Examen oficial de Auxiliar administrativo/a del ICS, modelo A, resuelto y explicado

La clasificación económica del gasto agrupa los nueve capítulos en tres bloques: los capítulos 1 a 5 son los gastos corrientes, los capítulos 6 y 7 los de capital y los capítulos 8 y 9 los financieros (variación de activos y de pasivos financieros). Los cinco primeros son, por orden: remuneraciones del personal, gastos corrientes de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes y fondo de contingencia. La trampa de las opciones c y d es el capítulo 6, que es inversiones reales y pertenece a los gastos de capital; y la b agrupa justamente los dos bloques que NO son gasto corriente.

El artículo 10.1 de la Ley 39/2015 dice qué debe acreditar una firma: la autenticidad de la expresión de la voluntad y el consentimiento, y también la integridad y la inalterabilidad del documento. El certificado electrónico es justamente lo que hace posible esa segunda parte, porque liga el documento firmado a una huella criptográfica que cambia si el contenido cambia; por eso cualquier modificación posterior se detecta. Las otras tres opciones confunden la firma con servicios de transporte o de custodia: que un mensaje llegue, que el destinatario lo abra o que se conserve dependen del canal y del archivo electrónico, no del certificado.

La competencia digital que hay detrás de esta pregunta es la de actuar cívicamente en el entorno digital: alertar de noticias falsas y difundir la versión verídica de la información no contrastada que circula por la red. En un servicio de salud eso no es una cuestión de imagen sino de salud pública, porque una información errónea sobre un tratamiento, una vacuna o un brote cambia el comportamiento de la población. Las otras tres opciones desplazan el motivo hacia intereses que no son el del profesional sanitario: estar al día de los temas de moda, la popularidad de las plataformas o el entretenimiento personal.

El consorcio es la figura con la que dos o más administraciones (o una administración con entidades privadas) desarrollan conjuntamente una actividad de interés común, y la Ley 40/2015 lo define sin margen de duda como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada (art. 118.1). Esa doble nota —derecho público y personalidad propia— descarta de golpe las otras tres opciones: dos lo califican de entidad de derecho privado y la última niega directamente que sea de derecho público. Fíjate además en que el consorcio forma parte del sector público institucional (art. 2.2.a), y que esa condición es la que le permite ser parte en convenios y tener presupuesto propio.

La función CONTAR (COUNT en inglés; COMPT en la versión de la hoja que usa el enunciado) cuenta solo las celdas que contienen NÚMEROS dentro del intervalo, e ignora las vacías y las que contienen texto. El intervalo A1:D1 tiene cuatro celdas, pero solo tres contienen cifras (A1, B1 y D1), de modo que el resultado es 3. El 4 de la opción a es el número de celdas del intervalo, que es lo que devolvería CONTARA (COUNTA), la función que cuenta todas las celdas no vacías; el 5 no corresponde a nada; y el 0 sería el resultado si no hubiera ningún valor numérico.

El artículo 24.2 de la Ley 39/2015 trata los dos silencios de manera deliberadamente asimétrica. El silencio positivo es un acto administrativo de pleno derecho que pone fin al procedimiento: la Administración ya no puede dictar después una resolución contraria, solo confirmatoria (art. 24.3.a). El silencio negativo, en cambio, es una simple ficción procesal con «los solos efectos» de abrir la puerta al recurso administrativo o contencioso. Las opciones b y d intercambian ambos regímenes, y la d añade un error propio: habla de un recurso «improcedente», cuando la ley dice exactamente lo contrario, el que resulte procedente.

El artículo 3.1 del Decreto 125/2007 cierra en cuatro letras los supuestos que dan derecho a una segunda opinión: enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso central sin tratamiento curativo o enfermedad neoplásica maligna (salvo los cánceres de piel que no sean melanoma); prescripción de una intervención quirúrgica de una lista cerrada —cirugía ortopédica con riesgo de limitación funcional importante, neurocirugía, cardiocirugía, cirugía vascular y cirugía oftálmica—; necesidad de un trasplante; y diagnóstico de enfermedad rara. Las opciones a, b y c son las tres primeras. La prueba diagnóstica invasiva no aparece: por agresiva que sea, no es ninguno de los supuestos, y por eso es la respuesta.

La regla del artículo 30.5 de la Ley 39/2015 solo se activa cuando el último día cae en día inhábil, y siempre traslada el vencimiento hacia adelante, al primer día hábil siguiente. Un plazo que termina en día hábil no se prorroga: vence ese mismo día. Las opciones a y d parten de un último día hábil, de modo que no hay nada que prorrogar, y la c alargaría el plazo hasta otro día inhábil, que es justamente lo que la norma quiere evitar para que ningún vencimiento caiga en un día en que el registro no cuenta.

El preámbulo de la Ley 39/2015 (apartado III) fija el objetivo con estas palabras: «una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico», para que la tramitación electrónica deje de ser una forma especial de gestión y pase a ser la actuación habitual. Eso explica por qué las otras tres opciones no lo son: la a dejaría la elección a cada Administración, cuando la ley se la impone; la b convierte en obligatoria para todos una relación electrónica que el artículo 14.1 configura como derecho de la persona física, obligatoria solo para los sujetos del artículo 14.2 (personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados, empleados públicos...); y la d defiende el papel como soporte, que es exactamente lo que la ley quiere sustituir.

El Estatuto marco separa dos bloques retributivos y los sitúa en artículos distintos, y ahí está toda la clave de la pregunta. Las retribuciones básicas son solo tres —sueldo, trienios y pagas extraordinarias— y tienen la misma cuantía en todos los servicios de salud, fijada cada año en las leyes de presupuestos (art. 42). Las tres opciones descartadas (complemento específico, de atención continuada y de productividad) son retribuciones complementarias del artículo 43.2, que retribuyen las condiciones del puesto, la disponibilidad o el rendimiento y, por tanto, varían de un servicio de salud a otro.

El recurso extraordinario de revisión tiene cuatro causas tasadas y dos plazos distintos, y ahí se juega la pregunta. Para el error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente (art. 125.1.a) el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada; para las otras tres causas es de tres meses (art. 125.2). Las opciones a y b reducen el plazo a un mes, que es el de alzada y el de reposición, no el de este recurso; y la d niega que contra un acto firme quepa recurso administrativo alguno, cuando precisamente este es la excepción que la ley prevé.

La Guía de redes sociales de la Generalitat describe estos canales como «un canal más de relación con la ciudadanía» y dedica un apartado entero a escuchar y atender a las personas. Esa es la función que recoge la opción correcta: mejorar la interacción con los pacientes y la comunidad. Las otras tres van en dirección contraria a todo el documento: limitar la difusión de información, ignorar las plataformas o reducir la accesibilidad a los recursos educativos en salud son, precisamente, los efectos que una presencia bien gestionada quiere evitar.

El artículo 7 de la Ley 39/2015 establece una regla de economía: un solo procedimiento y un solo interlocutor. Las actuaciones se entienden con el representante o el interesado que hayan señalado expresamente y, si no han señalado a ninguno, con el que figure en primer término. La respuesta correcta recoge esa segunda regla, la supletoria, que es la que se aplica cuando la solicitud no designa a nadie. Las opciones b y d multiplican interlocutores o procedimientos, algo que la norma precisamente evita; y la c invierte la lógica: no designar representante no es un defecto subsanable, porque la ley ya prevé una solución automática.

El artículo 34.4 del Estatuto marco enumera los requisitos para participar en un proceso selectivo de promoción interna: tener la titulación exigida, estar en servicio activo y tener nombramiento de personal estatutario fijo durante al menos DOS años en la categoría de procedencia. La opción b está ahí para ver si el lector recuerda el número: habla de un año, no de dos. La c añade un requisito inexistente, porque la bolsa de trabajo es la vía de la contratación temporal y nada tiene que ver con la promoción interna. Y la d generaliza («en todos los casos») un plazo de cinco años que el artículo 34.5 reserva a un supuesto muy concreto: el acceso a las categorías del artículo 7.2.b) cuando no se exige titulación.

La norma catalana de acceso ya NO es la Ley 21/2010, que la disposición derogatoria, letra a, de la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del CatSalut, derogó expresamente. La clave no cambia: la Ley 9/2017 reconoce el derecho a todos los residentes en Cataluña (art. 1) y considera residentes a las personas empadronadas en un municipio de Cataluña (art. 2.3.a) y, con carácter subsidiario, a las que acreditan arraigo según los criterios que deben desarrollarse por reglamento para personas y colectivos en riesgo de exclusión social (art. 2.3.b); el empadronamiento es, pues, la única de las cuatro opciones que la norma exige con carácter general. La tarjeta sanitaria individual es el documento administrativo que facilita el acceso a las prestaciones y acredita los datos básicos del titular (art. 57 de la Ley 16/2003). El NASS no es requisito —hay titulares sin ninguna relación de alta con la Seguridad Social— y un recibo de suministros no acredita por sí solo la residencia, de modo que tampoco vale el «todas son correctas». Nota de vigencia: el marco estatal también ha cambiado desde el examen; el Real Decreto-ley 7/2018 volvió a definir como titulares a todas las personas con nacionalidad española y a las extranjeras con residencia en el Estado (art. 3.1 de la Ley 16/2003, redacción vigente desde el 31.07.2018).

El artículo 51 del Estatuto marco fija dos cifras gemelas que es fácil confundir: la jornada ordinaria no puede exceder de 12 horas ininterrumpidas (ap. 1) y el descanso mínimo entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente es también de 12 horas (ap. 2). Por eso la respuesta son 12 horas y no 8 ni 10. La opción d es la que la ley descarta con más claridad, porque el descanso es un derecho. Sí existen excepciones tasadas en el apartado 3 —trabajo a turnos con cambio de equipo, y solapamiento de jornada ordinaria con complementaria o especial—, y cuando se aplican el artículo 54 obliga a compensarlas con descansos alternativos.

Hay que distinguir el acto administrativo de la disposición general. Los recursos de alzada y de reposición se dirigen contra resoluciones y actos de trámite cualificados (art. 112.1); contra un reglamento o cualquier disposición de carácter general, en cambio, el artículo 112.3 cierra la vía administrativa y obliga a acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Eso descarta a la vez las tres primeras opciones, que ofrecen uno, otro o ambos recursos. El mismo precepto deja una puerta abierta que suele confundirse con un recurso contra el reglamento: cabe impugnar un acto de aplicación fundándolo únicamente en la nulidad de la disposición general, y ese recurso puede presentarse directamente ante el órgano que la dictó.

El artículo 9.1 de la Ley 8/2006 combina dos elementos y las cuatro opciones los mezclan de todas las maneras posibles. Los días son quince NATURALES consecutivos (no hábiles), y el momento de disfrutarlos no es forzosamente el día siguiente al casamiento: pueden tomarse dentro del plazo de un año a contar de la fecha del casamiento o del inicio de la convivencia. Esa flexibilidad es deliberada, porque la propia ley equipara el matrimonio y la pareja estable acreditada (art. 1.3), y el inicio de la convivencia no siempre coincide con una fecha de ceremonia.

El derecho sancionador está sometido a reserva de ley: solo una ley puede definir infracciones y determinar sanciones, y el reglamento se limita a especificar o graduar lo que la ley ya ha establecido, sin crear infracciones o sanciones nuevas ni alterar su naturaleza o sus límites (Ley 40/2015, art. 27.1, 27.2 y 27.3). Eso explica por qué caen las opciones a y b: ni tipificar infracciones ni establecer tributos son cosas que un reglamento pueda hacer por sí solo, porque ambas materias están reservadas a la ley. La opción d hace lo mismo con las exacciones parafiscales, que son prestaciones patrimoniales de carácter público y comparten esa reserva.

El artículo 137 de la Ley general de la Seguridad Social contiene solo tres exclusiones del régimen general, y la letra c es la que da la respuesta: los trabajos realizados por los profesores universitarios eméritos (y por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo del Estatuto marco). Las otras tres opciones son, al contrario, casos de inclusión: los trabajadores por cuenta ajena son el núcleo mismo del régimen general (art. 136.1) y, dentro de la asimilación del artículo 136.2, figuran expresamente los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares (letra j) y los cargos representativos de las organizaciones sindicales con dedicación exclusiva o parcial retribuida (letra p).

El principio de devengo dice que las transacciones se reconocen cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que representan, y no cuando se produce la corriente monetaria; es decir, el gasto se contabiliza cuando nace la obligación, aunque el pago llegue después. Así lo define el marco conceptual del Plan general de contabilidad pública de la Generalitat, y el mismo criterio lo recoge el texto refundido de la Ley de finanzas públicas como norma general de imputación temporal de derechos y obligaciones. La gestión continuada es el principio vecino de la misma lista, pero dice otra cosa: se presume que la actividad de la entidad continúa por tiempo indefinido. La prudencia tampoco encaja (se refiere a la valoración) y la urgencia no es principio contable alguno. Nota de vigencia (17.08.2026): el plan contable que sostiene la respuesta ya no es el que aprobaba la Orden VEH/137/2017, derogada por la disposición derogatoria, letra a, de la Orden ECF/119/2025, de 4 de julio, aplicable a partir del ejercicio contable iniciado el 1 de enero de 2026. La definición del devengo en el marco conceptual (primera parte, apartado 3.º.1.b) es literalmente la misma, de modo que la respuesta correcta no cambia.

Las opciones a, c y d reproducen literalmente tres de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (art. 47.1, letras d, a y c). La b no es ninguna de ellas: es una deformación del artículo 47.2, que declara nulas las disposiciones —no los actos— que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras NO favorables o restrictivas de derechos individuales. En el enunciado de la opción ha caído el «no», y con ello dice justo lo contrario de lo que prohíbe la ley: una norma sancionadora favorable sí puede tener efectos retroactivos, principio que procede del artículo 9.3 de la Constitución.

El artículo 3.1.a de la Orden ECF/119/2025 no deja lugar a interpretación: menciona al Institut Català de la Salut por su nombre, junto a la Administración de la Generalitat, las entidades autónomas administrativas y el CatSalut, como entidades cuya contabilidad se rige por el Plan general de contabilidad pública de la Generalitat de Catalunya. Las otras opciones apuntan a planes que el propio artículo 3 asigna a entidades distintas: el plan de la empresa a las sociedades mercantiles y a algunas entidades de derecho público financiadas en régimen de mercado (letras b y c), y el de las entidades sin ánimo de lucro a las fundaciones (letra d). Tampoco hay libertad de elección: aplicar un plan distinto exige la aprobación expresa de la Intervención General (art. 3.2). Nota de vigencia (17.08.2026): la Orden VEH/137/2017, vigente el día del examen, fue derogada por la disposición derogatoria, letra a, de la Orden ECF/119/2025, de 4 de julio (DOGC 9459, de 22.07.2025), aplicable a partir del ejercicio contable iniciado el 1 de enero de 2026. El artículo 3.1.a de la norma nueva mantiene la misma redacción y sigue nombrando al ICS: la respuesta correcta no cambia.

La frontera entre nulidad y anulabilidad es cerrada por un lado y abierta por el otro. El artículo 47.1 enumera taxativamente los vicios que hacen nulo de pleno derecho un acto, y el contenido imposible es uno de ellos (letra c); el artículo 48.1, en cambio, es la regla general residual: es anulable cualquier otra infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder. Por eso la afirmación incorrecta es la a, que rebaja a anulable un vicio que la ley sitúa entre los de nulidad radical. Las otras tres reproducen correctamente el artículo 48.1 y las letras a y b del artículo 47.1.

El texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña atribuye a la Intervención General de la Generalitat la condición de centro directivo de la contabilidad pública de Cataluña, con las funciones de dirigir y gestionar la contabilidad, aprobar sus planes y dictar las instrucciones que deben seguir las entidades del sector público. La confusión habitual es con la Sindicatura de Cuentas, que es el órgano FISCALIZADOR externo y que recibe las cuentas, pero no dirige la contabilidad. El departamento de Economía y Hacienda es el departamento de adscripción de la Intervención, y el Gobierno aprueba el proyecto de presupuesto, pero tampoco es el centro directivo contable.

Los modos de visualización de un procesador de textos son maneras de ver el mismo documento según lo que se quiera hacer: la vista de lectura amplía el texto y oculta las herramientas de edición, la de diseño de impresión muestra el documento tal como saldrá por la impresora con márgenes y saltos de página, y la de esquema lo muestra plegado por los niveles de título para reorganizarlo. «De referencia» no es ningún modo de visualización; las referencias son una pestaña de herramientas (notas, citas, índices), no una manera de ver el documento.

El presupuesto del ICS no es un presupuesto separado: se integra en el de la Generalitat y, por tanto, se aprueba con la ley anual de presupuestos, que aprueba el Parlament de Catalunya (Ley 8/2007, art. 26.1 y 26.2). Las otras opciones describen pasos previos, no la aprobación: el Consejo de Administración aprueba el PROYECTO de presupuesto y lo presenta al departamento competente en materia de salud para que lo incorpore al suyo (art. 26.3 y art. 12.f), y el Gobierno aprueba el proyecto de ley de presupuestos, pero quien lo aprueba definitivamente es la cámara.

La Ley 40/2015 divide el sector público en cuatro piezas (art. 2.1): la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. Los ayuntamientos son Administración local, es decir, administración territorial, y por tanto quedan fuera del sector público institucional por definición. Las otras tres opciones son precisamente las tres letras del artículo 2.2, que es el que define ese sector: organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, y las universidades públicas.

La norma básica de la contratación pública española es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, que traspone las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Tiene carácter de legislación básica al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, de modo que vincula también a la Generalitat y a su sector público, el ICS incluido. Las otras tres opciones son instrumentos de rango inferior o inventados para la ocasión: una orden, un real decreto-ley y una instrucción no pueden desplazar a una ley básica en esta materia.

El artículo 3.2 de la Ley 40/2015 impone el medio electrónico como canal ordinario de relación entre administraciones y con sus organismos y entidades, y añade una condición técnica que es la clave de la opción correcta: que asegure la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas. No basta, pues, con enviar un correo: la relación debe pasar por soluciones que puedan entenderse entre sí y proteger los datos personales. Las otras tres opciones describen canales que la ley ha desplazado: el correo postal, el traslado físico de documentos y la publicación en el boletín, que sigue siendo instrumento de publicidad pero no de relación interadministrativa.

El artículo 18.1 de la LCSP define el contrato mixto exactamente con esas palabras: aquel que contiene prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. La categoría no es meramente descriptiva, porque el mismo artículo dice cómo se determina su régimen de adjudicación: cuando las prestaciones no son separables, se atiende al carácter de la prestación principal; y cuando hay servicios y suministros mezclados, la prestación principal se determina por el mayor valor estimado. «Complejos» e «híbridos» son denominaciones que la ley no utiliza, y la opción d niega una figura que la ley regula con detalle.

La pregunta pide un DEBER, y el Estatuto marco separa los derechos (art. 17) de los deberes (art. 19) en dos artículos consecutivos. La única opción que sale de la lista de deberes es la b, que reproduce la letra g del artículo 19: cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas complementarias establecidas para garantizar de forma permanente el funcionamiento de los centros. Las otras tres son derechos: la c es el derecho a recibir asistencia y protección de las administraciones, y la d el derecho al respeto a la dignidad y la intimidad. La a es un caso aparte: la huelga es un derecho constitucional, nunca una obligación, y lo que está sometido a límites son los servicios esenciales.

En una hoja de cálculo, el resultado aparece donde se escribe la fórmula, y la fórmula debe apuntar al intervalo que se quiere sumar. Como el resultado debe ir a D22, hay que situarse allí; y como los valores están en la columna C, de la fila 10 a la 20, el intervalo es C10:C20. Las dos cosas juntas solo se dan en la opción d. Las otras tres fallan por uno de los dos lados: la a y la c escriben en C20, y la a y la b suman la columna A. Este tipo de referencia es relativa, de modo que copiar la fórmula a otra columna desplazaría el intervalo; para fijarlo harían falta los dólares de la referencia absoluta.

La Carta de derechos y deberes sitúa esta previsión en el capítulo de intimidad y confidencialidad, y la formula como un DEBER, no como un derecho: quien actúa en representación de un menor o de una persona con incapacidad tiene el deber de acreditar la representación y comunicarla al centro sanitario, y también el de notificar cualquier circunstancia que suponga una limitación o un cambio en sus facultades de representación. Las opciones a y c lo convierten en derecho, y la c añade además una finalidad ajena (obtener un justificante de asistencia). La d inventa un límite de parentesco «hasta segundo grado» que la Carta no establece: lo que cuenta es la representación acreditada, venga de quien venga.

Conviene no confundir la delegación de firma con la delegación de competencias. En la delegación de competencias el órgano delegado pasa a decidir y hay que publicar el acuerdo en el diario oficial; en la delegación de firma, en cambio, quien decide sigue siendo el delegante y el delegado solo suscribe materialmente la resolución. Por eso el artículo 12.2 de la Ley 40/2015 dice ambas cosas a la vez: no altera la competencia del órgano delegante y, para su validez, no es necesaria su publicación. Las otras tres combinaciones mezclan ambos regímenes. Lo que sí es obligatorio es hacer constar en la resolución que se firma por delegación e indicar la autoridad de procedencia (art. 12.3).

La definición del artículo 4.1 del RGPD es deliberadamente amplia: dato personal es cualquier información sobre una persona física identificada o IDENTIFICABLE, y se considera identificable a quien pueda determinarse directa o indirectamente, en particular por un identificador como un nombre, un número, datos de localización o un identificador en línea. Esa amplitud descarta las otras tres opciones. El formato no cuenta: también es dato personal el que está en papel, cifrado o protegido (opción a). Los datos de personas jurídicas quedan fuera del ámbito del Reglamento (considerando 14), y por tanto la c es falsa. Y la opción d describe datos agregados que ya no permiten reidentificar a nadie, que son precisamente el caso de anonimización que el considerando 26 excluye.

El protocolo de la Generalitat contra el acoso exige garantizar un trato con equidad que no implique ningún tipo de discriminación, y esa es la única de las cuatro opciones que es un principio de actuación ante un caso. Las otras tres chocan frontalmente con el apartado de principios generales: la publicidad contradice el principio de confidencialidad, que obliga a todas las partes que intervienen en el procedimiento y hace que la información generada tenga carácter reservado; la revictimización es justamente lo que el protocolo se compromete a evitar cuando enuncia el principio de celeridad y diligencia debida «garantizando la no repetición y la no revictimización»; y la eficiencia no aparece, el protocolo habla de eficacia, coordinación y participación.

El enunciado reproduce casi literalmente el segundo párrafo del artículo 3 bis.1 de la Ley 16/2003: la gestión de los derechos de asistencia sanitaria derivados de las normas internacionales de coordinación de los sistemas de seguridad social, y las demás funciones que esas normas atribuyen a las instituciones competentes y a los organismos de enlace, corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El resto del artículo reparte los demás papeles y explica por qué caen las otras tres opciones: el reconocimiento y control del derecho con cargo a fondos públicos es del ministerio competente en sanidad, y una vez reconocido el derecho son las administraciones sanitarias —el CatSalut, que expide la tarjeta sanitaria individual, y el ICS, que presta la asistencia— quienes lo hacen efectivo.

Los otros tres enunciados son principios reales del artículo 3 de la Ley 17/2015 a los que se ha cambiado una palabra, y ahí está toda la dificultad de la pregunta. El principio tercero es la erradicación de la violencia MACHISTA, no «feminista»; el quinto es la democracia PARITARIA, no «partidaria»; y el segundo habla de equilibrio entre el trabajo de mercado y el doméstico y de cuidado con CORRESPONSABILIDAD, no con «irresponsabilidad». El único enunciado que se reproduce intacto es el uso no sexista ni estereotipado del lenguaje, que es el principio octavo y obliga a los poderes públicos a evitar los usos androcéntricos y los estereotipos de género.

El apartado «Los principios orientadores de la Carta» enuncia tres: la libertad y la autonomía en la toma de decisiones, configurada como eje vertebrador; la igualdad de las personas, entendida no como trato igualitario sino equitativo, es decir, en función de las necesidades; y el acceso a la información y el conocimiento en salud como condición del empoderamiento de las personas. Las tres primeras opciones son, pues, esos principios. La c no solo no está: contradice frontalmente el segundo, porque la Carta orienta la prioridad en el acceso a los servicios por la gravedad de los problemas y la efectividad de los tratamientos, nunca por el nivel socioeconómico.

El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018 tiene tres apartados y cada uno desmonta una de las opciones falsas. El apartado 1 sujeta al deber de confidencialidad a los responsables, los encargados y TODAS las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento, y no solo a quien trabaja en el centro donde se registran los datos (opción a). El apartado 2 dice que ese deber es complementario del secreto profesional, no incompatible (opción c). Y el apartado 3 es el que da la respuesta: las obligaciones se mantienen aunque haya finalizado la relación del obligado con el responsable o el encargado, sin límite de un año ni de ninguna otra duración (opción b).

En un procesador de textos, «fuente» (o tipo de letra) es el nombre del diseño del juego de caracteres: Arial, Times New Roman, Calibri. Es el término que aparece en el cuadro de diálogo de formato de carácter, junto al tamaño y al estilo. Las otras tres opciones son palabras del mismo campo semántico pero de otra cosa: un estilógrafo es una pluma estilográfica, la ortografía es la corrección de la escritura (y, en el programa, el corrector), y «escritura» es el acto de escribir, no el diseño de la letra.

El ámbito de la Ley 55/2003 no se agota en el personal estatutario. El artículo 2.1 la hace aplicable al personal estatutario de los servicios de salud, y el artículo 2.3 añade al personal sanitario funcionario y al laboral que presta servicios en centros del Sistema Nacional de Salud gestionados por las entidades creadas por las comunidades autónomas para acoger los medios transferidos del INSALUD, pero solo «en todo aquello que no se oponga a su normativa específica». Esa cláusula es la que hace correcta la d e incorrectas a la vez la a (que aplicaría la ley en todos los casos), la b (que la excluiría del todo) y la c (que la limitaría al personal estatutario).

La transición de diapositivas define el efecto especial que se reproduce en el momento en que una diapositiva sustituye a la anterior durante la proyección; es decir, regula el paso de una diapositiva a la siguiente, y en ella pueden configurarse el efecto, la velocidad y si el cambio es por clic o automático. No debe confundirse con la animación, que es la que aplica efectos a los elementos de dentro de la diapositiva (opción a). Ocultar una diapositiva es otra orden del menú de presentación (opción b), y la estructura jerárquica con los títulos es la vista de esquema (opción c).

El artículo 29.4 de la LCSP fija en cinco años la duración máxima de los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva, y la cifra incluye las prórrogas que acuerde el órgano de contratación; no son cinco años más prórrogas. La regla existe para someter periódicamente la prestación a concurrencia, que es el principio que enuncia el apartado 1 del mismo artículo. El propio precepto prevé excepciones —recuperación de inversiones en contratos de servicios, mantenimiento ligado a la compra del bien, servicios a las personas—, pero el enunciado pide precisamente la regla general.

La Ley 21/2000 fija un titular único del derecho a la información asistencial —el paciente— y a continuación lo modula según su capacidad. El artículo 3.1 dice que se informa a las personas vinculadas en la medida en que el paciente lo permita, expresa o tácitamente; el artículo 3.2, que en caso de incapacidad se informa al paciente según su grado de comprensión y también a quien tenga su representación; y el artículo 3.3, que es el que reproduce la respuesta correcta, obliga a informar también a los familiares o personas vinculadas cuando, a criterio del médico responsable, el paciente no es competente para entender la información. Por eso la b y la c son falsas (niegan la información al entorno justamente cuando la ley la exige) y la d niega al titular que el propio artículo establece.