Examen oficial de Administrativo/a del ICS de 2016, promoción interna, resuelto y explicado

La plantilla oficial del tribunal dice que sí, que seguirá cobrando el 2.º nivel del grupo profesional de personal de apoyo. La promoción interna temporal no rompe el vínculo con la categoría de origen: el artículo 35.2 del Estatuto marco (Ley 55/2003) establece que quien la realiza «se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen» y percibe las retribuciones de las funciones efectivamente desempeñadas. Lo que ocurre con la carrera profesional lo resuelve el II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad (apartado 6, punto 8) con estas mismas palabras: cuando la promoción interna temporal supone desempeñar funciones de grupos profesionales distintos, «no es suspendrà el pagament dels nivells que es tinguessin concedits en el grup professional d'origen durant el temps en que es romangui en aquesta nova funció». Por eso no es cierta la suspensión del pago, ni el paso a cobrar un nivel de la categoría de auxiliar administrativo —que Xavier no tiene reconocido, porque la carrera se solicita y se evalúa dentro de un grupo profesional concreto—, ni ningún prorrateo entre ambas categorías. Actualización: el III Acuerdo (Resolución EMT/74/2024, DOGC 9085 de 23.01.2024) mantiene la regla y añade un matiz que en 2017 todavía no existía: quien está en promoción interna temporal puede acceder a la carrera de la categoría que desempeña y, mientras no alcance en ella un nivel que supere el importe que ya cobra, «es mantindrà la carrera professional de la categoria de la qual es promociona».

La plantilla oficial del tribunal marca los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas. No es una fórmula aproximada: es la literal del artículo 30.6, párrafo segundo, del Estatuto marco, que dice que «el acceso a la condición de personal estatutario de las personas con discapacidad se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de las pruebas de selección a las necesidades específicas y singularidades de estas personas». El mismo apartado es el que reserva un cupo no inferior al 5 % de las plazas convocadas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, que es el caso de Pere. Las demás combinaciones mezclan principios que la ley no enuncia aquí (competencia, capacidad, publicidad): la publicidad y la capacidad sí son principios del acceso al empleo público en general (art. 30.1 de la misma ley), pero el precepto sobre discapacidad no los menciona, y «no capacidad» o «no competencia» no son principios de nada.

La plantilla oficial del tribunal marca que es un servicio gratuito. La factura electrónica dirigida a las administraciones catalanas entra por el servicio e.FACT del Consorci AOC, que es el punto general de entrada de facturas electrónicas de las administraciones públicas de Cataluña, y el portal Canal Empresa de la Generalitat lo dice sin matices: «A e-FACT podeu lliurar, de forma gratuïta, tant les factures electròniques com la resta de documentació annexa». La Ley 25/2013, que es la que obliga a cada administración a disponer de un punto general de entrada (art. 6), no prevé tasa ni precio alguno por presentar allí la factura, de modo que ni el número de facturas, ni el importe de cada una, ni ninguna cuota fija tienen papel alguno. Lo que sí tiene coste es, si la empresa lo desea, la plataforma privada que contrate para generar y firmar las facturas; eso es una decisión suya y no es el servicio de entrada.

La plantilla oficial del tribunal marca la orientación a los resultados. El contrato programa entre el ICS y el Servei Català de la Salut es el instrumento que articula la prestación de servicios del ICS por cuenta del CatSalut (art. 14.1 de la Ley 8/2007), y el artículo 14.3 fija qué debe constar como mínimo: la relación de servicios y actividades con su evaluación económica, los objetivos y la financiación, los requisitos y condiciones de prestación y, de forma expresa, «els objectius, els resultats esperats, els mecanismes per a avaluar els objectius i els resultats efectivament assolits, els indicadors i el marc de responsabilitat de l'Institut Català de la Salut». Ese es el rasgo fundamental: es un contrato que compra actividad medida contra resultados, con una duración máxima de cinco años. No es, en cambio, ningún compromiso de reducir ni de aumentar gastos, ni una garantía de mayor dotación presupuestaria: la financiación sale del presupuesto de la Generalitat, no del contrato programa.

La plantilla oficial del tribunal marca los márgenes. En Word, el cuadro de diálogo «Párrafo» —el que se abre con el botón derecho sobre el texto— contiene las opciones que afectan al bloque de texto: la sangría (izquierda, derecha y de primera línea), el espaciado anterior y posterior y el interlineado y, al pie del mismo cuadro, el botón «Tabulaciones», que es donde se definen los tabuladores. Así lo describe la ayuda oficial de Microsoft «Ajustar la sangría y el espaciado». Los márgenes, en cambio, no son una propiedad del párrafo sino de la página: se fijan en la pestaña Diseño (Configurar página) con la orden «Márgenes», tal como explica la ayuda «Cambiar los márgenes», y se aplican a todo el documento o a la sección. Esa es exactamente la distinción que la pregunta busca: tres opciones de párrafo y una de página.

La plantilla oficial del tribunal marca un año. La libre elección de equipo de atención primaria está regulada hoy por la Instrucción 13/2022 del CatSalut, que mantiene la regla que ya se aplicaba en 2017: entre los condicionantes que pueden motivar la denegación de la solicitud de cambio figura, literalmente, «quan ja s'hagi dut a terme un canvi d'EAP < 1 any, si no està degudament justificat». Es decir, la puerta no se cierra para siempre —la misma frase salva el cambio justificado y, aparte, el cambio de domicilio no es una elección sino una reasignación por residencia—, pero sin justificación hay que esperar a que pase un año desde el cambio anterior. Por eso no es cierto que se pueda pedir en cualquier momento, ni que el plazo sea de seis meses, ni que no se pueda volver a pedir nunca.

La plantilla oficial del tribunal marca la consulta de datos anexados. Lo que se pide es añadir filas nuevas —las visitas de la semana— a una tabla que ya existe, sin tocar su diseño ni los datos que ya contiene. Eso es exactamente lo que hace la consulta de datos anexados: la ayuda oficial de Microsoft para Access la describe como la consulta que «se usa para agregar nuevos registros a una tabla existente mediante datos de otros orígenes», y el procedimiento consiste en crear una consulta de selección con las filas que se quieren y cambiar su tipo a «Anexar». Las demás consultas hacen cosas distintas: la de creación de tabla genera una tabla nueva (perderías la tabla del mes y te quedaría una duplicada), la de actualización modifica valores de registros ya existentes pero no crea ninguno, y la de duplicados solo sirve para localizar registros repetidos.

La plantilla oficial del tribunal marca las unidades orgánicas de todas las administraciones. DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, el inventario unificado y común a todas las administraciones públicas de las unidades orgánicas, los organismos públicos y sus oficinas. En la factura electrónica deben hacerse constar tres códigos DIR3 —oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora—, tal como recoge la página de factura electrónica del ICS, que publica el fichero para todos sus centros; la exigencia de identificar esos órganos viene del artículo 4 de la Ley 25/2013 y de la disposición adicional 32.ª de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. La clave de la respuesta es el alcance: el directorio no distingue por nivel de administración (estatal, autonómica, local) ni sirve para señalar qué entes son organismos autónomos; lo que hace es identificar de manera unívoca la unidad orgánica concreta de cualquier administración que debe recibir, tramitar y contabilizar la factura.

La plantilla oficial del tribunal marca la situación de servicios especiales. Es la única de las cuatro en que la ley reconoce el derecho a seguir percibiendo los trienios: el artículo 64.1 del Estatuto marco dice que quien está en ella «tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, al percibo de trienios y a la reserva de la plaza de origen». Las otras tres quedan fuera por motivos distintos que conviene separar. La excedencia voluntaria por interés particular es la más clara: el artículo 67.3 dice que no se devengan retribuciones ni computa el tiempo a efectos de carrera ni de trienios. La excedencia por prestar servicios en el sector público tampoco genera retribuciones mientras dura; el artículo 66.3 solo reconoce el tiempo «a efectos de trienios y carrera profesional, en su caso, cuando reingresen al servicio activo», que es cosa distinta de percibirlos. Y la excedencia por cuidado de hijo computa a efectos de trienios —así lo dice el artículo 89.4 del TREBEP, aplicable supletoriamente—, pero tampoco se cobra nada mientras se está en ella. La pregunta pide quién genera el derecho a la percepción, y eso solo lo hacen los servicios especiales.

La plantilla oficial del tribunal marca que es un derecho individual. El Estatuto marco separa con mucho cuidado dos listas: el artículo 17 enumera los derechos individuales del personal estatutario y el artículo 18 los colectivos. La formación continuada está en la primera: el artículo 17.1.c reconoce el derecho «a la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones». No es, por tanto, un derecho colectivo ni exclusivo del personal fijo —el artículo 17 habla de personal estatutario sin distinguir vínculo—, ni una mejora simplemente pactada en un acuerdo de condiciones de trabajo, aunque los acuerdos de la Mesa Sectorial concreten después sus permisos y su financiación. Tampoco es ningún derecho fundamental con una bolsa de veinte horas: esa cifra no sale del Estatuto marco.

La plantilla oficial del tribunal marca el Consejo de Administración y el director o directora gerente. El artículo 6.1 de la Ley 8/2007 lo dice literalmente: «Els òrgans de direcció de l'Institut Català de la Salut són el Consell d'Administració i el director o directora gerent». El resto de estructuras que aparecen en las demás opciones existen, pero no son órganos de dirección en el sentido de la ley. El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno y dirección (art. 7.1) y el director o directora gerente ostenta la representación legal y asume la gestión ordinaria (art. 9). La Comisión Ejecutiva no es un órgano de dirección sino una comisión del propio Consejo, creada por los estatutos para ejercer las facultades que el Consejo le delegue (art. 7.8). Y los servicios corporativos, las gerencias territoriales y las unidades de gestión de los centros son órganos de gestión, que la ley trata en el artículo 6.2 en un apartado distinto.

La plantilla oficial del tribunal marca como incorrecta la afirmación de que Pau no puede decidir cómo se le comunica la información: sí puede elegirlo. La pregunta reproduce el catálogo de formas de hacer efectivo el derecho de acceso que en 2017 tenía rango reglamentario, el artículo 28 del Reglamento de la LOPD (Real Decreto 1720/2007). Su apartado 1 empieza diciendo que «al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero», y a continuación enumera la visualización en pantalla, el escrito, copia o fotocopia remitida por correo (certificado o no), el telefax, el correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas, y cualquier otro adecuado a la configuración del fichero. Ese «podrá optar» es lo que hace incorrecta la opción que niega a Pau la decisión. El apartado 2 pone el único límite: los sistemas pueden restringirse por la configuración del fichero, «siempre que el que se ofrezca al afectado sea gratuito y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige». Sobre la historia clínica en particular, la Ley 21/2000 (art. 13.1) reconoce el derecho de acceso y a obtener copia y remite a cada centro la regulación del procedimiento. Aviso de vigencia: ese catálogo cerrado ya no es el derecho aplicable. El Reglamento (UE) 2016/679 desplazó al Real Decreto 1720/2007 —la Ley Orgánica 3/2018 deroga en su disposición derogatoria única, apartado 3, cuanta disposición de igual o inferior rango se le oponga— y lo que rige hoy es el artículo 15.3 del RGPD, que da derecho a una copia de los datos, y el artículo 12.3, que establece que si la solicitud se presenta por medios electrónicos la información se facilitará por medios electrónicos de uso común, salvo que la persona solicite otra cosa. El resultado práctico coincide con la respuesta del tribunal —la persona interesada tiene voz—, pero la lista concreta de medios del examen ya no es la norma vigente; por eso el ítem queda fuera del banco de práctica.

La plantilla oficial del tribunal marca que puedes hacer huelga siempre que se respete el mantenimiento de los servicios esenciales para la atención sanitaria de la población. Es la redacción literal del artículo 18.c del Estatuto marco, que incluye la huelga entre los derechos colectivos del personal estatutario «garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población». Ese matiz es el que hace fallar a las demás opciones. La huelga no es un derecho individual sino colectivo: el artículo 17 (derechos individuales) no la menciona y el artículo 18 sí, y por eso la respuesta que la califica de individual es falsa aunque el ejercicio sea personal. Tampoco existe ningún deber de preavisar quince días la ausencia por huelga —el preaviso es una carga de la convocatoria sindical, no de cada persona— ni ninguna regla de un 10 % de plantilla: lo que fija el mínimo de actividad son los servicios esenciales que determina la autoridad competente para cada convocatoria.

La plantilla oficial del tribunal marca el documento ADO: autorización, disposición y obligación. El artículo 46 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (Decreto legislativo 3/2002) define las fases en ese orden y con este contenido: la autorización es el acto que acuerda realizar un gasto con cargo a un crédito determinado y reserva su importe; la disposición es el acto por el que se acuerda o concierta la realización concreta de la obra, el servicio o el suministro, y formaliza la reserva por un importe y unas condiciones exactas; la obligación es contraer en cuentas el crédito exigible porque la prestación ya se ha acreditado satisfactoriamente, y el pago propuesto es la operación posterior contra la tesorería. En una compra urgente ya entregada correctamente, las tres primeras fases se dan a la vez y se documentan en un solo acto contable acumulado, que es lo que se llama ADO. Las demás opciones o bien alteran el orden lógico (no se puede disponer antes de autorizar, ni reconocer la obligación antes de disponer) o bien mezclan fases que no van juntas en un mismo documento.

La plantilla oficial del tribunal marca la fotocopia de la tarjeta sanitaria individual como el requisito que no hace falta. La pregunta está calcada del artículo 25.1 del Reglamento de la LOPD (Real Decreto 1720/2007), que enumeraba exactamente qué debía contener la solicitud de ejercicio de los derechos: nombre y apellidos de la persona interesada y fotocopia del DNI, pasaporte o documento equivalente; la petición en que se concreta la solicitud; la dirección a efectos de notificaciones, la fecha y la firma, y los documentos acreditativos de la petición. La tarjeta sanitaria no figura, y no figura por una razón de fondo: la TSI acredita el derecho a la asistencia, no la identidad de quien ejerce un derecho de protección de datos. El mismo artículo añadía, además, que el uso de la firma electrónica identificativa de la persona afectada eximía de presentar la fotocopia del DNI. Aviso de vigencia: ese artículo es norma desplazada. Con el Reglamento (UE) 2016/679, exigir de forma sistemática una fotocopia del DNI ya no es el criterio: el artículo 12.6 solo permite pedir información adicional cuando existan dudas razonables sobre la identidad de quien solicita, y el artículo 16 regula la rectificación sin imponer formulario alguno. La respuesta del tribunal sigue siendo la buena —la TSI sigue sin hacer falta—, pero el motivo ha cambiado: hoy hay un requisito menos, no uno más.

La plantilla oficial del tribunal marca el capítulo 2. La clasificación económica del gasto de los presupuestos de la Generalitat agrupa en el capítulo 2, «Gastos corrientes de bienes y servicios», todo el consumo de bienes y servicios necesario para el funcionamiento ordinario, e incluye expresamente los trabajos realizados por empresas externas como la limpieza, la seguridad o la lavandería. Los demás capítulos son para cosas distintas y ahí se ve el error de cada opción: el capítulo 1 es remuneraciones del personal (ahí iría el sueldo del personal de limpieza propio, no un contrato de limpieza), el capítulo 4 son transferencias corrientes a terceros sin contraprestación directa y el capítulo 6 son inversiones reales, es decir, activos que se incorporan al patrimonio. Una limpieza contratada no crea ningún activo ni es una subvención: es gasto corriente del servicio.

La plantilla oficial del tribunal marca que puede firmar actos y resoluciones haciendo constar que firma por autorización e identificando al órgano que la autoriza. Es la figura de la autorización de firma del artículo 11 de la Ley 26/2010, que permite a quien es titular de un órgano autorizar la firma de sus actos a personas titulares de órganos o unidades dependientes. Los tres apartados que resuelven la pregunta son el 11.5 —los actos así firmados «han d'incloure, al davant d'aquesta, les paraules "per autorització" i la identificació del titular o la titular de l'òrgan que l'autoritza»—, el 11.6, que dice que la autorización es válida y eficaz «sense necessitat de publicar-la en el diari o butlletí oficial corresponent ni de notificar-la a les persones interessades», y el 11.4, según el cual los actos firmados por autorización se consideran dictados a todos los efectos por el órgano titular de la competencia. Por eso no hay que esperar ninguna publicación en el DOGC ni la mención se limita a las resoluciones. Hay un límite que el examen no recoge y conviene saber: el artículo 11.3 excluye de la autorización de firma las resoluciones de carácter sancionador.

La plantilla oficial del tribunal marca la primera tarjeta en formato braille y la primera tarjeta en formato Cuida'm. Lo dice la Resolución SLT/427/2014, que desarrolló la tasa creada por el artículo 89 de la Ley 2/2014: en el apartado 2.1, bajo el epígrafe «No subjecció a la taxa», establece que «no estan subjectes a la taxa les sol·licituds d'emissió de la primera targeta sanitària individual», e incluye expresamente «les sol·licituds d'emissió de la targeta sanitària individual en format Cuida'm i format Braille». Conviene una precisión técnica que el enunciado no hace: esos supuestos no son exenciones sino supuestos de no sujeción, porque el hecho imponible de la tasa es la renovación y la reposición, no la primera emisión. Las exenciones propiamente dichas son solo dos y están en el artículo 21.25-5 de la Ley de tasas: la reposición por rectificación y cambio de datos —que la propia Resolución limita a los datos que afectan al código de identificación personal, es decir, apellidos, género y fecha de nacimiento— y las renovaciones periódicas que gestiona y promueve la Administración. Eso es lo que hace fallar a las demás opciones: el robo es justamente uno de los casos que la ley pone como ejemplo de hecho imponible aunque haya denuncia; un cambio de nivel de cobertura no afecta al CIP; y una banda magnética estropeada es una causa imputable a la Administración, de modo que ni siquiera entra en el hecho imponible.

La plantilla oficial del tribunal marca escribir evitando tecnicismos para no crear confusión en quien lee. El criterio de redacción administrativa de la Generalitat es el del manual «Documentació jurídica i administrativa» de la Direcció General de Política Lingüística, que fija como principios del lenguaje administrativo la claridad, la concisión y la adecuación a la persona destinataria, y recomienda rehuir el lenguaje críptico y los tecnicismos innecesarios cuando el escrito se dirige a la ciudadanía. Una respuesta a una reclamación es precisamente un escrito dirigido a una persona ajena al ramo. Las demás opciones fallan por motivos concretos: el tecnicismo no da valor a un escrito oficial sino que obstaculiza su comprensión; los agradecimientos o las disculpas, si son necesarios, van al principio, porque es lo que la persona espera leer primero; y el tono debe ser respetuoso y cordial pero impersonal e institucional, no personal, porque quien responde no es la persona que firma sino la organización.

La plantilla oficial del tribunal marca cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Es la regla literal del artículo 42.2 de la Ley 39/2015: cuando la notificación se practica en el domicilio de la persona interesada y esta no se halla presente, «podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad». Los dos requisitos van juntos: la edad mínima de catorce años y hacer constar la identidad de quien recoge. Por eso fallan las demás opciones: la ley no exige mayoría de edad ni fija el umbral en dieciséis años, y no establece ningún límite superior de edad —la referencia a los 65 años no existe en ninguna norma de procedimiento. El mismo artículo 42.2 continúa con lo que debe hacerse si nadie se hace cargo de la notificación, que es el objeto de la pregunta 109 de este mismo examen.

La plantilla oficial del tribunal marca que las altas deben tramitarse con carácter previo, antes de que la persona empiece a prestar servicios. Lo dice el artículo 32.3.1.º del Real Decreto 84/1996: «Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los sesenta días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma». Es decir, hay una ventana: nunca después de empezar y nunca más de sesenta días antes. La misma norma prevé qué hacer cuando la incorporación no ha podido preverse o cae en día u hora inhábil —enviar los datos antes del inicio por fax, telegrama o medio electrónico—, lo que confirma que el «previo» es estricto. Por contraste, el plazo de seis días naturales que suele recordarse es el de las bajas y las variaciones de datos (art. 32.3.2.º), no el de las altas; y la obligación nace de la ley, no de ninguna instrucción de la dirección del centro.

La plantilla oficial del tribunal marca el Servei Català de la Salut. La Ley de ordenación sanitaria de Cataluña lo configura como el ente público que ordena, planifica y garantiza la prestación de los servicios sanitarios de cobertura pública: entre sus finalidades está «garantir la salut com a dret inalienable de la població catalana i l'accés a guarir-se, a través de l'estructura del Servei Català de la Salut» (art. 6.2.b) y la prestación de los servicios de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación (art. 6.1.e), y entre sus funciones, la gestión de los servicios y las prestaciones del sistema sanitario público de Cataluña (art. 7.1.e). El ICS es cosa distinta: es una empresa pública proveedora de servicios asistenciales que los presta por cuenta del CatSalut a través del contrato programa (Ley 8/2007, art. 14). El Departament de Salut ejerce la dirección política y la planificación sanitaria, pero quien asegura y garantiza las prestaciones es el CatSalut. El Departament de Sanitat i Seguretat Social, en fin, es la denominación histórica del departamento que aparece en el texto original de la Ley de 1990 y que hoy ya no existe con ese nombre.

La plantilla oficial del tribunal marca que no puedes recoger el documento porque hay que ser mayor de edad. El documento de voluntades anticipadas —lo que popularmente se llama testamento vital— está definido en el artículo 8.1 de la Ley 21/2000 como el documento «en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat». La mayoría de edad es, pues, un requisito de otorgamiento, y la ley estatal básica dice lo mismo (art. 11.1 de la Ley 41/2002). Un paciente de diecisiete años no lo puede otorgar, por mucho que en otros ámbitos sea menor maduro y decida sobre su salud. Eso es lo que hace fallar a las demás opciones: si el documento no es válido, no puede incorporarse a la historia clínica —cosa que el artículo 8.4 ordena hacer con los documentos que sí lo son—, ni remitirse al Registro de voluntades anticipadas, ni pasarlo al médico responsable como si fuera eficaz.

La plantilla oficial del tribunal marca el servicio e-FACT. La Ley 25/2013 obliga a cada administración a disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas (art. 6), y en Cataluña ese punto es el e.FACT del Consorci AOC, designado por Acuerdo GOV/151/2014 para todas las administraciones públicas catalanas; la propia página de factura electrónica del ICS remite a los proveedores a ese servicio. Las otras tres opciones son servicios reales que hacen otra cosa y por eso no valen como respuesta: FACe es el punto general de entrada de la Administración General del Estado —el e.FACT está interconectado con él, pero no es donde debe enviar la factura un proveedor del ICS—, el e-TAULER es el tablón de anuncios electrónico y el e-NOTUM es el servicio de notificaciones electrónicas.

Pregunta oficial. La plantilla oficial de corrección del tribunal marca que sí se le puede escribir la reclamación, pero asegurándose de que la lectura y la firma se hagan ante dos testigos. De lo que sí está documentado en norma accesible, la parte que encaja es la primera: la reclamación es un escrito que la persona usuaria firma —la Instrucción 03/2004 del CatSalut lo articula así y encarga a la entidad proveedora «vetllar per la completa i correcta formalització» de la hoja de reclamación—, y la Ley 39/2015 exige en el escrito de iniciación la firma de la persona solicitante o la acreditación de la autenticidad de su voluntad (art. 66.1.c); ayudar materialmente a redactarlo no desplaza la autoría ni permite negarse a recogerlo. Lo que no hemos podido documentar es el requisito de los dos testigos: no aparece ni en la Instrucción 03/2004, ni en la Ley 39/2015, ni en ningún documento primario de acceso abierto que hayamos podido consultar el 14.09.2026. Queda pendiente localizar el manual o el procedimiento interno de atención a la ciudadanía de donde el tribunal lo tomó; entretanto el ítem se marca como incierto y no entra en el banco de práctica, y la respuesta oficial no se toca. Sí puede decirse, como orientación, que las demás opciones son claramente peores: no hay norma que prohíba ayudar a escribir una reclamación, disuadir su presentación va contra el derecho a reclamar que reconoce la Carta de derechos y deberes, y la referencia a «llevarse una buena imagen de la entidad» no es criterio de tramitación alguno.

La plantilla oficial del tribunal marca la conservación del envío. Un certificado digital es el documento electrónico que vincula unos datos de verificación de firma con una persona y confirma su identidad; lo que aporta, cuando se utiliza para firmar o para establecer un canal seguro, es identificación de quien emite, integridad de lo que se envía —si el documento se modifica por el camino, la firma deja de validar— y, con cifrado, confidencialidad. El marco que lo regula hoy es el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), complementado por la Ley 6/2020. Lo que un certificado no hace es guardar nada: la conservación de un envío y la prueba de que se hizo, cuándo se hizo y qué contenía son un servicio de confianza distinto, el de entrega electrónica certificada que regulan los artículos 43 y 44 del mismo Reglamento, y la conservación a largo plazo de firmas y sellos es otro. Por eso las tres opciones restantes sí son cosas que el certificado garantiza y la conservación no.

La plantilla oficial del tribunal marca la fotocopia del DNI del padre y la de la resolución judicial que acredita que es el tutor legal. El hijo es mayor de edad: la patria potestad se ha extinguido y el libro de familia ya no acredita facultad alguna de representación, de modo que lo que hay que probar no es el parentesco sino el cargo. El derecho de acceso a la historia clínica puede ejercerse por representación «sempre que estigui degudament acreditada» (art. 13.3 de la Ley 21/2000), y la Ley 39/2015 admite acreditarla «mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia» (art. 5.4); en una persona con la capacidad modificada judicialmente, ese medio es la resolución judicial que nombra a quien ejerce el apoyo o la tutela. Por eso no sirven ni el libro de familia, ni la firma de ambos progenitores, ni la fotocopia de la propia solicitud. Nota de vocabulario: la Ley 8/2021 sustituyó la incapacitación y la tutela de adultos por el sistema de medidas de apoyo —la resolución judicial sigue siendo el documento acreditativo, pero hoy hablará de curatela representativa y no de incapacitación.

La plantilla oficial del tribunal marca que el navegador tiene configurada la página en blanco como página de inicio. La página que aparece al abrir un navegador es un parámetro de configuración del programa, no una propiedad de la red ni del sitio web: si consta «about:blank» o el equivalente «página en blanco», el navegador hará exactamente eso cada vez, tanto si la intranet funciona como si no. El diagnóstico se comprueba en un momento abriendo las opciones del navegador y mirando qué página de inicio figura. Las demás opciones confunden síntoma y causa: si Internet no funcionase, no se vería una página en blanco sino un error de conexión; si la intranet estuviese caída, el error aparecería al intentar entrar, no antes; y no existe comportamiento alguno por el cual una página solo funcione con el navegador ya abierto. Este es precisamente el tipo de configuración básica del navegador que recoge la competencia ACTIC C3, «Navegació i comunicació en el món digital».

La plantilla oficial del tribunal marca que la falta de calificación no es obstáculo para tramitar el escrito, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Es la regla literal del artículo 115.2 de la Ley 39/2015: «El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter». El artículo 115.1 enumera qué debe expresar la interposición —identificación de quien recurre, el acto que se recurre y la razón de su impugnación, lugar, fecha y firma, y el órgano al que se dirige—, y poner el nombre del recurso no está ahí. La razón de fondo es antiformalista: si del contenido se deduce que la persona impugna una resolución que se le ha notificado, eso es un recurso aunque no diga cuál. Por eso no hay que requerir subsanación alguna como si faltase un requisito del artículo 66, ni puede inadmitirse por defecto de forma —las causas de inadmisión son las tasadas en el artículo 116—, ni puede degradarse el escrito a simple solicitud o queja.

La plantilla oficial del tribunal marca que la jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias. Es el artículo 48.3 del Estatuto marco, y la frase continúa con la consecuencia que hace fallar a las demás opciones: «En consecuencia, no estará afectada por las limitaciones que respecto a la realización de horas extraordinarias establecen o puedan establecer otras normas y disposiciones, y su compensación o retribución específica se determinará independientemente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten de aplicación». Dicho de otro modo: las guardias y otros sistemas de atención continuada no son horas extras, no cuentan dentro del límite anual de horas extras y sí se retribuyen o se compensan, con el complemento de atención continuada que prevé el artículo 43.2.d. El límite que sí se les aplica es otro: la duración máxima conjunta de jornada ordinaria y complementaria es de 48 horas semanales de promedio en cómputo semestral (art. 48.2).

La plantilla oficial del tribunal marca Excel. La tabla dinámica es una herramienta propia de la hoja de cálculo: la ayuda oficial de Microsoft la presenta como la forma de «calcular, resumir y analizar datos» a partir de un intervalo o de una tabla de la hoja, con la posibilidad de ver comparaciones, patrones y tendencias reordenando los campos en las áreas de filas, columnas, valores y filtros. Ni Word ni Access ofrecen ese objeto: Word trabaja con tablas de texto sin capacidad de resumen, y Access resume con consultas de totales e informes agrupados, que son otra técnica. Por eso tampoco vale la respuesta que dice que cualquiera de los tres sirve.

La plantilla oficial del tribunal marca que la relación como compañeros de trabajo, por sí sola, no es una de las causas previstas de abstención. Las causas son tasadas y las enumera el artículo 23.2 de la Ley 40/2015: tener interés personal en el asunto, ser administrador de una entidad interesada o tener con ella cuestión litigiosa pendiente; el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de esas personas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento, y tener relación de servicio con la persona interesada o haberle prestado servicios profesionales en los dos últimos años. Haber sido compañeros de trabajo hace tres años, con buena relación, no es ninguna de ellas: no es parentesco, no es relación de servicio ni prestación de servicios profesionales, y «buena relación» no equivale a «amistad íntima», que es el listón que pone la ley. Conviene añadir dos precisiones que desmontan las demás opciones: si hubiera causa, el deber sería abstenerse y comunicarlo al superior inmediato, que es quien resuelve (art. 23.1) —no decidirlo la presidencia del tribunal—, y el parentesco no es la única causa posible.

La plantilla oficial del tribunal marca que no otorga ningún derecho. La TSI Cuida'm es una tarjeta identificativa: señala a las personas que, por su situación, necesitan actuaciones diferenciadas en la relación con los profesionales y los servicios sanitarios, de modo que el equipo que las atiende lo sepa de entrada y pueda adaptar la atención. El CatSalut lo dice literalmente en la página de la TSI Cuida'm: «La TSI Cuida'm no comporta cap modificació en el dret a l'atenció ni al nivell de cobertura, i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional»; su objetivo es permitir «una atenció amb un tracte més adequat i personalitzat» y facilitar el acompañamiento por familiares en las visitas, en la atención urgente, en las pruebas y en los traslados. Por eso fallan las demás opciones: no da derecho a atención prioritaria, que sería un derecho nuevo; no identifica únicamente a personas mayores, porque el colectivo incluye, entre otros, a personas con demencia con afectación cognitiva moderada, daño cerebral con trastorno de la conducta, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista o enfermedades minoritarias cognitivoconductuales de base genética en edad pediátrica; y no es una tarjeta de pacientes terminales. La cobertura y las prestaciones siguen siendo las que corresponden a la persona por su derecho a la asistencia, no por la tarjeta.

Pregunta oficial. La plantilla oficial de corrección del tribunal marca el documento con firma reconocida. El 10.06.2017 esa respuesta era literalmente la de la ley aplicable: el artículo 3.4 de la Ley 59/2003 de firma electrónica decía que «la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel», y definía la reconocida como la firma avanzada basada en un certificado reconocido y generada con un dispositivo seguro de creación —de ahí que la simple firma avanzada, la básica o una rúbrica escaneada no lleguen. Corrección por vigencia: la Ley 59/2003 está derogada. La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, la deroga expresamente (disposición derogatoria, letra a) y el marco aplicable es el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), que ya no usa la categoría «firma reconocida»: la figura equivalente es la firma electrónica cualificada, y es el artículo 25.2 el que establece que «una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita». La respuesta oficial no se toca —el concepto es el mismo y el resultado jurídico también—, pero hoy el nombre correcto y la norma que hay que citar son otros; por eso el ítem queda fuera del banco de práctica.

La plantilla oficial del tribunal marca informar de que los trípticos no se pueden registrar y de que, si quiere un asiento registral, tendrá que presentar un escrito con los datos del emisor y del destinatario. El registro no es un servicio de mensajería interna: el artículo 16.1 de la Ley 39/2015 dice que en él se hace «el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba», y el artículo 16.3 detalla qué debe contener cada asiento —número, epígrafe expresivo de la naturaleza del documento, fecha y hora de presentación, identificación de la persona interesada, órgano remitente en su caso y persona u órgano al que se envía—, con un recibo automático consistente en una copia autenticada del documento. Un fajo de trípticos informativos no es un documento dirigido a la Administración con un contenido identificable para asentar: no tiene emisor identificado ni petición, y por tanto no hay nada que registrar. La solución correcta es la que da la respuesta oficial: un escrito de remisión, que sí es registrable y genera la constancia que la persona quiere. Las demás opciones o bien fuerzan un asiento irregular, o bien le niegan la constancia y la derivan a una entrega en mano sin rastro.

La plantilla oficial del tribunal marca evitar riesgos para la salud de otras personas derivados de la falta de adopción de medidas preventivas individuales. La Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria ordena cada ámbito en dos bloques, derechos y deberes, y esa frase es literalmente el deber 2.2.3 del ámbito 2, «Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia». Las otras tres opciones son, también literalmente, derechos de ese mismo ámbito: tener seguridad ambiental y alimentaria y disfrutar de un entorno físico, social y comunitario que permita una vida saludable y con bienestar es el 2.1.1; conocer los beneficios y los riesgos que puede comportar la adopción de determinadas conductas y sus medidas preventivas es el 2.1.4, y conocer cómo actuar personal y colectivamente ante una situación de riesgo para la salud de la comunidad es el 2.1.6. La pista es gramatical y vale la pena retenerla: lo que la persona puede recibir o saber es un derecho; lo que debe hacer para no perjudicar a terceros es un deber.

La plantilla oficial del tribunal marca la Sindicatura de Comptes. El enunciado de la pregunta reproduce casi palabra por palabra la definición del artículo 80.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña: «La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya». La Ley 18/2010 lo recoge en el artículo 1.1 —con la fórmula actualizada de «control financer»— y añade lo que explica por qué es externa: depende orgánicamente del Parlament, que le delega las funciones, y tiene personalidad jurídica propia y plena autonomía. Las demás opciones son órganos de control, pero de naturaleza distinta: la Intervención General y la Intervención Delegada en el ICS son control interno de la propia Administración (arts. 63 y 64 del Decreto legislativo 3/2002), y el Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador supremo del Estado (art. 136 de la Constitución), no el órgano externo propio de la Generalitat.

La plantilla oficial del tribunal marca los actos y gestiones de trámite. El artículo 5.3 de la Ley 39/2015 parte en dos el régimen de la representación: «Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación». Las tres opciones descartadas son precisamente actos de la primera lista, donde la representación debe acreditarse y no se presume nunca. Y aquí hay una consecuencia práctica para el caso planteado: una solicitud de permiso sin sueldo es una solicitud, no una gestión de trámite, de modo que Miquel debería acreditar la representación. Que no lo haya hecho no tumba el escrito: el artículo 5.6 dice que la falta o insuficiente acreditación no impide tener por realizado el acto si se aporta o se subsana en el plazo de diez días que el órgano debe conceder al efecto.

La plantilla oficial del tribunal marca utilizar un buscador como Google o Bing y seleccionar las páginas con autoría identificada y acreditada por una entidad u organismo de prestigio. La respuesta combina bien las dos cosas que la competencia ACTIC C3, «Navegació i comunicació en el món digital», exige: saber hacer la búsqueda y saber evaluar críticamente la fiabilidad de la información obtenida en la red, para la cual los contenidos ACTIC fijan expresamente «criteris per avaluar la fiabilitat de la informació». La autoría identificada y avalada por una universidad o una administración es uno de esos criterios. Las demás opciones fallan por dos motivos que conviene separar. Uno es conceptual: Internet no tiene ningún control de calidad previo, de modo que elegir «la página que más se aproxime» es exactamente lo que no debe hacerse, y la ausencia de publicidad no es indicador alguno de fiabilidad. El otro es terminológico: Explorer, Chrome y Mozilla no son buscadores sino navegadores, y las dos opciones que los llaman así confunden la herramienta que muestra las páginas con el servicio que las indexa.

La plantilla oficial del tribunal marca «Us faig arribar els calendaris laborals del col·lectiu sanitari d'aquest centre». La Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat, de la Direcció General de Política Lingüística, recomienda como primera solución los recursos que evitan la marca de género sin duplicar: los nombres colectivos y abstractos, las denominaciones de cargo o de servicio y las construcciones impersonales. «El col·lectiu sanitari» es exactamente un nombre colectivo, y resuelve la frase sin dejar a nadie fuera ni alargarla. Las otras tres opciones fallan de maneras distintas y es útil verlas una a una: llamar «metges i infermeres» reparte cada profesión a un género y es el caso de sexismo más citado de la guía; duplicar solo una parte («metges i metgesses i infermeres») deja la duplicación a medias y mantiene el sesgo en la segunda profesión, y la fórmula con barra («diplomats i diplomades sanitaris/àries») es la que la guía aconseja reservar para formularios e impresos con espacio limitado, no para un texto corriente.

La plantilla oficial del tribunal marca AVI y JPG. El encargo es borrar fotos y vídeos, de modo que hay que identificar una extensión de imagen y una de vídeo: JPG (o JPEG) es el formato de imagen comprimida más extendido y AVI es un contenedor de vídeo clásico de Windows. Las demás combinaciones mezclan siempre alguna extensión que no corresponde a ninguno de los dos tipos de fichero y que, además, suele contener trabajo que no debe tocarse: PDF es un documento, XLS es un libro de hoja de cálculo de Excel y PST es el archivo de datos de Outlook, es decir, el correo. Borrar cualquiera de ellos para liberar espacio no solo no cumpliría el encargo sino que destruiría información de trabajo. Reconocer los formatos de la imagen, el sonido y el vídeo y sus extensiones es contenido explícito de la competencia ACTIC C5.

La plantilla oficial del tribunal marca que sí, que el importe depende de la causa que ha producido la incapacidad temporal. La prestación económica de incapacidad temporal es, según el artículo 171 del Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, «un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora», y ese porcentaje y la base sobre la que se aplica cambian según el origen del proceso. Cuando deriva de contingencias comunes, la base es la de contingencias comunes del mes anterior y el subsidio va del 60 % —del cuarto al vigésimo día— al 75 % a partir del vigesimoprimero; cuando deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base es la de contingencias profesionales y el subsidio es del 75 % desde el día siguiente a la baja. Eso desmonta las demás opciones: no es el 100 % en todos los casos, y la que mezcla los porcentajes los pone justamente al revés, porque el accidente de trabajo es el supuesto más protegido, no el menos. Tampoco depende de si el vínculo es fijo o temporal: lo que puede cambiar por esa vía es la mejora que establezcan los acuerdos de condiciones de trabajo, no la prestación de la Seguridad Social.

La plantilla oficial del tribunal marca el Consejo de Administración del Institut Català de la Salut. El artículo 8.2.f de la Ley 8/2007 le atribuye la función de «aprovar el projecte de pressupost de l'Institut Català de la Salut i presentar-lo al departament competent en matèria de salut, perquè l'incorpori al seu projecte general i el tramiti segons la normativa vigent». La frase contiene todo el recorrido y por eso desmonta las demás opciones: el departamento de salud y el de economía y finanzas intervienen después, en la tramitación, pero no aprueban el proyecto del ICS; el Parlament aprueba la Ley de presupuestos de la Generalitat, que es el paso final de la cadena, no este, y la gerencia no tiene la competencia —está en el Consejo de Administración, y además el artículo 8.3 impide delegarla en la Comisión Ejecutiva, lo que confirma que la ley la considera una función indelegable del Consejo.

La plantilla oficial del tribunal marca copiar el resultado en una hoja de Excel. El circuito que describe el enunciado es el normal: Access calcula el resumen tabular con una consulta y la hoja de cálculo es la herramienta que convierte esa tabla en un gráfico. Excel crea gráficos circulares a partir de un intervalo de datos con un par de clics y los actualiza solo cuando los datos cambian, y por eso es la opción más eficiente. Las otras tres no resuelven lo que se pide. Word y PowerPoint pueden mostrar un gráfico, pero lo construyen igualmente con una hoja de datos incrustada de Excel: llegas por el mismo camino y con un paso de más. Y copiar el resultado a otra base de datos de Access no genera ningún gráfico: duplica los datos y deja el problema igual.

La plantilla oficial del tribunal marca las retribuciones básicas, con la advertencia de que no se le acreditará haber alguno si no comparece en el procedimiento. Es la redacción literal del artículo 75.2 del Estatuto marco: «Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá las retribuciones básicas. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento». Las retribuciones básicas son el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias (art. 42.1); quedan fuera, pues, las complementarias, y entre estas el complemento de carrera. Eso desmonta las demás opciones: no se cobra solo la carrera profesional —precisamente es lo que no se cobra—, ni se pierden todos los derechos, porque la privación de todos los derechos inherentes a la condición es el efecto de la suspensión firme (art. 68.1), no de la provisional, ni existe regla alguna que reduzca el sueldo y los trienios al 50 %. Vale la pena recordar el resto del precepto: la suspensión provisional por expediente disciplinario no puede exceder de seis meses y, si el expediente no acaba en suspensión de funciones ni en separación del servicio, la persona se reincorpora y tiene derecho a percibir las retribuciones dejadas de percibir, tanto las básicas como las complementarias.

La plantilla oficial del tribunal marca que los informes son facultativos y no vinculantes. Es la primera frase del artículo 80 de la Ley 39/2015: «Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes». La regla es, pues, una presunción que solo cede cuando una norma dice otra cosa, y eso es lo que hace fallar al resto de opciones: un informe no puede ser a la vez facultativo y preceptivo —son calificaciones contrarias, porque preceptivo significa que la norma exige solicitarlo—, ni es vinculante por defecto, ni es obligatorio por defecto. Conviene retener las dos consecuencias que el mismo artículo añade: el plazo ordinario de emisión es de diez días y, si el informe no se emite a tiempo, pueden proseguirse las actuaciones, salvo que sea preceptivo, en cuyo caso puede suspenderse el plazo máximo para resolver (art. 80.2 y 80.3).

La plantilla oficial del tribunal marca que el centro inicial debe continuar prestando la atención sanitaria. Lo dice el artículo 8.1 del Decreto 125/2007, que regula la segunda opinión: «En cas que l'informe facultatiu de segona opinió confirmi el diagnòstic i tractament, l'atenció sanitària es continuarà prestant en el centre on inicialment s'havia fet el diagnòstic o indicat el tractament». La lógica es sencilla: si la segunda opinión no aporta alternativa alguna, no hay nada que justifique mover a la persona de centro. Donde sí hay elección es en el supuesto contrario, y conviene no confundirlos: el artículo 8.2 establece que si el informe difiere del diagnóstico o del tratamiento, entonces es el paciente quien puede optar entre el centro de la segunda opinión y el centro inicial —salvo que el centro inicial no pueda ofrecer la alternativa propuesta. Por eso aquí no decide ni el paciente, ni el centro de la segunda opinión, ni el centro inicial: lo dice directamente la norma.

La plantilla oficial del tribunal marca convertir el informe a PDF generando los metadatos de digitalización segura e incorporando un sello de órgano que garantice su integridad y fidelidad. La digitalización segura no es escanear: es un proceso reglado que produce un documento electrónico con valor jurídico. El Decreto 76/2020 de Administración digital la define en el artículo 60 como la conversión de un documento en papel a una representación digital «de manera que la còpia resultant té les mateixes garanties d'autenticitat, integritat i disponibilitat que el document original», de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y añade que las digitalizaciones para incorporar documentos en papel a un expediente «es conformen mitjançant un codi segur de verificació o el segell electrònic de l'òrgan que realitza la digitalització». La norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos pone el resto: un conjunto de metadatos mínimos obligatorios asociados a la imagen y la firma de esa imagen. Por eso las demás opciones se quedan cortas: el escáner, por bueno que sea, no da garantía jurídica alguna; encriptar el fichero protege el acceso pero no acredita ni la fidelidad ni la autoría, y guardar la imagen en una carpeta con contraseña no es ni siquiera una copia auténtica.

La plantilla oficial del tribunal marca que quien está en comisión de servicios tiene derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen. Es, palabra por palabra, el artículo 39.3 del Estatuto marco. El artículo 39 entero es el que regula la figura y desmonta el resto de opciones: el apartado 1 permite cubrir en comisión de servicios, con carácter temporal, una plaza vacante o temporalmente desatendida por necesidades del servicio, de modo que no es cierto que el Estatuto marco no diga nada; y como la reserva es un derecho reconocido por ley, tampoco puede condicionarse el retorno a un informe previo de la dirección del puesto ocupado temporalmente ni negarse. El otro apartado que hay que leer a la vez es el que resuelve las retribuciones —las del puesto efectivamente desempeñado, salvo que sean inferiores a las de origen—, que es el objeto de la pregunta 123 de este mismo examen.

La plantilla oficial del tribunal marca el documento de Excel con trece hojas, doce mensuales y una de totales enlazada con las anteriores. Lo que decide la respuesta es que hay un cálculo que debe mantenerse solo: el total anual debe reflejar los cambios de los doce meses sin rehacerlo a mano. Eso solo lo hace la hoja de cálculo, donde una celda puede referenciar celdas de otras hojas del mismo libro y recalcularse automáticamente cuando cambian; es la manera habitual de consolidar datos repartidos en hojas. Las demás opciones lo impiden o lo complican: Word no calcula sumatorios entre páginas, un PDF es un formato de publicación donde el contenido ya no se recalcula, y decir que esto «solo» puede hacerse con Access es falso —Access serviría, pero con tablas, consultas e informes, y para un recuento mensual de horas de libre disposición es mucho más trabajo que un libro de cálculo.