Examen oficial de Auxiliar administrativo/a del ICS de 2016, promoción interna, resuelto y explicado

En Outlook una cita es un elemento del Calendario: se crea desde la carpeta del calendario, con un asunto, una ubicación y una hora de inicio y de fin, y bloquea ese tramo de la agenda; si además se convoca a asistentes, el elemento pasa a ser una reunión. Las tareas son elementos de la lista de pendientes, los contactos son fichas de la libreta de direcciones y las notas son apuntes sueltos: ninguno de esos tres reserva tiempo en la agenda.

Cuando un acto ya es firme en vía administrativa —porque ha pasado el plazo para recurrirlo sin hacerlo— los recursos ordinarios ya no caben: el artículo 113 de la Ley 39/2015 dice que contra los actos firmes en vía administrativa solo procede el recurso extraordinario de revisión, y el artículo 125.1 enumera sus cuatro causas tasadas (error de hecho que resulte del propio expediente, aparición de documentos esenciales posteriores, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme y prevaricación o conducta punible declarada por sentencia). La alzada y la reposición tenían un mes de plazo desde la notificación y ese plazo ya había pasado; y decir que no cabe recurso alguno es falso, porque precisamente esa vía extraordinaria sigue abierta.

La definición es literal del artículo 70.1 de la Ley 39/2015: el expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, más las diligencias encaminadas a ejecutarla. El mismo artículo, en su apartado 4, excluye expresamente del expediente la información auxiliar o de apoyo —la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos, las notas, los borradores, los resúmenes, las comunicaciones y los informes internos o entre órganos— y los juicios de valor emitidos por la Administración, salvo los informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución. Por eso las otras tres respuestas describen justamente lo que NO forma parte del expediente.

La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo —período de prueba incluido—, se mantiene durante todo el tiempo en que la persona está en alta o presta servicios y solo se extingue con la solicitud en regla de la baja: lo dice el artículo 144 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, y el artículo 141 recuerda que están obligados tanto la empresa como la persona trabajadora. Las otras respuestas invitan a pensar que la cotización se detiene cuando no se trabaja efectivamente, y es al revés: el mismo artículo 144 declara que la obligación continúa durante la incapacidad temporal y durante el nacimiento y cuidado del menor. Los quince últimos años de vida laboral no son ninguna regla de cotización, sino el período que históricamente se ha usado para calcular la base reguladora de la jubilación.

Un navegador es el programa que pide páginas a un servidor web y las muestra —Edge, Firefox y Chrome lo son—, y las competencias ACTIC lo describen como la herramienta para acceder a una web escribiendo la dirección en la barra de direcciones. Adobe no es un navegador: es la empresa del formato PDF, y el programa que se conoce por ese nombre, Acrobat Reader, es un lector de documentos PDF. Que un navegador moderno pueda abrir un PDF no convierte al lector de PDF en navegador.

El artículo 29.2 de la Ley 55/2003 dice que las plazas de personal estatutario se proveen por los sistemas de selección de personal, de promoción interna y de movilidad, además del reingreso al servicio activo; y el artículo 37.2 precisa que los procedimientos de movilidad voluntaria se resuelven por el sistema de concurso, con convocatoria pública. Un concurso de traslado es, pues, movilidad. La selección abre plazas a quien todavía no es personal fijo de la categoría, la promoción interna permite pasar a una categoría de un grupo superior y la carrera profesional no es un sistema de provisión de plazas sino el reconocimiento del desarrollo profesional.

La clasificación económica del gasto de los presupuestos de la Generalitat sitúa en el capítulo 2, «Gastos corrientes de bienes y servicios», todo el consumo de bienes y servicios necesario para el funcionamiento ordinario, y es donde van los suministros —el material sanitario, el fungible, los reactivos—. El capítulo 1 es el de remuneraciones del personal, el capítulo 4 el de transferencias corrientes (entregas sin contraprestación para financiar gasto corriente ajeno) y el capítulo 6 el de inversiones reales, que es donde iría el equipamiento inventariable, no el consumible. La estructura del presupuesto por clasificación orgánica, funcional, económica y por programas la fija el artículo 30.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

El artículo 12.4 de la Ley 21/2000 fija un núcleo de documentación que debe conservarse como mínimo quince años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial, e incluye expresamente los informes de alta, junto con las hojas de consentimiento informado, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los datos de anestesia, los informes de exploraciones complementarias, los de necropsia y los de anatomía patológica. El resto de documentación de la historia clínica sí puede destruirse pasados cinco años desde el alta del proceso (artículo 12.6), y por eso ese plazo no es el de los informes de alta. Tampoco es cierto que no puedan destruirse nunca: la ley fija un mínimo, no una conservación perpetua, sin perjuicio de lo que deba guardarse por razones asistenciales, epidemiológicas, de investigación o judiciales.

La disposición adicional decimotercera del texto refundido del Estatuto básico del empleado público es literal: las administraciones pueden establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, e incrementarlos, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. La norma no pone ningún techo en el número de trienios, de modo que la formulación que detiene el cómputo en el décimo trienio añade un límite que no existe; la que niega cualquier incremento contradice directamente la disposición, y la que adelanta el primer devengo al quinto trienio cambia la cifra del texto legal.

Para cambiar el formato de un texto que ya está escrito hay que seleccionarlo primero y después aplicarle el formato: es lo que describe la ayuda de Microsoft para dar formato a un documento de Word. Con el texto seleccionado, el icono de cursiva —la K de la barra de formato, junto a la N de negrita y la S de subrayado— pone en cursiva exactamente lo que se ha seleccionado. Situar el cursor al principio o al final del texto sin seleccionarlo no cambia su formato: solo afecta a lo que se escriba a partir de ese punto. Y pulsar el icono de negrita pondría el texto grueso, que no es lo que pide el enunciado.

Una formación impartida por una empresa externa es la compra de un servicio, y la clasificación económica del gasto la lleva al capítulo 2, «Gastos corrientes de bienes y servicios», que recoge todo el consumo de bienes y servicios necesario para el funcionamiento ordinario, trabajos realizados por empresas externas incluidos. No va al capítulo de remuneraciones del personal, porque no se retribuye a nadie de la plantilla; no es una transferencia corriente, porque hay contraprestación —un servicio recibido—; y no es inversión real, porque no incorpora ningún elemento al patrimonio. La estructura del presupuesto por clasificación económica la fija el artículo 30.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

Las retribuciones básicas del personal estatutario —sueldo, trienios y pagas extraordinarias— son iguales en todos los servicios de salud y sus cuantías se determinan cada año en las leyes de presupuestos, que además deben coincidir con las que la ley de presupuestos generales del Estado fija para los funcionarios públicos: lo dice el artículo 42.2 de la Ley 55/2003. Ni una publicación intersindical ni un plan de ordenación de recursos humanos pueden fijar cuantías retributivas, y la Ley 8/2007 del ICS regula el ente, no el importe del sueldo.

Moodle es una plataforma web: el curso se aloja en un servidor y el alumno entra con un navegador, que es el único programa que hace falta aparte del sistema operativo —y es lo que permite hacerlo tanto desde casa como desde el trabajo—. Una hoja de cálculo, un gestor de bases de datos o un procesador de textos solo hacen falta si una actividad concreta pide abrir o entregar un fichero de ese tipo, y el lector de PDF, igual: ninguno de los tres es el requisito mínimo para acceder al curso.

El espacio del buzón es limitado y su organización es de quien lo usa: la ayuda de Microsoft explica que, cuando se acerca al límite, hay que vaciarlo borrando los mensajes antiguos o los más grandes y las carpetas de elementos eliminados y enviados, y que si se llena del todo se dejan de recibir correos. Desentenderse es, por tanto, la manera segura de perder mensajes; borrar los correos de las dos últimas semanas es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, porque elimina lo más reciente y deja lo que ocupa espacio desde hace años; y el servicio de informática no puede decidir qué mensajes de un buzón ajeno son prescindibles ni debe entrar en él para hacerlo.

El permiso por nacimiento de la madre biológica dura dieciséis semanas y las seis inmediatamente posteriores al parto son, en todo caso, de descanso obligatorio e ininterrumpido: lo dice el artículo 49.a) del texto refundido del Estatuto básico del empleado público, que el día de la prueba lo decía con las mismas seis semanas bajo el nombre de permiso por parto. Por eso no se puede volver al trabajo antes, por mucho que la persona lo quiera. Ni la incorporación libre en cualquier momento ni los plazos de doce o dieciséis semanas obligatorias responden a la norma: las dieciséis semanas son la duración total del permiso, no la parte de descanso forzoso.

Quien concurre a un concurso y discute su puntuación es titular de un interés legítimo individual y, por tanto, es persona interesada en el procedimiento: el artículo 4.1 de la Ley 39/2015 considera interesados a los titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, y el artículo 112.1 dice que los recursos los pueden interponer los interesados. No hace falta, pues, ningún sindicato ni ninguna reclamación colectiva: la representación sindical es una vía posible, no la única, y la impugnación individual de un acto de un proceso selectivo es el caso típico de legitimación.

La extensión xlsx es la del libro de trabajo de Excel en formato XML abierto, que es el formato de guardado predeterminado de la hoja de cálculo según la ayuda de Microsoft: no tiene nada que ver con el sonido. Las otras tres extensiones sí son de audio —wav es el audio sin compresión de Windows, mp3 el formato comprimido más extendido y wma el audio de Windows Media—, de modo que la única que hay que dejar fuera de la descarga es la de la hoja de cálculo.

El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 es literal: toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se haya dictado el acto, y debe contener el texto íntegro de la resolución, si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo para interponerlos. Los cinco y los quince días no son plazos de este trámite, y los dos meses que aparecen en el enunciado no son el plazo para cursar la notificación sino, en otros preceptos, plazos máximos de resolución.

En Excel toda fórmula empieza con el signo igual y los operadores se aplican a las referencias que se escriben, de modo que sumar las cuatro celdas encadenándolas con el signo más da el resultado pedido. Las otras tres propuestas fallan por motivos distintos: una no lleva el signo igual —sería texto— y, además, incluiría la propia celda del resultado dentro del rango, lo que crearía una referencia circular; otra usa el punto y coma, que separa argumentos independientes y, por tanto, sumaría solo las dos celdas citadas; y la que encadena solo la primera y la última deja fuera las dos del medio.

PAO es la prescripción de un artículo ortoprotésico: el documento del CatSalut que describe el proceso lo dice con esas palabras y añade que es un acto médico dirigido a pacientes no hospitalizados, previo siempre a la dispensación, que debe hacer un médico o médica del sistema sanitario integral de utilización pública y que el paciente tramita en la unidad tramitadora del centro. La prescripción de oxigenoterapia domiciliaria existe, pero es otra prestación y no se llama así; y ni el «programa de atención ortopédica» ni la «prestación ortopédica sanitaria» son denominaciones del catálogo del CatSalut.

Times New Roman es un tipo de letra —una fuente—, y lo que pide el encargo es aplicarlo al texto del acta; la ayuda de Word agrupa justamente la fuente, el tamaño y el estilo de letra como las herramientas básicas de formato de carácter. Un estilo de Word es otra cosa: un conjunto de formato con nombre (que puede incluir una fuente, pero no es la fuente); un índice es la tabla que recoge los títulos del documento y los sitúa en la página donde están; y el pie de página es el espacio inferior que se repite en cada hoja.

La libre elección se ejerce sobre el equipo de atención primaria, y el CatSalut advierte de que cambiar de centro arrastra toda la organización asociada: desde el nuevo equipo lo enviarán «als especialistes o serveis de suport (com per exemple, anàlisis clíniques, diagnòstic per la imatge, salut mental, atenció a la salut sexual i reproductiva) que corresponguin organitzativament a aquest equip escollit». Por eso el señor Mateu pasará a los especialistas de referencia del nuevo EAP: no es una decisión que puedan autorizar la dirección del antiguo centro ni la del nuevo, sino una consecuencia organizativa del cambio, y es una de las cosas que hay que explicar antes de tramitarlo.

La fecha de una visita es un dato de salud de la persona atendida, y su confidencialidad no depende de quién la pida ni de cuántos datos administrativos sepa: el artículo 7.1 de la Ley 41/2002 reconoce el derecho a que nadie acceda a los datos de salud sin autorización amparada por la ley, y el artículo 11.6 de la Ley 21/2000 somete al deber de secreto a todo el que accede a ellos por razón del trabajo. Conocer el CIP, el DNI, la dirección y el teléfono no es ninguna autorización —son datos que un familiar sabe de memoria— y tampoco lo es saber el número de paciente. Que el dato sea «solo una fecha» no lo saca del historial: revela que la persona tiene una visita programada en ese servicio.

La regla es una excepción escrita dentro de la definición del contrato de suministro: comprar equipos y programas informáticos es suministro, pero «los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán contratos de servicios». Lo decía el artículo 9.3.b) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, vigente el día de la prueba, y lo sigue diciendo con las mismas palabras el artículo 16.3.b) de la Ley 9/2017, de modo que la respuesta sigue siendo buena hoy. Un contrato de obras tiene por objeto una obra o una construcción, y la colaboración público-privada era una figura pensada para operaciones complejas de larga duración, hoy desaparecida de la ley de contratos.

Firmar electrónicamente un documento no es estampar en él una imagen de la firma de papel: hace falta un certificado electrónico que vincule la identidad de quien firma con unas claves criptográficas. El artículo 10.2 de la Ley 39/2015 admite ante las administraciones los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados, y el Reglamento europeo eIDAS define el certificado cualificado y da a la firma cualificada el mismo efecto jurídico que a la manuscrita. Una firma escaneada es solo una imagen, un lector de huellas sirve para desbloquear el dispositivo o para autenticarse, no para firmar el documento, y enviar una fotocopia del DNI por correo no firma nada.

El artículo 18.4 de la Ley 41/2002 abre el acceso a la historia clínica de una persona fallecida a las personas vinculadas a ella por razones familiares o de hecho, y pone tres límites: la prohibición expresa del fallecido debidamente acreditada, la información que afecte a su intimidad o a las anotaciones subjetivas de los profesionales, y la que perjudique a terceros. La Ley orgánica 3/2018 ha añadido la misma lógica en materia de protección de datos. La respuesta del tribunal es la que recoge vínculo familiar o de hecho con esas limitaciones; por eso no puede reducirse el acceso a un grado de parentesco concreto ni a quien el fallecido hubiese autorizado previamente, y una relación de amistad, sin vínculo de hecho acreditado, no da derecho.

El PDF es el formato de documento portátil creado por Adobe y el programa que lo lee es Acrobat —Acrobat Reader es el lector gratuito oficial—, de modo que es el que hace falta para abrir un fichero con esa extensión. El procesador de textos, la hoja de cálculo y el gestor de bases de datos trabajan con sus propios formatos: pueden exportar a PDF, pero no son el programa con el que se abre. Hoy cualquier navegador también incorpora un visor de PDF, lo que no cambia la respuesta.

El artículo 67.1.c) de la Ley 55/2003 lo resuelve de forma muy concreta: procede declarar de oficio en excedencia voluntaria al personal estatutario que, finalizada la causa que lo llevó a una situación distinta de la de activo, incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo dentro del plazo que fije cada servicio de salud. No es, por tanto, una renuncia a la condición de estatutario fijo —la pérdida de esa condición tiene sus propias causas—, ni unos servicios especiales, que son una situación que se concede para ejercer determinados cargos, ni una suspensión de funciones, que solo se impone por sentencia o por sanción disciplinaria. Conviene recordar que esa excedencia declarada de oficio conlleva dos años de permanencia mínima.

Reenviar un mensaje recibido lo traslada entero, con el fichero adjunto incluido, a quien se elija: es exactamente lo que describe la ayuda de Outlook y el único camino que distribuye el documento en un solo paso y sin volver a adjuntarlo. Responder envía el mensaje a quien lo había enviado, no a los compañeros; crear un correo nuevo y adjuntar el fichero también funciona pero obliga a guardar el adjunto y a volver a adjuntarlo, que es más trabajo para el mismo resultado.

La opción lingüística es de la persona: la Ley 1/1998 reconoce a todos el derecho a expresarse y a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, y el artículo 15.3 de la Ley 39/2015 obliga a la Administración instructora a traducir al castellano los documentos dirigidos a los interesados que lo soliciten expresamente. La petición alcanza a los dos documentos porque los dos los entrega el sistema sanitario público a la persona atendida: ni la naturaleza médica del informe de alta ni el carácter administrativo del aviso de citación los sacan de esa regla. Y que el catalán sea lengua oficial no es motivo para denegar la traducción: es precisamente la cooficialidad la que hace nacer el derecho de opción.

El artículo 8.1 de la Ley 21/2000 empieza definiendo el documento de voluntades anticipadas como «el document, adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat». El destinatario es, pues, el médico o médica responsable, que es quien deberá aplicarlo; el paciente es el otorgante, no el destinatario, y el Departament de Salut solo interviene como registro voluntario del documento.

Moodle es una plataforma de código abierto para gestionar el aprendizaje en línea: en ella viven los cursos, los materiales, las actividades y el seguimiento del alumnado, y es lo que usan muchas administraciones —el ICS entre ellas— para la formación interna. No es ningún navegador (eso es el programa con el que se entra), ni ninguna función de una hoja de cálculo, ni un software pensado para crear blogs, aunque un curso puede contener blogs y foros como actividades.

La tasa por la renovación y la reposición de la tarjeta sanitaria individual la creó la Ley 2/2014 (artículo 89, que añade el capítulo XXV al texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos), y el hecho imponible es la renovación y la reposición «per causes no imputables a l'Administració, com són els casos de robatori, deteriorament o pèrdua». Por eso el caso de María se paga. La misma norma deja exentas las renovaciones periódicas que gestiona y promueve la Administración y la reposición por cambio de datos que afectan al código de identificación personal —apellidos, género o fecha de nacimiento—, tal como detalla la Resolución SLT/427/2014; y la primera tarjeta de una persona asegurada nunca ha estado sujeta a la tasa.