Examen oficial de Administrativo/a del ICS de 2003, turno libre, resuelto y explicado

La plantilla oficial del tribunal dice que el presupuesto comunitario lo ejecuta la Comisión bajo su propia responsabilidad. Es la regla de siempre de los tratados: el texto vigente el día del examen era el artículo 274 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que hoy es el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con la misma idea y casi las mismas palabras: «La Comisión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros […] con arreglo al principio de buena gestión financiera». El reparto de papeles es este: el Parlamento y el Consejo aprueban el presupuesto y el Parlamento aprueba después la gestión (la aprobación de la gestión), pero quien lo ejecuta es la Comisión y no lo hace «bajo el control» de nadie más en el sentido orgánico que sugieren las otras opciones; por eso no son ciertas ni las que ponen al Parlamento o al Consejo como ejecutores ni las que subordinan la Comisión al Consejo. Actualización: el Tratado de Lisboa renumeró el artículo y le añadió la cooperación con los Estados miembros, pero la responsabilidad de la ejecución sigue siendo de la Comisión.

La plantilla oficial del tribunal atribuye esta función al personal DUI/ATS. La frase del enunciado no es una descripción libre: es una función copiada casi literalmente del Estatuto de personal sanitario no facultativo de 1973, que en la lista de funciones de las enfermeras y ayudantes técnicos sanitarios escribe «Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, en general, de cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, manteniéndolos ordenados y en condiciones de perfecta utilización» (artículo 58 para instituciones abiertas y artículo 67 para instituciones cerradas). La lista de funciones de las auxiliares de clínica del mismo estatuto (artículos 74 y 75) no contiene esa vigilancia: está la limpieza de los carros de curas y de su material, pero la conservación del instrumental y de los aparatos clínicos es de la enfermera. Tampoco es del personal médico ni del personal técnico. Actualización: el Estatuto de 1973 fue derogado por la Ley 55/2003 (disposición derogatoria única.1.f), pero la misma ley mantiene vigentes, hasta que cada servicio de salud las regule, las disposiciones sobre categorías profesionales y sus funciones (disposición transitoria sexta.1.b). El contenido, pues, sigue siendo el bueno; lo que ha cambiado es el nombre del colectivo, que hoy es enfermería y no «DUI/ATS».

La plantilla oficial del tribunal dice que el escáner no es un periférico de salida. Pregunta sin fuente normativa: no hay ninguna norma que clasifique los periféricos de un ordenador, y por eso este ítem no lleva cita de artículo. El razonamiento es el de cualquier manual de informática básica y se puede comprobar con el sentido del flujo de datos: un escáner convierte un documento físico en datos y los hace ENTRAR en el ordenador, de modo que es un periférico de entrada, como el teclado o el ratón. La impresora y la pantalla, en cambio, toman datos del ordenador y los sacan fuera —papel e imagen— y son de salida. El disquete es un soporte de almacenamiento y, como se escribe en él y se lee de él, funciona como periférico de entrada y salida a la vez, que es por lo que tampoco es «solo de salida»; la pregunta pide el que NO lo es y el único puramente de entrada de la lista es el escáner. Vigencia: la clasificación entrada/salida no ha cambiado, aunque el disquete hace años que no se utiliza.

La plantilla oficial del tribunal dice que el instrumento es un real decreto del presidente del Gobierno. La norma que lo fijaba en 2003 era el artículo 8.2 de la LOFAGE (Ley 6/1997): «La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno». Es una potestad personal del presidente, no del Consejo de Ministros, y por eso no puede ser ni una ley ordinaria ni una ley orgánica: la organización interna del Gobierno no está reservada a la ley. Y un real decreto-ley tampoco encaja, porque el real decreto-ley es una norma con rango de ley que dicta el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, no un acto de organización del presidente. Actualización: la LOFAGE fue derogada por la Ley 40/2015, que reproduce la regla en el artículo 57.3 con las mismas palabras, de modo que la respuesta sigue siendo buena hoy.

La plantilla oficial del tribunal dice que el recurso extraordinario de revisión se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto, que también es el competente para resolverlo. Lo decía el artículo 118.1 de la Ley 30/1992 en la redacción de la Ley 4/1999, vigente el día del examen: «Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución». De ahí sale también por qué las otras tres no pueden ser: no se admite contra todo tipo de acto, sino solo contra actos firmes en vía administrativa y solo por las cuatro causas tasadas del artículo (error de hecho que resulte de los documentos del expediente, aparición de documentos esenciales, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme y prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta declaradas por sentencia firme); no se interpone ante el superior jerárquico —eso es el recurso de alzada—; y precisamente no procede contra actos que no causan estado, porque estos tienen abierto el recurso ordinario. Actualización: la regla es idéntica hoy en los artículos 113 y 125.1 de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que el trámite de audiencia consiste en poner de manifiesto la totalidad del expediente, con la excepción de lo que afecta a los supuestos de excepción del derecho de acceso a archivos y registros. El artículo 84.1 de la Ley 30/1992 lo decía así: instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, «se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5». Lo que se pone de manifiesto es el expediente entero, y por eso no es cierto ni que se limite a los documentos con hechos o alegaciones distintos de los aducidos por la persona interesada, ni que el órgano instructor elija qué documentos enseña, ni —menos aún— que se puedan hacer alegaciones sin ver el expediente: la audiencia sin vista del expediente no es audiencia. Actualización: la regla es la misma en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, que ahora remite a los límites de la Ley 19/2013 de transparencia en lugar del antiguo artículo 37.5.

La plantilla oficial del tribunal dice que la unidad territorial elemental es el área básica de salud. Es la definición literal del artículo 41.1 de la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña: «L'Àrea Bàsica de Salut és la unitat territorial elemental on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població, i que constitueix l'eix vertebrador del sistema sanitari». Las otras tres opciones son piezas reales del sistema pero de otra naturaleza: el sector sanitario es la subunidad territorial en que se ordena la región sanitaria y agrupa varias áreas básicas (artículo 33); el equipo de atención primaria es el conjunto de profesionales que trabaja en ella, es decir gente y no territorio (artículo 41.2); y el centro de atención primaria es el edificio donde el equipo desarrolla principalmente su actividad, es decir una estructura física. Vigencia: el artículo 41 sigue vigente con esta redacción.

La plantilla oficial del tribunal dice que el personal facultativo del equipo de atención primaria son médicos de familia, pediatras puericultores y odontólogos estomatólogos. Lo fija el artículo 6.2 del Decreto 84/1985, de medidas para la reforma de la atención primaria de salud en Cataluña, que al enumerar quién integra el equipo pone como personal médico los «metges generals d'atenció primària», los «pediatres puericultors d'atenció primària» y los «odontòlegs-estomatòlegs d'atenció primària», y deja en otro cajón el personal auxiliar sanitario, los asistentes sociales y el personal no sanitario. Las otras tres opciones fallan por la misma razón: meten figuras que el decreto no sitúa dentro del equipo —médicos de cupo y zona, que son la plantilla del modelo anterior a la reforma, médicos rehabilitadores o especialistas del primer grupo de especialidades, que son atención especializada de apoyo y no miembros del equipo. Vigencia: el artículo 6 sigue vigente con esta redacción, aunque las denominaciones profesionales y la organización de la atención bucodental han evolucionado mucho desde 1985.

La plantilla oficial del tribunal dice que es incapacidad permanente absoluta. La definición del enunciado —inhabilitación completa para toda profesión u oficio— es la del grado absoluto y estaba en el artículo 137.5 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994: «Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio». Los otros grados del mismo artículo marcan las fronteras: la parcial supone una disminución no inferior al 33 % en el rendimiento para la profesión habitual sin impedir sus tareas fundamentales; la total inhabilita para la profesión habitual pero permite dedicarse a otra; y la gran invalidez es una situación de incapacidad permanente en la que, además, hace falta la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida. La cuarta opción, «gran invalidez total», no es ningún grado legal: la gran invalidez no lleva apellido. Vigencia: los cuatro grados y sus definiciones se mantienen en los artículos 194 y 195 del texto refundido vigente de 2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que quien propone la disolución es el presidente del Gobierno. El artículo 115.1 de la Constitución lo dice literalmente: «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Hay que separar dos actos: la propuesta es del presidente —con deliberación previa del Consejo de Ministros, que no es lo mismo que decisión del Consejo— y el decreto es del rey. Por eso no es cierta la opción que atribuye la propuesta al rey, que solo la decreta; ni la que la atribuye al Gobierno como órgano colegiado, porque la responsabilidad es exclusiva del presidente; ni, evidentemente, la del pueblo, que no tiene ninguna iniciativa de este tipo. El mismo artículo recuerda dos límites que suelen caer en examen: no se puede proponer mientras haya en trámite una moción de censura y no se puede hacer una nueva disolución antes de que pase un año de la anterior. Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que tienen la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalidad quienes, por libre nombramiento, ocupan puestos considerados de confianza. Es el personal eventual. La ley de función pública catalana —hoy refundida en el Decreto legislativo 1/1997— clasifica el personal al servicio de la Administración de la Generalidad en funcionarios, personal eventual, personal interino y personal laboral (artículo 10.2), y define el personal eventual como el formado por quienes, «en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris» (artículo 12). Las otras tres opciones quedan fuera de esas cuatro clases: quien tiene un contrato administrativo para servicios específicos y no habituales no se incorpora a la Administración como personal suyo, los consejeros y altos cargos son titulares de órganos políticos y no personal, y los contratistas de obras públicas son terceros que contratan con la Administración. Vigencia: el Decreto legislativo 1/1997 sigue vigente y los artículos 10 y 12 mantienen esta redacción.

La plantilla oficial del tribunal dice que son dos. El artículo 13 de la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña, al enumerar los vocales del Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud, pone «Dos en representación de los Consejos Comarcales de Cataluña», junto a dos más en representación de los ayuntamientos, dos de las organizaciones sindicales más representativas y dos de las empresariales. Decir «ninguno» es la trampa fácil, porque los consejos comarcales sí están; y el 5 es el número que aparece en otros órganos de participación, no aquí. Vigencia: la representación de los consejos comarcales sigue siendo de dos vocales en la redacción consolidada del artículo 13, pero la composición global del Consejo de Dirección se ha ampliado mucho desde 1990 —hoy constan veintinueve vocales, entre ellos los presidentes de los consejos de dirección de las regiones sanitarias y el consejero competente en materia de salud del Consejo General de Arán—, de modo que el resto de cifras del artículo de 1990 ya no sirven.

La plantilla oficial del tribunal dice que los secretarios de Estado son órganos superiores. La LOFAGE (Ley 6/1997) separaba los dos escalones en el artículo 6.2: órganos superiores son los ministros y los secretarios de Estado; órganos directivos son los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales, y los subdirectores generales. La diferencia no es de protocolo: a los órganos superiores les corresponde establecer los planes de actuación de la organización que tienen bajo su responsabilidad, y a los directivos desarrollarlos y ejecutarlos. Por eso las tres opciones restantes —subsecretarios, secretarios generales técnicos y secretarios generales— son órganos directivos, no superiores. Actualización: la LOFAGE fue derogada, pero la Ley 40/2015 mantiene la misma lista en el artículo 55.3, de modo que la respuesta sigue siendo buena.

La plantilla oficial del tribunal dice que la solicitud debe efectuarse en relación con todas las actividades públicas declaradas compatibles. Lo dice el último párrafo del artículo catorce de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas: «Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos». La lógica es clara: la compatibilidad privada debe valorarse sobre el conjunto de dedicación pública de la persona, no sobre un trozo. Por eso no vale ni pedirla solo para la actividad principal ni solo para la secundaria, y tampoco es cierto que no se pueda tramitar nunca: el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requiere el reconocimiento previo de compatibilidad, pero se puede reconocer. Vigencia: la Ley 53/1984 sigue vigente y el artículo catorce mantiene esta redacción.

La plantilla oficial del tribunal dice que el trabajo de los voluntarios no es una relación laboral. La ley del voluntariado vigente en 2003 (Ley 6/1996) definía el voluntariado como el conjunto de actividades de interés general realizadas por personas físicas «siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida» y exigía carácter altruista y solidario, libertad, ausencia de contraprestación económica —salvo el reembolso de gastos— y actuación a través de una organización y con programas o proyectos concretos (artículo 3.1). La misma ley cierra la puerta a la confusión: «La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido» (artículo 3.3). Por eso no es ni relación laboral común ni relación laboral especial —las especiales están tasadas en el Estatuto de los Trabajadores y el voluntariado no está— ni ningún régimen especial de la Seguridad Social, que es una categoría de encuadramiento de personas que sí trabajan. Actualización: la Ley 6/1996 fue sustituida por la Ley 45/2015, de voluntariado, que mantiene el mismo criterio en su artículo 3.

La plantilla oficial del tribunal dice que la afiliación es una obligación legal del empresario. El texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 fijaba que la afiliación es obligatoria y única para toda la vida (artículo 12) y que corresponde «a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación» (artículo 13.2); el reglamento que lo concreta es el Real Decreto 84/1996, que impone a los empresarios solicitar la afiliación de las personas que ingresan a su servicio y que no estén afiliadas. Las otras opciones describen papeles reales pero distintos: la persona trabajadora solo puede instar directamente la afiliación si la empresa no cumple (artículo 13.3), la Tesorería General de la Seguridad Social es quien la practica y la puede hacer de oficio (artículo 13.4), y la mutua colabora en la gestión de contingencias, no en el alta en el sistema. Actualización: la regla es la misma en los artículos 15 y 16 del texto refundido vigente de 2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que hace falta una ley orgánica. El artículo 141.1 de la Constitución lo dice en una sola frase: «La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica». Es una de las pocas reservas de ley orgánica que no tiene que ver con derechos fundamentales ni con estatutos de autonomía, y por eso hay que recordarla tal como es: ni ley ordinaria, ni real decreto-ley —que además no puede afectar a la organización territorial del Estado—, ni ninguna norma organizativa de la Administración local. Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que la obligación de resolver abarca todos los procedimientos administrativos. El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, en la redacción de la Ley 4/1999, lo formulaba así: «La Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados así como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier interesado». Los inicios a instancia de parte y de oficio quedan ambos cubiertos, y por eso las tres opciones que recortan la obligación —solo a instancia de parte, solo a instancia de parte y sancionadores, o solo sancionadores— son falsas. El mismo precepto pone las únicas excepciones, que no son procedimientos enteros sino situaciones: prescripción, caducidad, renuncia, desistimiento, ejercicio de derechos que solo deban comunicarse y pérdida sobrevenida del objeto. Actualización: el artículo 21.1 de la Ley 39/2015 mantiene la obligación y añade expresamente la de notificar la resolución.

Pregunta anulada por el tribunal. El anexo 1 de la diligencia de plantilla definitiva, de 23 de diciembre de 2003, la declara nula «atès que a l'enunciat de la pregunta no s'especifica si els actes són nuls o anul·lables, la qual cosa modificaria la resposta correcta», y el punto cuarto del mismo anexo la sustituye por la pregunta de reserva número 77. La plantilla provisional de 24 de noviembre de 2003 había marcado la iniciativa compartida entre la Administración y la persona interesada, pero la anulación tiene todo el sentido y vale la pena entender por qué: la Ley 30/1992 separaba dos vías según el vicio del acto favorable. Si el acto es nulo de pleno derecho por alguna de las causas del artículo 62.1, la revisión de oficio del artículo 102.1 se podía iniciar «por iniciativa propia o a solicitud de interesado», de modo que la iniciativa era de ambos. Si el acto es meramente anulable, el artículo 103 exigía que la Administración lo declarara lesivo para el interés público y después lo impugnara ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y esa declaración de lesividad es cosa solo de la Administración. Sin decir de qué vicio hablamos, el enunciado admitía dos respuestas. Actualización: la misma dualidad se mantiene hoy en los artículos 106.1 y 107.1 de la Ley 39/2015. Al ser una pregunta anulada, no tiene respuesta correcta y no entra en el banco de práctica.

La plantilla oficial del tribunal dice que comporta la nulidad de pleno derecho del contrato. El texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas de 2000 tenía un artículo dedicado justamente a esto: son causas de nulidad de derecho administrativo, además de las del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, «la falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades» (artículo 62.b). No es, pues, una simple anulabilidad —que la ley reserva al resto de infracciones del ordenamiento (artículo 63)— ni una «irregularidad», que no es ninguna categoría de invalidez, ni una falta de solvencia sin consecuencias. Actualización: la regla sigue igual en la Ley 9/2017 de contratos del sector público, artículo 39.2.a), que le añade la falta de habilitación empresarial o profesional y la falta de clasificación cuando proceda.

La plantilla oficial del tribunal reúne las dos causas de suspensión que la ley prevé. El artículo 111.2 de la Ley 30/1992 permitía al órgano competente para resolver el recurso suspender la ejecución del acto, tras ponderar de manera razonada el perjuicio al interés público o a terceros y el perjuicio al recurrente, cuando concurriera alguna de estas dos circunstancias: «a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1». Por eso no basta alegar la anulabilidad del acto —que es el vicio menos grave y no abre esa puerta—, ni pedir medidas cautelares sin más, ni invocar un perjuicio a la Administración, que es justamente el interés que la suspensión pone en el otro plato de la balanza. Actualización: las dos causas son las mismas en el artículo 117.2 de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que lo preside el presidente del Tribunal Supremo. El artículo 122.3 de la Constitución lo establece al abrir la composición del órgano: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años». Es una presidencia por razón del cargo, no una elección separada. Las otras tres opciones ponen al frente a personas que no tienen cabida: el fiscal general del Estado encabeza el ministerio fiscal, que es otra institución; el ministro de Justicia es Gobierno, y poner al Ejecutivo a presidir el órgano de gobierno de los jueces chocaría con la independencia judicial; y el presidente de la Audiencia Nacional preside un tribunal concreto. Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que el documento contable es el D. Las cuatro letras corresponden a las cuatro fases de la ejecución del gasto que define el artículo 46 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. La autorización (A) es «l'acte pel qual s'acorda la realització d'una despesa a càrrec d'un crèdit pressupostari determinat», es decir la reserva del crédito antes de saber a quién se adjudicará. La disposición (D) es «l'acte pel qual s'acorda o concerta, segons els casos, després dels tràmits legals que siguin procedents, la realització concreta d'obres, la prestació de serveis o el subministrament», y con ella «queda formalitzada la reserva del crèdit per un import i condicions exactament determinats»: es exactamente lo que ocurre cuando se adjudica un concurso a un proveedor. La obligación (O) es el reconocimiento de la deuda cuando se ha acreditado que la prestación se ha realizado, y el pago propuesto (P) es la expedición del mandamiento de pago. Vigencia: el artículo 46 sigue vigente con esta redacción.

La plantilla oficial del tribunal dice que sí, siempre que se garantice la autenticidad, la integridad y la conservación del documento. Viene directamente del artículo 45.5 de la Ley 30/1992: los documentos emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las administraciones públicas, o las copias de originales almacenados por estos mismos medios, «gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado». Las tres condiciones no son retórica: son lo que sustituye al papel y a la firma manuscrita. Por eso no es cierto que haga falta el escrito original, ni que el soporte informático no valga nunca, ni tampoco que valga «siempre» sin condiciones: el «sí» de la ley va con garantías. Actualización: hoy el artículo 26 de la Ley 39/2015 da la vuelta a la regla y hace que el documento administrativo electrónico sea la norma y no la excepción, con requisitos equivalentes de contenido, identificación, referencia temporal y firma electrónica.

La plantilla oficial del tribunal dice que, si no hay opción expresa, se entiende que se solicita la excedencia voluntaria por incompatibilidad en la categoría de origen. La regla es de la Ley 53/1984 de incompatibilidades y está en el artículo diez: «Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando». Es decir: el silencio no deja a la persona en la plaza vieja ni la deja sin elegir, sino que la ley elige por ella a favor de la plaza nueva y hace caer la antigua en excedencia. Por eso no es cierto que la incorporación a la plaza nueva sea obligatoria sin posibilidad de elegir, ni que haga falta una opción expresa para que haya efecto, ni que el silencio conserve la plaza que ya se desempeñaba. Vigencia: el artículo diez de la Ley 53/1984 sigue vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación laboral. Es la materia 7.ª del artículo 149.1 de la Constitución: «Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas». Hay que leer bien el matiz, porque es lo que hace la pregunta: la exclusividad es sobre la LEGISLACIÓN, no sobre la ejecución, que es de las comunidades autónomas. Las otras tres materias son justamente las que la Constitución pone al otro lado: el urbanismo y la vivienda pueden ser asumidos por las comunidades autónomas (artículo 148.1.3.ª), la protección del medio ambiente es legislación básica del Estado con desarrollo y gestión autonómicos (artículo 149.1.23.ª), y en sanidad e higiene el Estado solo tiene la sanidad exterior, las bases y la coordinación general y la legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149.1.16.ª). Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que la obligación de cotizar solo se extingue con la solicitud en regla de la baja en el régimen general al organismo competente. El artículo 106 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social de 1994 lo ordena en tres pasos: nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba (apartado 1); se mantiene mientras la persona esté de alta o preste servicios, aunque sean discontinuos (apartado 2); y «dicha obligación sólo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja en el Régimen General al organismo competente» (apartado 3), con la advertencia de que esa comunicación no extingue la obligación si la prestación de trabajo continúa. Por eso no se extingue ni por incapacidad temporal —el mismo artículo dice que la obligación continúa (apartado 4)— ni porque la persona ejerza representación sindical (apartado 2), ni porque abandone la empresa sin que se comunique la baja. Actualización: la regla es la misma en el artículo 144 del texto refundido vigente de 2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que se adoptan por mayoría simple y que el presidente dispone de un voto dirimente en caso de empate. La norma vigente en 2003 era la Ley 3/1982, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad, que en el artículo 73 decía: «Para la validez de las deliberaciones y de los acuerdos, es preciso que estén presentes el Presidente o quien le sustituya y la mitad de los Consejeros. Los acuerdos del Consejo Ejecutivo se adoptan por mayoría; en caso de empate, el voto del Presidente es dirimente». Por eso no hace falta ni mayoría absoluta ni unanimidad, que harían inviable el funcionamiento de un gobierno colegiado, y tampoco es una decisión unipersonal del presidente a propuesta de los consejeros: el Gobierno decide como órgano. Actualización: la regla se mantiene idéntica en el artículo 29.1 de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, que sustituyó aquellos preceptos: «Les decisions del Govern s'adopten per majoria simple. En cas d'empat, el vot del president o presidenta de la Generalitat és diriment».

La plantilla oficial del tribunal dice que el soporte con más capacidad es el DVD. Pregunta sin fuente normativa: no hay ninguna norma que fije la capacidad de los soportes de información, y por eso este ítem no lleva cita de artículo. El orden de magnitud de cada soporte, sin embargo, no admite discusión: un disquete de 3,5 pulgadas en alta densidad guarda 1,44 MB, un CD-ROM estándar ronda los 650-700 MB y un DVD de una cara y una capa llega a los 4,7 GB, unas siete veces el CD y unas tres mil veces el disquete. Un documento DIN-A4 impreso no es propiamente un soporte de información digital y, medido en texto, no pasa de unos pocos kilobytes. Vigencia: la relación entre los tres soportes ópticos y magnéticos no ha cambiado, pero conviene recordar que el disquete, el CD y el DVD son hoy soportes en desuso frente a la memoria flash y el almacenamiento en nube.

La plantilla oficial del tribunal dice que solo se pueden delegar competencias ya delegadas cuando lo autorice expresamente una ley. Es la regla del subdelegar, y el artículo 13.5 de la Ley 30/1992 la formulaba así: «Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación, ni el ejercicio de la competencia para resolver un asunto cuando se haya emitido con anterioridad dictamen preceptivo acerca del mismo». La prohibición es el principio y la ley formal es la única excepción; por eso no basta con que lo determine el órgano delegante —que no puede autorizarse a sí mismo a romper el límite— ni un acuerdo de Gobierno, que es una norma sin rango de ley; y tampoco es cierto que la prohibición sea absoluta, porque la propia ley deja abierta la excepción. Actualización: el artículo 9.5 de la Ley 40/2015 mantiene la misma frase.

Pregunta anulada por el tribunal. El anexo 1 de la diligencia de plantilla definitiva, de 23 de diciembre de 2003, la declara nula «atès que l'any de la llei que figura a l'enunciat de la pregunta és erroni (és 1997 i no 1987), la qual cosa produeix confusió respecte de la resposta correcta», y el punto quinto del mismo anexo la sustituye por la pregunta de reserva número 78. La errata es real: la norma de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social es la Ley 24/1997, de 15 de julio, y no ninguna Ley 24/1987. La plantilla provisional de 24 de noviembre de 2003 había marcado que la ley contiene parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es lo que dice su propia exposición de motivos: recuerda que el 6 de abril de 1995 el Pleno del Congreso aprobó el informe conocido como Pacto de Toledo y reconoce después que «queda pendiente, sin embargo, la articulación de parte de las recomendaciones contenidas en el denominado “Pacto de Toledo” y que no son objeto de tratamiento en la presente Ley». Parte sí, todo no: por eso no podía ser ni que naciera en contra, ni que no recogiera ninguna recomendación, ni que fuera anterior al Pacto, que es de 1995. Al ser una pregunta anulada, no tiene respuesta correcta y no entra en el banco de práctica.

La plantilla oficial del tribunal dice que se estructura en delegaciones territoriales. Hay que distinguir dos cosas que el enunciado acerca a propósito: la organización territorial DE CATALUÑA —municipios y comarcas, según el Estatuto— y la organización de la ADMINISTRACIÓN de la Generalidad sobre el territorio, que es lo que pregunta el ítem. Para esto último, el artículo 18 de la Ley 13/1989 dice exactamente: «L'Administració territorial de la Generalitat s'estructura en Delegacions Territorials del Govern, d'acord amb la delimitació que s'estableixi legalment», y el artículo 20 añade que en el ámbito de cada delegación territorial puede haber un delegado para cada departamento. Por eso las provincias, las regiones y las comarcas no son la respuesta: la primera es división del Estado, la segunda no es una categoría de organización administrativa general y la tercera es organización territorial local, no administración periférica de la Generalidad. Vigencia: los artículos 18 y 20 de la Ley 13/1989 siguen vigentes.

La plantilla oficial del tribunal reproduce el artículo 98.1 de la Constitución: «El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley». La frase tiene dos aperturas que hay que retener: los vicepresidentes solo están «si los hay» —puede no haber ninguno— y la composición no es cerrada, porque la ley puede añadir otros miembros. Esto descarta la opción que acaba la lista con los ministros «exclusivamente», la que pone solo al presidente y a los ministros, y la que remite al reglamento de las Cortes Generales, que regula el funcionamiento de las cámaras y no la composición del Gobierno. Vigencia: artículo vigente; la Ley 50/1997, del Gobierno, desarrolla el artículo 98 sin ampliar la lista de miembros.

La plantilla oficial del tribunal dice que es el Consejo de Estado. El artículo 107 de la Constitución lo dice en una sola frase: «El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia». Las otras tres opciones son órganos reales pero con otra función u otro ámbito: el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, el Consejo Consultivo era el órgano consultivo de la Generalidad —no del Gobierno del Estado— y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa es un órgano especializado en materia de contratos. Vigencia: artículo vigente; la ley orgánica que lo desarrolla es la Ley orgánica 3/1980, del Consejo de Estado.

La plantilla oficial del tribunal dice que el expediente administrativo es un conjunto de documentos ordenados que reflejan un procedimiento administrativo determinado. Dos palabras lo definen: ORDENADO y ligado a UN procedimiento. En 2003 la Ley 30/1992 no daba definición legal, pero la idea es la que después recogió el artículo 70.1 de la Ley 39/2015: «Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla». Con este criterio caen las otras tres opciones: la carpeta personal de cada trabajador con todo lo que hace en la oficina no está ligada a ningún procedimiento; el conjunto de trámites de una persona en una misma oficina sin diferenciar asunto ni fecha es exactamente lo contrario del orden que exige la definición; y la carpeta de resoluciones firmadas por un secretario general durante un período es una recopilación cronológica de documentos, no un expediente. Vigencia: la definición del artículo 70.1 es la vigente y añade que los expedientes tienen formato electrónico y llevan un índice numerado.

La plantilla oficial del tribunal dice que lo aprueba el Parlamento de Cataluña. Es la aplicación al presupuesto de la regla básica de cualquier parlamento: el Gobierno lo elabora y lo presenta, y la cámara lo aprueba por ley. El texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña organiza todo el ciclo sobre esta base —elaboración y remisión por el Gobierno, aprobación parlamentaria, ejecución por la Administración y control— y por eso las otras tres opciones confunden fases o instituciones: el Gobierno de la Generalidad elabora el proyecto y lo ejecuta, pero no lo aprueba; las Cortes Generales aprueban los presupuestos generales del Estado, no los de la Generalidad; y la Sindicatura de Cuentas es el órgano de fiscalización externa que controla la cuenta general una vez ejecutada, nunca quien la aprueba. Vigencia: la regla no ha cambiado.

La plantilla oficial del tribunal dice que el acto es nulo de pleno derecho cuando lo ha dictado un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. El artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992 lo decía con estas tres condiciones acumuladas: que la incompetencia sea MANIFIESTA y que lo sea por razón de la MATERIA o del TERRITORIO. Las otras opciones eliminan alguna de esas piezas y por eso caen: la incompetencia jerárquica —dictar el acto un órgano inferior cuando correspondía al superior— es causa de anulabilidad y, además, es el vicio típico que se puede convalidar; la incompetencia genérica, sin el «manifiestamente», no llega a la nulidad radical; y prescindir de un requisito formal solo hace nulo de pleno derecho el acto si se prescinde «total y absolutamente» del procedimiento, que es otra letra del mismo artículo. Actualización: la letra es la misma hoy en el artículo 47.1.b) de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que se hace constar en el expediente, se tiene por efectuado el trámite y el procedimiento continúa. Es el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 en la redacción de la Ley 4/1999: «Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento». El rechazo, pues, no detiene nada ni obliga a insistir: la ley lo trata como una notificación hecha. Por eso no hace falta publicar la actuación en ningún boletín oficial —la publicación edictal está reservada a otro supuesto, el de la persona interesada desconocida o la notificación que no se ha podido practicar— ni intentarla dos veces más, ni imponer ninguna sanción, que la ley no prevé en ningún sitio. Actualización: la regla es la misma en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que es el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. El artículo 154 de la Constitución lo resuelve en una sola frase: «Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad». La trampa del ítem es la diferencia entre «delegado del Gobierno» y «delegado del presidente del Gobierno», que no existe como figura. El presidente de la comunidad autónoma dirige la administración autonómica y ostenta la representación ordinaria del Estado en la comunidad, pero no dirige la Administración del Estado; y el Tribunal de Cuentas no tiene comisionados territoriales de esta clase. Vigencia: artículo vigente, desarrollado hoy por los artículos 72 y 73 de la Ley 40/2015, que confirman que los delegados del Gobierno dirigen y supervisan la Administración General del Estado en el territorio.

La plantilla oficial del tribunal dice que la comarca se organiza en torno a dos elementos básicos, el consejo comarcal y el gerente. La ley de organización comarcal enumera los órganos del consejo comarcal —pleno, presidencia, vicepresidencia, consejo de alcaldes y comisión especial de cuentas— y añade, en un apartado propio, que «forma part també de l'organització comarcal el gerent, amb les funcions executives que determina aquesta Llei». El preámbulo de la Ley 6/1987 explica por qué esta figura es un elemento básico y no un cargo más: se trata de «alliberar l'element representatiu de la càrrega de l'estricta gestió», con el gerente nombrado y separado por el pleno y sometido a las directrices de los órganos políticos. Por eso las otras opciones no se sostienen: la provincia no forma parte de la organización comarcal, el presidente de la diputación provincial le es ajeno, y la organización no varía libremente según cada comarca, sino que es la misma para todas, sin perjuicio de que el pleno la pueda complementar. Vigencia: la regla se mantiene en el texto refundido actual, cuyo artículo 12.2 repite que el gerente integra la organización comarcal y cuyo artículo 16 regula sus funciones y su nombramiento.

La plantilla oficial del tribunal dice que es el Congreso de los Diputados. El artículo 108 de la Constitución lo cierra en una línea: «El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados». La responsabilidad política es ante una sola cámara, y eso es coherente con los instrumentos que la hacen efectiva —cuestión de confianza y moción de censura—, que la Constitución atribuye solo al Congreso en los artículos 112 a 114. El Senado participa en la función legislativa y en otras tareas, pero no puede hacer caer al Gobierno; el Defensor del Pueblo es un comisionado de las Cortes para los derechos fundamentales y no exige responsabilidad política; y el rey es irresponsable y sus actos van refrendados. Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal dice que participan la Administración y las partes interesadas. El trámite de prueba de la Ley 30/1992 es compartido: el instructor acuerda la apertura del período de prueba cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, y lo hace «a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes» (artículo 80.2); y los hechos relevantes se pueden acreditar «por cualquier medio de prueba admisible en Derecho» (artículo 80.1). Las personas interesadas proponen pruebas, que el instructor solo puede rechazar por resolución motivada cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias (artículo 80.3). Por eso no es cierto ni que la Administración sea la única obligada, ni que solo participe la persona interesada. Y los jueces no pintan nada: el procedimiento administrativo no es un proceso judicial, y la intervención judicial llega después, si procede, en vía contenciosa. Actualización: la regla se mantiene en los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que no lo permite nunca. El artículo 145.1 de la Constitución es taxativo: «En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas». Lo que sí permite el apartado segundo del mismo artículo es otra cosa, y es lo que provoca el error: los estatutos pueden prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas pueden celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, con comunicación a las Cortes Generales; y en los demás casos, los acuerdos de cooperación entre comunidades necesitan la autorización de las Cortes. Convenio y cooperación sí; federación, nunca. Por eso no sirven ni la ley orgánica excepcional, ni la previsión estatutaria, ni un real decreto-ley del Consejo de Ministros. Vigencia: artículo vigente.

La plantilla oficial del tribunal reúne los cuatro elementos que la ley exige. El artículo 58.2 de la Ley 30/1992 decía que toda notificación debe contener «el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos». Son cuatro piezas y deben estar todas: texto íntegro, agotamiento o no de la vía administrativa, recursos procedentes con el órgano ante el que presentarlos y plazo de interposición. Por eso no bastan las opciones que dejan fuera una parte, y menos aún la que sustituye el texto íntegro por un resumen: la notificación que no reproduce la resolución entera no permite a la persona destinataria saber qué se le ha resuelto. El mismo artículo añadía que las notificaciones defectuosas, si contienen el texto íntegro, surten efecto desde que la persona interesada actúa demostrando que conoce su contenido o interpone el recurso procedente. Actualización: los cuatro elementos son los mismos en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, que ahora distingue además los recursos en vía administrativa y en vía judicial.

La plantilla oficial del tribunal dice que se llaman sectores sanitarios. El artículo 33.1 de la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña lo define con las mismas palabras que usa el enunciado: la región sanitaria «se ordenará en subunidades territoriales integradas que serán conformadas por un conjunto de Áreas Básicas de Salud, y que contarán con una estructura desconcentrada de dirección, gestión y participación comunitaria, denominadas Sectores Sanitarios». La escala, pues, es región sanitaria, sector sanitario y área básica de salud, de mayor a menor; por eso el área básica no puede ser la respuesta, porque es el escalón de abajo y es justamente lo que el sector agrupa. La unidad productiva no es una demarcación territorial y el ámbito de salud no es ninguna categoría de la ley. Vigencia: el artículo 33 sigue vigente y el mismo precepto recuerda que cada sector tiene asignado un hospital de referencia.

La plantilla oficial del tribunal dice que el plazo es de diez días. El artículo 58.2 de la Ley 30/1992 empieza exactamente así: «Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado». Conviene no confundir este plazo con los otros que rodean la notificación y que son los que hacen de distractor: el plazo para interponer recursos, los plazos de audiencia —entre diez y quince días— o el plazo máximo para resolver. El cómputo se hace desde que se dicta el acto, no desde que se publica ni desde que se firma la propuesta. Actualización: el plazo de diez días se mantiene idéntico en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015.

La plantilla oficial del tribunal dice que se utiliza la lengua que determine la legislación autonómica, si bien podrán traducirse al castellano los documentos que la persona interesada solicite. Viene del artículo 36.2 de la Ley 30/1992, que tiene dos párrafos y hay que leerlos ambos: «En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. En cualquier caso, deberán traducirse al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente». La remisión a la legislación autonómica es, pues, cierta pero no es toda la regla: hay una garantía de traducción que la opción escogida recoge y las otras no. Por eso no basta decir que se utiliza la lengua propia ni la que decida la persona interesada, ni tampoco quedarse en la remisión a secas. En Cataluña, la legislación autonómica es la Ley 1/1998, de política lingüística. Actualización: el artículo 15 de la Ley 39/2015 mantiene la remisión y reformula la garantía: ahora la traducción al castellano corresponde a la Administración instructora y no hace falta si los documentos deben surtir efecto en otra comunidad autónoma donde esa lengua también es oficial.

La plantilla oficial del tribunal dice que implica la prohibición de establecer derechos de aduana de importación y exportación y cualquier exacción de efecto equivalente. El precepto vigente el día del examen era el artículo 25 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que hoy es el artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con la misma redacción: «Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal». Las otras tres opciones están construidas girando el verbo: dos obligan a ESTABLECER lo que el tratado prohíbe, y la cuarta prohíbe SUPRIMIR los derechos de aduana, que es exactamente lo contrario de lo que quiere la unión aduanera. Vigencia: artículo vigente; el mismo capítulo del tratado completa la unión aduanera con el arancel aduanero común, que fija el Consejo a propuesta de la Comisión.

La plantilla oficial del tribunal dice que es el principio de unidad jurisdiccional. El artículo 117.5 de la Constitución lo dice literalmente: «El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». La consecuencia inmediata es la del apartado siguiente: se prohíben los tribunales de excepción; y la única excepción que la Constitución admite es la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, regulada por ley. Los otros tres enunciados son principios reales pero con otro papel: la igualdad ante la ley es un derecho del artículo 14, la equidad es un criterio de ponderación en la aplicación de las normas y no un principio de organización judicial, y el derecho a ser oído antes de ser condenado es una garantía procesal del derecho de defensa del artículo 24. Vigencia: artículo vigente, desarrollado por la Ley orgánica del poder judicial.

La plantilla oficial del tribunal dice que los aprueba el pleno de las corporaciones. Es una de las atribuciones indisponibles del pleno: la ley municipal y de régimen local de Cataluña, hoy refundida en el Decreto legislativo 2/2003, atribuye al pleno «determinar els recursos propis de caràcter tributari; aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes» (artículo 52.2.f). Ni el Parlamento de Cataluña ni el Gobierno de la Generalidad aprueban presupuestos de entes locales: eso vulneraría la autonomía local que garantiza la Constitución. Y la última opción, que reparte la aprobación entre las corporaciones y el Parlamento, mezcla dos cosas que no se tocan. Vigencia: el artículo 52.2.f) sigue vigente, y la legislación de haciendas locales añade el procedimiento —aprobación inicial, exposición pública, reclamaciones y aprobación definitiva.

Pregunta de reserva anulada por el tribunal. El anexo 1 de la diligencia de plantilla definitiva, de 23 de diciembre de 2003, la declara nula «atès que el contingut de la mateixa no està inclòs en el temari». Por eso las preguntas de reserva que sustituyeron a las dos anuladas del cuadernillo principal fueron la 77 y la 78, y no esta. La plantilla provisional de 24 de noviembre de 2003 había marcado la interrupción por reclamación de los acreedores o deudores legítimos, y el contenido es correcto aunque esté fuera del temario: el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña distingue dos regímenes paralelos de prescripción, ambos de cuatro años. Para los derechos de la hacienda, «la prescripció s'interromp si el deutor reconeix el deute o l'Administració de la Generalitat li n'exigeix per escrit el seu pagament» (artículo 15.2). Para las obligaciones, «l'exigència dels creditors legítims o dels seus drethavents mitjançant la presentació de documents justificatius del seu dret produeix el nou inici del termini de la prescripció» (artículo 26.2). Al ser una pregunta anulada, no tiene respuesta correcta y no entra en el banco de práctica.