contenido funcional de la categoría en el Pacto de la Mesa sectorial de sanidad del ICS lo sitúa bajo la dirección de su jefe superior. A la vez, la confidencialidad no es un muro absoluto: el derecho 4.1.2 de la Carta de derechos y deberes admite excepciones objetivadas, y el Reglamento general de protección de datos permite el tratamiento cuando es necesario para cumplir una obligación legal del responsable. La conducta correcta es, pues, la que ni niega ni entrega nada por su cuenta: pedir la solicitud por escrito con el número de diligencias y trasladarla a la dirección, que es quien puede valorarla. Por eso caen la que facilita la información inmediatamente, la que la niega en todo caso y la que hace depender de una autorización del paciente una petición que puede venir amparada por una obligación legal.

El preámbulo de la Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria la define con estas palabras: «se constituye como un contrato social entre las personas y el sistema, que configura un marco de relación en el que se define qué esperan las personas del sistema sanitario (derechos) y cómo estas se comprometen como agentes activos y centrales de este (deberes)». La respuesta correcta la reproduce. Las otras tres la reducen a una sola cara: no es el formulario de las reclamaciones escritas, ni un documento solo de obligaciones de los profesionales, ni un documento solo de obligaciones de los usuarios. Precisamente lo que la Carta hace es poner derechos y deberes de las dos partes en un mismo texto.

El artículo 39.1 del Reglamento general de protección de datos lista las funciones del delegado de protección de datos, y su letra c) es exactamente la del enunciado: «ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35». Las otras tres respuestas atribuyen la función a quien no la tiene: la Autoridad Catalana de Protección de Datos es la autoridad de control, con la que el delegado coopera y ante la que actúa como punto de contacto (artículo 39.1.d y e), y ni la persona responsable de seguridad ni la asesoría jurídica tienen encomendada esa función por el Reglamento.

El preámbulo de la Carta de derechos y deberes lo dice así: «la mayor parte de los derechos son de aplicación a todos los ámbitos de atención sanitaria y tienen trascendencia en la relación ciudadanía-sistema sanitario, con independencia de la naturaleza pública o privada de este sistema», y añade que solo unos pocos derechos se refieren exclusivamente a los servicios públicos, los ligados al catálogo de prestaciones públicas. El alcance es, por tanto, todos los servicios sanitarios, sea cual sea el nivel y la titularidad. Por eso caen la que la limita a la atención primaria, la que la limita a los servicios de titularidad pública y la que deja fuera las urgencias.

El derecho 4.1.2 de la Carta de derechos y deberes delimita quién puede acceder a los datos: «el acceso a los datos solo lo pueden tener aquellos profesionales sanitarios relacionados directamente con la atención de la persona, y no se pueden facilitar a otros profesionales o familiares o personas vinculadas sin la autorización de la persona interesada». La respuesta correcta lo reproduce. Por eso no accede cualquier profesional sanitario de primaria por el solo hecho de serlo, ni los familiares directos sin autorización de la persona titular, y como esas dos son falsas tampoco puede ser cierta la que las da todas por buenas. La Ley 21/2000 añade el mismo criterio para el personal de administración y gestión, que accede solo a lo relacionado con sus funciones.

El artículo 12.4 de la Ley 21/2000 fija un núcleo de documentos que deben conservarse «como mínimo durante quince años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial», y enumera las hojas de consentimiento informado, los informes de alta, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los datos de anestesia, los informes de exploraciones complementarias, los de necropsia y los de anatomía patológica. Los tres documentos del enunciado están ahí. Los cinco años del apartado 12.6 son el plazo del resto de documentación, la que no forma parte de ese núcleo, y que puede destruirse una vez transcurrido. Tampoco es cierto que la conservación llegue hasta la defunción ni que dependa del criterio del profesional: lo que la ley deja al criterio clínico, por la vía del apartado 12.7, es conservar más allá del mínimo, no menos.

El artículo 12.1 de la Ley 21/2000 lo dice en una frase: «la responsabilidad de custodiar la historia clínica recae en la dirección de los centros sanitarios, o bien en los profesionales sanitarios que llevan a cabo su actividad de manera individual». En un centro, pues, la responsable es la dirección. No lo es el médico que atiende a la persona, ni el personal no sanitario —que accede solo a los datos relacionados con sus funciones, artículo 11.4—, ni el paciente, que es titular de la información y tiene derecho de acceso (artículo 13) pero no la custodia del documento. El apartado 12.9 añade que quien custodia es también quien debe destruir correctamente lo que se haya decidido expurgar.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se llama literalmente «Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud» y su artículo 1 le da por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud. Esa es la norma que busca el enunciado. El Estatuto Básico del Empleado Público es el marco general de la función pública y se aplica al personal estatutario de manera supletoria; los Estatutos del ICS (Decreto 13/2009) organizan una empresa pública concreta, y la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias regula el ejercicio de las profesiones, no la relación estatutaria.

La formación continuada sale dos veces en la Ley 55/2003 y en dos cajones distintos. El artículo 17.1.c) la reconoce como derecho: «a la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones». Y el artículo 19.c) la impone como deber: «mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios facilitarán el desarrollo de actividades de formación continuada». Es, pues, las dos cosas a la vez, y no depende ni de la voluntariedad ni de que haya promoción profesional de por medio.

Las tres respuestas parciales son tres letras consecutivas del artículo 19 de la Ley 55/2003, que es la lista de deberes del personal estatutario: ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud (letra ñ), utilizar los medios, instrumental e instalaciones en beneficio del paciente con criterios de eficiencia y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceros (letra k) y cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa (letra l). Como las tres están, la única respuesta posible es la que las da por ciertas.

El artículo 2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece un ámbito general que abarca la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y locales, los organismos públicos y las universidades públicas, y su apartado 3 incluye expresamente al personal estatutario de los servicios de salud, que se rige «por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas […] y por lo previsto en el presente Estatuto». El apartado 4 remata que, cuando el Estatuto habla de personal funcionario de carrera, se entiende comprendido el personal estatutario. Por eso es falsa la respuesta que lo excluye y lo son también las dos que reducen el ámbito a una sola administración.

El II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad del ICS exige, como requisito general de acceso a los niveles de carrera profesional, «tener un nombramiento estatutario fijo […] y estar en situación de servicio activo» durante todo el período de presentación de solicitudes, y acreditar los años de servicios prestados de la tabla. Ninguna de las tres respuestas parciales cuadra: el nombramiento debe ser fijo, no temporal —el personal interino solo entra por una puerta excepcional con cinco años de servicios efectivos y continuados—; la situación debe ser la de servicio activo, no cualquiera de las situaciones administrativas previstas; y los años que cuentan son los de servicios prestados en el ICS en el grupo profesional de la categoría, no dos años como personal de la Administración de la Generalitat. Por eso la respuesta correcta es la que las descarta todas.

El artículo 2.1 del Real Decreto 773/1997 define el equipo de protección individual como «cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin». La respuesta correcta le pone el nombre. Las otras tres son conceptos de otro orden: un equipo de trabajo es la máquina o la herramienta con que se trabaja (RD 1215/1997), las condiciones de trabajo son las características del trabajo que pueden influir en la salud (artículo 4.7 de la Ley 31/1995) y un conjunto de medidas disciplinarias no tiene ninguna relación con la protección frente a un riesgo.

El artículo 29.2 de la Ley 31/1995 enumera las obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva, y las tres respuestas parciales son tres puntos casi literales: usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo con sus instrucciones, cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras, y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes y no ponerlos fuera de funcionamiento. Como las tres están, la única respuesta posible es la que las da por ciertas. El artículo 29.3 añade que incumplir esas obligaciones es incumplimiento laboral a los efectos del artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

La copia oculta es exactamente eso: una copia que el resto de destinatarios no ve. La ayuda oficial de Microsoft describe el campo CCO como el de la copia de carbón oculta, y lo que lo distingue del campo de copia normal es que las direcciones que se ponen ahí no aparecen en la cabecera que reciben los demás destinatarios. Los destinatarios en copia oculta reciben el mensaje entero, cuerpo incluido, y ven al remitente como cualquier otro: por eso caen las dos respuestas que les ocultan el remitente o el cuerpo del mensaje. Y tampoco hace falta ninguna autorización del resto de destinatarios. En organizaciones sanitarias la copia oculta es, además, la manera correcta de enviar un correo colectivo sin revelar las direcciones de los demás.

Una dirección de correo electrónico es, según el apartado 3.4.1 del RFC 5322, una parte local, el carácter @ y un dominio de Internet, en ese orden. Si el dominio es gencat.cat, la forma correcta es el nombre de la persona usuaria, la arroba y gencat.cat. Las otras tres rompen el orden o el dominio: una pone el dominio a la izquierda de la arroba, otra no tiene arroba y la tercera añade un sufijo que no forma parte del dominio corporativo de la Generalitat.

La competencia C3 del ACTIC, navegación y comunicación en el mundo digital, distingue los buscadores —«los buscadores y sus funciones»— del resto de servicios de Internet. De las cuatro direcciones del enunciado solo una es un buscador web; las otras tres son servicios de otra naturaleza: un servicio de almacenamiento de archivos en la nube, un servicio de correo electrónico y una tienda de aplicaciones. Para buscar información sobre los hospitales de Cataluña, pues, hay que ir al buscador.

Un documento de Excel es un libro, y un libro contiene hojas de cálculo que se pueden insertar y eliminar: la ayuda oficial de Microsoft explica cómo añadirlas y quitarlas, de modo que el número no es fijo ni es siempre uno. Las hojas, además, se pueden relacionar entre sí con referencias que llevan el nombre de la hoja delante de la celda, que es lo que permite que una fórmula de una hoja lea datos de otra. Por eso la respuesta correcta es la que dice ambas cosas. La idea de que siempre son tres viene del número de hojas que algunas versiones antiguas creaban por defecto, que es una preferencia, no una limitación.

Un tipo de letra o fuente es el diseño del juego de caracteres que se elige en el cuadro de nombre de fuente de Word, como describe la ayuda oficial de Microsoft: Arial, Times New Roman y Verdana lo son. Escribir en mayúsculas no es ningún tipo de letra: es un efecto o una transformación que se aplica al texto ya escrito y que se puede quitar sin cambiar la fuente, y de hecho convive con cualquiera de ellas. Por eso la respuesta correcta es la que nombra las mayúsculas.

Para cambiar el formato con el que se guarda un archivo hay que pasar por el diálogo de guardar como, que es donde está la lista de tipos de archivo: la ayuda oficial de Microsoft para Excel explica que para guardar un libro con otro formato —por ejemplo el de una versión anterior del programa— se abre ese diálogo y se elige el formato en la lista. La orden de guardar sin más reescribe el archivo en el formato que ya tenía, de modo que no sirve, y no existe ninguna orden que se llame transformar. Tampoco es cierto que la conversión sea imposible: lo que puede ocurrir es que al guardar con el formato antiguo se pierdan funciones o formatos que ese formato no conoce, y el comprobador de compatibilidad lo avisa.

Los filtros de número de Excel ofrecen comparadores literales, y el enunciado pide uno concreto: ver solo las celdas con un valor superior a 10.000. El comparador que hace exactamente eso es el de «mayor que». El de «mayor o igual que» incluiría también las celdas que valen exactamente 10.000, que el enunciado no pide; el de «no es igual a» dejaría pasar cualquier valor distinto de 10.000, también los más pequeños; y el de «entre 1 y 10.000» haría justamente lo contrario de lo que se quiere. La ayuda oficial de Microsoft describe esa lista de filtros de número en el menú de filtro de la columna.

La distancia entre el borde de la hoja y donde empieza el texto es el margen: la ayuda oficial de Microsoft para Word explica que los márgenes se cambian desde la pestaña de disposición, eligiendo una configuración predefinida o escribiendo medidas propias. Las otras tres herramientas actúan sobre el texto, no sobre la página: los tabuladores fijan paradas dentro de la línea, el interlineado es el espacio vertical entre líneas y la alineación decide a qué margen se ajusta el texto —pero sin mover el margen mismo. La sangría también desplaza el texto respecto del margen, pero el enunciado habla de la distancia desde el borde de la hoja, que es el margen.

La ayuda oficial de Microsoft para Outlook explica que los archivos que llegan con un mensaje se guardan con la orden de guardar los datos adjuntos, que permite elegir la carpeta de destino, y que cuando hay más de uno se pueden guardar todos a la vez. Guardar sin más y guardar como son órdenes del documento abierto, no del mensaje recibido, y por tanto no son el camino para extraer un adjunto de la bandeja de entrada. Y evidentemente es falso que un archivo de imagen no se pueda guardar: el mismo artículo explica también que se pueden arrastrar del mensaje al escritorio.

Para cambiar el formato de un texto ya escrito hay que seleccionarlo primero: la ayuda oficial de Microsoft para Word lo repite en cada operación de formato —«selecciona algo de texto y, a continuación, […] elige un tamaño en la lista desplegable»—. Por eso las dos respuestas que solo colocan el cursor al principio o al final del párrafo no cambian su tamaño: aplicarían el tamaño nuevo a lo que se escribiese a partir de ese punto. Y es falso que dentro de una misma sección solo pueda haber un tamaño de letra: el tamaño es formato de carácter y puede cambiar palabra a palabra.