Examen oficial de Auxiliar administrativo/a del ICS de 2018, turno libre, resuelto y explicado

Ordenar por dos columnas a la vez exige dos cosas: seleccionar TODA la hoja, porque si solo se seleccionan las columnas A y C las otras cuatro se quedan quietas y las filas se rompen; y usar la ordenación personalizada, que es la única que permite añadir un segundo nivel de ordenación. El botón «Ordenar de A a Z» ordena por una sola columna. La ayuda de Excel lo dice así: para ordenar por más de una columna hay que añadir un nivel en el cuadro de ordenación personalizada.

Los artículos 12 a 18 de la Ley 9/2017 tipifican exactamente seis figuras: contrato de obras (art. 13), concesión de obras (art. 14), concesión de servicios (art. 15), suministro (art. 16), servicios (art. 17) y contratos mixtos (art. 18). La «gestión de servicios públicos» y la «consultoría y asistencia» son las etiquetas de las leyes anteriores —el TRLCSP de 2011 y la Ley 13/1995—, que la Ley 9/2017 suprimió al transponer las directivas de 2014: la gestión de servicios públicos se reconvirtió en concesión de servicios.

La Ley 8/2007 reparte así el circuito presupuestario del ICS: el Consejo de Administración aprueba ANUALMENTE el proyecto de presupuesto (art. 26.3) y lo presenta al departamento competente en materia de salud para que lo incorpore a su proyecto general (art. 8.f). El Gobierno y el Parlamento lo aprueban después, dentro de la ley de presupuestos de la Generalitat; el CatSalut no interviene, y el consejero o consejera de Salud recibe el proyecto, no lo aprueba.

El artículo 3.1 del Decreto 125/2007 cierra en una lista los supuestos que dan derecho a segunda opinión: enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso central sin tratamiento curativo o neoplasia maligna; prescripción de cirugía ortopédica con riesgo de limitación funcional importante, neurocirugía, cardiocirugía, cirugía vascular u oftálmica; prescripción de un trasplante; y enfermedad rara. Querer un tratamiento que no está en la cartera de servicios no figura: la segunda opinión sirve para contrastar un diagnóstico o un tratamiento en situaciones de especial gravedad (art. 2), no para abrir la puerta a prestaciones no financiadas.

La Carta vigente es la de 2015 y su propio preámbulo la presenta como una ACTUALIZACIÓN: «La actualización de la Carta del año 2002 da respuesta a la aparición de un nuevo paradigma social». No es, pues, el primer documento que recoge derechos y deberes, ni se revisa cada año —está escrita con «vocación de tener vigencia a largo plazo»—, ni es ningún contrato firmado: el propio texto advierte de que la Carta no tiene rango legal y de que no es un código deontológico.

El artículo 35.1 de la Ley 39/2015 obliga a motivar determinados actos «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho»: los que limitan derechos o intereses legítimos, los que resuelven revisiones de oficio y recursos, los que se separan del criterio seguido antes, los que suspenden actos, y algunos más. Las otras tres afirmaciones son falsas como regla general: la audiencia se puede omitir cuando no hay otros hechos ni alegaciones que los del interesado (art. 82.4); el artículo 39.3 admite la eficacia retroactiva en los casos que enumera; y el artículo 54 prevé que el procedimiento se inicie de oficio O a solicitud del interesado.

El artículo 23 del texto refundido del Estatuto básico del empleado público es taxativo: las retribuciones básicas «estarán integradas única y exclusivamente» por el sueldo del subgrupo o grupo de clasificación y por los trienios. Todo lo demás —productividad, atención continuada, carrera profesional— son retribuciones complementarias del artículo 24, que fija cada administración según la estructura de puestos y el grado de consecución de objetivos.

El artículo 29.2 de la Ley 31/1995 lista las obligaciones de los trabajadores y están las tres: utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas (apartado 2.º), no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad (apartado 3.º) y cooperar con el empresario para que las condiciones de trabajo sean seguras (apartado 6.º). El incumplimiento de estas obligaciones tiene la consideración de incumplimiento laboral (art. 29.3).

El artículo 46 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña define las fases en este orden y en ningún otro: la AUTORIZACIÓN acuerda realizar un gasto con cargo a un crédito y reserva su importe; la DISPOSICIÓN concreta la obra, el servicio o el suministro y formaliza la reserva por un importe exacto; la OBLIGACIÓN contrae el crédito exigible una vez acreditada la prestación; y el PAGO expide el mandamiento contra la tesorería. Cada fase presupone la anterior, de modo que cualquier otro orden rompe la cadena.

Desde la Ley catalana 9/2017 el derecho a la asistencia sanitaria pública lo tienen todas las personas residentes en Cataluña, y el artículo 2.3.a) define «residente» como la persona empadronada en CUALQUIER municipio de Cataluña. La Instrucción 13/2022 del CatSalut lo aplica a la asignación: el derecho a la libre elección de EAP y de profesionales lo pueden ejercer «todas las personas empadronadas residentes en Cataluña» que tengan derecho a la asistencia, sin tener que justificar su elección. Por tanto no hace falta estar empadronado dentro de la delimitación territorial del equipo, ni tener ningún código del Sistema Nacional de Salud, ni arrastrar a la unidad familiar: el agrupamiento familiar es solo una recomendación organizativa.

El artículo 4.1 del Reglamento general de protección de datos define dato personal como «toda información sobre una persona física identificada o identificable», y precisa que es identificable quien pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante un identificador: un nombre, un número, datos de localización, un identificador en línea o rasgos de su identidad. El cifrado no convierte nada en dato personal ni le quita esa condición, la valoración subjetiva de la persona tampoco, y el Reglamento solo protege a personas FÍSICAS: las jurídicas quedan fuera (considerando 14).

El artículo 3 de la Ley 17/2015 enumera los principios de actuación de los poderes públicos y están los tres que propone el examen: la transversalidad de la perspectiva de género (principio primero), el empoderamiento de las mujeres (cuarto) y la democracia paritaria y la participación paritaria en los asuntos públicos (quinto). La lista continúa con el equilibrio entre el trabajo de mercado y el doméstico y la corresponsabilidad, y con la erradicación de la violencia machista.

El artículo 1 de la Ley catalana 9/2017 dice que todos los residentes en Cataluña tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del CatSalut, y el artículo 2.3.a) considera residentes a las personas empadronadas en un municipio de Cataluña. Eso deja fuera las otras tres respuestas: limitar el derecho a los asegurados y beneficiarios del INSS es el modelo que la ley derogó; y quien no es residente no tiene derecho general, sino derecho a la atención de urgencia hasta el alta (art. 3.2), sin perjuicio de que responda un tercero obligado al pago.

S@rcat es, según la ficha del CTTI que lo mantiene, «el sistema de información que permite el registro de entrada y salida de documentos de la Generalitat de Catalunya», y lo usan las oficinas de registro de los departamentos y entes de la Generalitat, también las de las delegaciones de fuera de Cataluña. Los otros tres nombres son otras herramientas corporativas: eValisa es el envío interno de documentos entre unidades y Notum es el sistema de notificaciones electrónicas; «RegisCAT» no es ninguna aplicación de la Generalitat.

El tratamiento es, según el artículo 4.2 del Reglamento general de protección de datos, «cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales», sean o no automatizadas: recoger, registrar, conservar, consultar, comunicar, suprimir… El concepto no tiene nada que ver con el tratamiento clínico que prescribe un profesional, no se limita a los datos consentidos —el consentimiento es solo una de las seis bases de licitud del artículo 6— ni se reduce al envío de datos entre el centro y la persona.

La fórmula se escribe en la celda donde queremos VER el resultado y el rango que sumamos es el de los datos: el resultado va a A20, de modo que es allí donde debemos situarnos, y los valores están en la columna B entre las filas 4 y 18, de modo que el rango es B4:B18. Situarse en B20 escribiría el resultado en una celda que no es la que pide el enunciado, y sumar A4:A18 sumaría una columna que no contiene los datos.

El artículo 46.1 de la Ley 9/2017 deja en manos de cada comunidad autónoma la competencia para resolver el recurso especial, con la obligación de crear un órgano independiente. En Cataluña ese órgano es el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, creado a partir del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña y regulado por el Decreto 221/2013, y es competente en el ámbito de la Generalitat, de su sector público y de las administraciones locales catalanas. El Tribunal Administrativo Central solo actúa en Cataluña si hubiera convenio (art. 46.2), y los otros dos nombres son órganos judiciales, no administrativos.

La tarjeta sanitaria europea cubre, durante una estancia temporal, las prestaciones sanitarias que sean NECESARIAS desde un punto de vista médico teniendo en cuenta la duración de la estancia, y se reciben en las mismas condiciones y con la misma legislación que las personas aseguradas del país donde se está. No es un seguro de viaje ni cubre la asistencia privada, no aplica la cartera catalana ni la española fuera de España, y no se limita a la hospitalaria: también cubre atención primaria y tratamientos continuados como la diálisis.

El artículo 1 de la Ley 8/2007 crea el ICS «como entidad de derecho público de la Generalitat, que actúa sujeta al derecho privado», de acuerdo con el artículo 21 del texto refundido de la Ley del estatuto de la empresa pública catalana, y es esa la categoría con la que aparece en la estructura orgánica del presupuesto. No es, pues, ninguna entidad autónoma —ni administrativa ni comercial— ni ninguna sociedad mercantil con participación de la Generalitat.

El artículo 48.1 de la Ley 39/2015 define la anulabilidad en estos términos exactos: son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Es la categoría general; la nulidad de pleno derecho del artículo 47 es la tasada y excepcional. Las otras tres opciones no describen la anulabilidad: hablan de una reserva de ley inexistente o niegan la revisión administrativa que los artículos 106 a 111 y los recursos de los artículos 112 y siguientes prevén expresamente.

El riesgo ergonómico es el que nace del desajuste entre la persona y las condiciones físicas del puesto: mobiliario mal dimensionado, sillas sin regulación, pantallas mal situadas o posturas forzadas. El Real Decreto 488/1997 dedica su anexo precisamente a la mesa, la silla y la disposición del puesto con pantalla de visualización, y la guía técnica del INSST desarrolla los criterios. Los riesgos químico y biológico vienen de agentes, no del mobiliario, y el psicosocial —no «psicológico»— tiene que ver con la organización del trabajo.

El artículo 123.1 de la Ley 39/2015 reserva el recurso potestativo de reposición precisamente para los actos que ponen fin a la vía administrativa, y se interpone ante el MISMO órgano que los ha dictado. El recurso de alzada es lo contrario: se usa contra actos que NO agotan la vía y lo resuelve el órgano superior jerárquico (art. 121). Y el contencioso administrativo no es un recurso administrativo, sino judicial.

«Respuestas automáticas» es la herramienta de Outlook que contesta sola a quien nos escribe mientras estamos fuera de la oficina, con el texto y las fechas que le indiquemos. «Responder» y «Responder a todos» son acciones manuales sobre un mensaje concreto y no envían nada si no estamos, y «Reenviar fuera de oficina» no existe como opción de Outlook.

El artículo 16.3.a) de la Ley 9/2017 califica expresamente de contrato de suministro aquel en que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al suscribirlo, porque las entregas quedan subordinadas a las necesidades del adquirente. Es la figura típica del material sanitario fungible. El contrato mixto (art. 18) mezcla prestaciones de clases distintas, y «de gestión» no es ninguna categoría de la ley vigente.

Dropbox no busca nada en internet: su propia página de producto lo describe como un servicio de almacenamiento, sincronización y compartición de archivos en la nube. Google, Bing y DuckDuckGo sí son motores de búsqueda, es decir, servicios que indexan páginas web y devuelven resultados a partir de una consulta.

El artículo 23 del Reglamento general de inscripción, afiliación, altas y bajas lo dice con las tres vías a la vez: la afiliación a la Seguridad Social puede hacerse a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio por la Tesorería General. Los artículos 24, 25 y 26 desarrollan cada una: el empresario está obligado a afiliar a quien entre a su servicio, el trabajador puede pedirlo directamente si el empresario no lo hace, y la Tesorería actúa de oficio cuando comprueba el incumplimiento.

En Cataluña el acceso no depende de la nacionalidad ni de la situación administrativa. El artículo 1 de la Ley catalana 9/2017 reconoce el derecho a todos los residentes y el artículo 2.3.a) considera residente a quien está empadronado en un municipio de Cataluña; además, el RDL 7/2018 restableció en todo el Estado el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Una persona de dieciséis años con pasaporte uruguayo, sin permiso de residencia y empadronada, tiene derecho: no hace falta ningún convenio bilateral ni ningún permiso de residencia.

Para extraer los dos primeros caracteres de un texto hace falta la función IZQUIERDA, que devuelve el número de caracteres pedido empezando por la izquierda: IZQUIERDA(B1;2). Y hay que escribirla como fórmula, es decir, precedida del signo igual; sin el signo, Excel guarda el texto tal cual y no calcula nada. La función DERECHA haría lo contrario, tomar los dos últimos caracteres, que no son el código de provincia.

La atención se factura cuando hay alguien más legal o contractualmente obligado a pagarla: una aseguradora, una mutua de accidentes de trabajo, una entidad deportiva o un tercero responsable. El artículo 3.2 de la Ley catalana 9/2017 lo dice expresamente —la atención se presta «sin perjuicio de que… los terceros obligados legal o contractualmente a asumir los gastos deban hacerse cargo del pago»— y la guía de uso del CatSalut lo recoge como deber de corresponsabilización: informar de quién es el tercero obligado. Que la persona no acredite su condición no es causa de facturación: el derecho se reconoce por residencia.

El artículo 4.1 de la Ley 39/2015 tiene exactamente tres letras y el examen reproduce las tres: quien promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos; quien, sin haberlo iniciado, tiene derechos que pueden resultar afectados por la decisión; y aquellos cuyos intereses legítimos pueden resultar afectados por la resolución y se personan mientras no haya resolución definitiva. El matiz que separa estos supuestos es que los titulares de DERECHOS que puedan resultar afectados son interesados aunque no comparezcan, mientras que los titulares de un simple interés legítimo lo son si se personan en el procedimiento.

El artículo 28.1 de la Ley 8/2007 dice que el control financiero de la actividad del ICS se lleva a cabo «mediante el procedimiento de control financiero permanente a cargo de la Intervención General», con informes periódicos que deben contener la auditoría de la legalidad y de la eficacia y eficiencia de la gestión. Si el incumplimiento es manifiesto y reiterado, el consejero o consejera de economía puede acordar que se aplique la fiscalización previa (art. 28.2). Ni el ICS se controla a sí mismo ni el control es de la Dirección General de Presupuestos ni del CatSalut, que es el comprador de servicios.

El artículo 1 de la Ley catalana 9/2017 establece que todos los residentes en Cataluña, en los términos que la propia ley fija, tienen derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del CatSalut. Esta ley es precisamente la que suprimió los niveles de asistencia que la Instrucción 08/2015 del CatSalut había dibujado y la que dejó atrás el modelo de asegurado y beneficiario de la Seguridad Social: por eso las otras dos afirmaciones ya no describen el derecho vigente.

Lo que ocurre ENTRE dos diapositivas es una transición, y «Empujar» es una de las que PowerPoint ofrece en la pestaña Transiciones, con una opción de efecto que permite elegir la dirección (de abajo arriba, por ejemplo). Una animación, en cambio, mueve elementos DENTRO de una diapositiva; el intervalo fija la duración o el momento del cambio, pero no el efecto; y el fondo es una propiedad de diseño.

La libre elección permite elegir el EAP sin justificarlo, pero la elección de profesional queda condicionada a la organización del equipo: la Instrucción 13/2022 del CatSalut advierte de que, por factores organizativos, de funcionamiento o de disponibilidad, «no siempre se podrá garantizar que el profesional asignado sea el que el usuario haya elegido inicialmente» y que entonces se asignará otro disponible. No es, pues, ni una elección sin restricciones ni una asignación puramente territorial, y el cambio tampoco está limitado al ámbito del hospital de referencia.

El artículo 29.8 de la Ley 9/2017 es literal: los contratos menores definidos en el artículo 118.1 «no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga». Las dos cosas van juntas y son la contrapartida de la tramitación simplificada del contrato menor: como se adjudica directamente, la ley no le deja alargarse.

El artículo 14.1 de la Ley 8/2007 lo dice así: la prestación de servicios del ICS por cuenta del CatSalut se articula mediante un contrato programa suscrito por AMBAS entidades, con la aprobación previa del Gobierno y a propuesta conjunta de los departamentos de salud y de economía. Tiene una duración máxima de cinco años e incluye un programa anual para cada centro (art. 14.3 y 14.4). El Gobierno y los departamentos intervienen, pero quien lo firma con el ICS es el CatSalut.

Una consulta de datos anexados copia registros de un origen y los AÑADE como filas nuevas al final de una tabla que ya existe; es una consulta de acción, como las de actualización o de eliminación. Crear una tabla nueva es tarea de la consulta de creación de tabla, modificar los registros seleccionados lo hace la consulta de actualización, y los informes son un objeto de presentación, no una consulta.

Pedir que se enmiende un dato inexacto es ejercer el derecho de RECTIFICACIÓN, que reconoce el artículo 16 del Reglamento general de protección de datos y que el protocolo de la Comisión Técnica en Materia de Documentación Clínica aplica a la historia clínica compartida: «toda persona física tiene derecho a rectificar y corregir los errores o incorrecciones que presentan sus datos personales». No es el derecho de acceso, que solo permite saber qué datos se tratan y obtener copia; no es una reclamación, que es una queja sobre el servicio; y no es el derecho a participar en el proceso asistencial, que es otra cosa.

Word tiene cinco tipos de tabulación y la ayuda los enumera: izquierda, centro, derecha, decimal y barra. La justificación no es un tipo de tabulación sino una alineación de párrafo, que reparte el texto entre el margen izquierdo y el derecho. La tabulación decimal alinea los números por la coma decimal y la de barra no coloca texto: solo dibuja una línea vertical.

La carrera profesional del ICS valora cinco factores y los acuerdos de la Mesa Sectorial los repiten sin cambios: actividad, formación (continuada), docencia, investigación y compromiso con la organización. El II Acuerdo los fija y el III Acuerdo de 2024 los mantiene con esas mismas palabras —iguala la puntuación de formación continuada y de actividad asistencial para todas las categorías—, de modo que el criterio del tribunal sigue siendo el vigente. Las otras tres opciones recortan o inventan factores: ni el trabajo en equipo ni el liderazgo ni la DPO son factores de carrera.

Para cambiar la letra de un párrafo entero hay que seleccionarlo primero: el formato de fuente se aplica al texto seleccionado, y con el cursor solo colocado al principio el cambio afectaría solo a lo que se escribiera a partir de ahí. Una vez seleccionado, la fuente se elige en el grupo «Fuente» de la pestaña Inicio; ni el menú «Revisar» —que es el de comentarios y control de cambios— ni el de impresión contienen ese grupo.

El artículo 37.3 del Estatuto marco lo fija así: cuando de un procedimiento de movilidad se deriva un cambio de destino, el plazo de toma de posesión es de un mes «a contar desde el día del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado». Los tres días son, pues, para cesar; el mes es para tomar posesión.

El aviso automático antes de una reunión es una propiedad de las citas y los eventos del Calendario de Outlook: al crear la cita se indica el día y la hora y se configura el aviso, que salta con la antelación elegida. Las notas y los contactos no tienen ningún mecanismo de aviso horario, y enviarse un correo a uno mismo no programa ninguna alerta.

Para llevar un archivo de imagen a una hoja de cálculo hay que ir a la pestaña Insertar y elegir Imagen (o «Imágenes desde este dispositivo»), que abre el cuadro para localizar el archivo en el disco. La «galería de imágenes» es el catálogo de imágenes prediseñadas, que no sirve para un .jpg propio; el menú Revisar no contiene ninguna opción de inserción; y es falso que en Excel no se puedan insertar imágenes.

La reserva y la confidencialidad de la información de los usuarios es un DEBER de todo el personal estatutario: el artículo 19 del Estatuto marco lo enumera entre los deberes que obligan «al personal estatutario de los servicios de salud», sin distinguir categorías, y la Ley 21/2000 impone a los centros la misma obligación de garantizar la confidencialidad. No es ningún derecho, ni individual ni colectivo, y no queda reservado al personal sanitario: el personal de gestión y servicios que gestiona citaciones o documentación está igualmente vinculado.

El artículo 156.1 de la Ley 9/2017 define el procedimiento abierto con estas mismas palabras: «todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores». Es, junto con el restringido, el procedimiento ordinario (art. 131.2). El negociado sin publicidad es justamente lo contrario, porque en él se negocian las condiciones con los empresarios invitados, y la asociación para la innovación es un procedimiento excepcional del artículo 177.

El umbral son los catorce años. El protocolo de la Comisión Técnica en Materia de Documentación Clínica lo aplica a la historia clínica compartida —los derechos los puede ejercer «la persona afectada o interesada… que debe tener más de 14 años», y si no, el representante legal— y el reglamento de desarrollo de la ley de protección de datos era la norma que había detrás. Hoy la regla vive en el artículo 7.1 de la Ley orgánica 3/2018, que mantiene los catorce años. Cabe decir que la sigla ARCOPOL del enunciado mezcla nombres de la etapa anterior, como la «cancelación», con los derechos del Reglamento europeo: lo que la norma no ha cambiado es la edad.

El artículo 5.2 de la Ley 41/2002 es literal: «el paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal». Las dos cosas van juntas, no se excluyen. La Ley 21/2000 añade, en el artículo 7.4, que el enfermo debe intervenir tanto como sea posible en la toma de decisiones aunque el consentimiento se otorgue por sustitución.

El apartado «Los principios orientadores de la Carta» enumera tres y solo tres: el principio de libertad y autonomía en la toma de decisiones, «eje vertebrador»; el principio de igualdad, entendido como equidad y no como trato idéntico; y el principio de acceso a la información y el conocimiento en salud, «pilar esencial para la corresponsabilización». La eficiencia, la efectividad y la accesibilidad son valores del sistema sanitario, pero no son los principios orientadores que la Carta declara.

El artículo 15 del Estatuto básico del empleado público se titula «Derechos individuales ejercidos colectivamente» y enumera cinco: la libertad sindical, la negociación colectiva, el ejercicio de la HUELGA con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales, el planteamiento de conflictos colectivos y el derecho de reunión. Las otras tres opciones son derechos individuales del artículo 14: la libre asociación profesional, la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento y la protección eficaz en materia de seguridad y salud.

Las dos normas coinciden: el artículo 97.1 del Estatuto básico del empleado público y el artículo 72.6 del Estatuto marco dicen que las faltas graves prescriben a los DOS años, y ambos añaden que el plazo empieza a contarse desde que la falta se ha cometido. Por contraste, las muy graves prescriben a los tres años según el EBEP y a los cuatro según el Estatuto marco, y las leves a los seis meses en ambas.